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Gobierno recurre a la persecución política para tratar de frenar clamor nacional por el revocatorio

Hay quienes cuestionan el resultado de la marcha del 1 de septiembre dentro de la misma oposición. Hay quienes esperaban un cambio drástico ese día; otros, más conscientes de los tiempos políticos, lo vieron como una demostración de contundencia para exigir un derecho constitucional.

Pero más allá de las lecturas internas, lo cierto es que la reacción del gobierno fue, una vez más, la retaliación política por el alto rechazo de la población venezolana, reflejada en la participación de quienes salieron a marchar pese a las amenazas.

Las detenciones y órdenes de captura iniciaron desde antes del 1 de septiembre, como fue el caso del alcalde de Maturín, Warner Jiménez, la revocatoria del arresto domiciliario de Daniel Ceballos, o los impedimentos para permitir el paso de autobuses que se trasladarían a Caracas. Los argumentos del gobierno es que la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se trataba de un acto “desestabilizador, de un golpe de Estado”.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplegó desde días antes, y con ellos, los colectivos que, en el caso de Guayana, fueron foco de denuncias por varios robos cometidos por el grupo de motorizados identificados con el oficialismo. Aun con la incertidumbre de lo que pudiese ocurrir ese día, con las provocaciones incluidas, la gente salió marchar. Quizás desde 2014 no se apreciaba tanta motivación de la población por salir a las calles, en este caso en exigencia del referendo revocatorio, una protesta muy específica.

El gobierno insiste en negar que una multitud salió a las calles en exigencia del referendo revocatorio, y peor aún, se niega a ir a un proceso referendario cuando se trata de un mecanismo explícitamente establecido en la Constitución nacional, pero sus acciones reflejan todo lo contrario.

En Villa Rosa, estado Nueva Esparta, el cacerolazo al presidente Nicolás Maduro, al pasar por sus calles, provocó allanamientos y retenciones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mismo órgano que ha cometido detenciones arbitrarias como la de Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial, que después de horas de desconocerse su paradero -ya que este mismo organismo negó la información- finalmente se confirmó que era allí donde lo tenían apresado. Así ha sucedido con la mayoría.

Provocaciones

La culminación de la Gran Toma de Caracas, que incluyó represiones de la GNB, desmontó el argumento del gobierno sobre el presunto golpe de Estado por el cual desató la ola de detenciones e impedimentos a la población para el libre tránsito. Esto último por las dificultades que sortearon los manifestantes para trasladarse hasta Caracas.

Si la movilización de la MUD no tuvo éxito, como alegan, no se entiende por qué la agudización en la persecución, como las retaliaciones hacia trabajadores despedidos por el simple hecho de ejercer un derecho constitucional.

Estas medidas podrían considerarse también una forma de provocación. Si bien se trata de una intimidación, la respuesta de los ciudadanos ha sido enfrentar al gobierno de manera cívica y constitucional, pese a las amenazas de la presencia militar y de grupos armados. Se ha acrecentado más bien el rechazo de la población.

Las amenazas de despidos, despliegue militar y los amedrentamientos de colectivos chavistas no han dado resultado en lo que respecta a la solicitud del revocatorio, mostrando la deslegitimación e ingobernabilidad de un presidente que, por la fuerza, intenta evitar un proceso plenamente constitucional, menospreciando el legado de su líder Hugo Chávez, quien no solo se midió en referendo revocatorio, sino que la actual Constitución fue aprobada precisamente en su mandato.

Mientras más aumenta la persecución y retaliación política, el gobierno deja en evidencia la contrariedad al hablar de inclusión social, justicia e igualdad, cuando arbitrariamente también se hace del poder de espacios públicos e impide que quienes piensen diferente tengan las mismas oportunidades. Hoy, en Ciudad Guayana, por ejemplo, la batalla es por la Plaza Monumento a CVG en Alta Vista, la cual el gobernador Francisco Rangel Gómez llama ahora “un espacio de la revolución”.

Fuente: Correo del caroní

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