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Maduro listo para aprobar el primer presupuesto inconstitucional de Venezuela

El gobierno tiene previsto presentar su informe de gastos e ingresos de la Nación de 2017 a través de un decreto para dejar de lado a la Asamblea Nacional. Si esto ocurre sería la primera vez en la historia venezolana que el parlamento no tendría voz y voto. Expertos consultados afirman que la acción del gobierno será ilegal ya que la Constitución establece expresamente la aprobación del legislativo, de no presentarse debe ser reconducido. Algunos proponen que se realice una amplia consulta popular sobre el tema. El Ejecutivo ya asomó la posibilidad de no presentar ante el Parlamento venezolano el proyecto de ley de presupuesto y de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2017. Su idea es ampararse en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial el pasado 13 de septiembre, el cual señala la posibilidad de decretar una normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios.

El presidente Nicolás Maduro aseguró la noche del jueves que el presupuesto será aprobado en el Congreso de la Patria, ya que a su juicio, la Asamblea Nacional “está fuera de orden”.

De concretarse la acción ejecutiva, esta sería la primera vez en la historia del país que el informe de ingresos y gastos de la Nación no sea evaluado ni aprobado por el Parlamento. Además será considerado inconstitucional e ilegal.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro destaca que los artículos 187 y 312 de la Constitución establecen expresamente la obligación del Ejecutivo de presentar ante el Legislativo el presupuesto de la Nación, así como las competencias que tiene la AN para discutirlo y aprobarlo.

Corresponde a la Asamblea Nacional “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y crédito público”, así como “autorizar los créditos adicionales al presupuesto”, establece el artículo 187 de la Constitución en sus numerales 6 y 7. 

Haro recordó que la AN igualmente tiene la potestad de solicitar modificaciones al informe y que en caso de no ser enviado, se debe reconducir. Es decir, aprobarse para el ejercicio fiscal siguiente el mismo presupuesto del año anterior.

“La Constitución no admite excepciones en este tema. El Estado de Excepción aprobado con la venia de la Sala Constitucional del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), es un fraude a la Carta Magna porque no ha sido aprobado por la Asamblea. Esto coloca al Ejecutivo en una situación de incostitucionalidad. Me temo que el presupuesto será aprobado a través de un decreto excepcional”, indicó el abogado.

Para el diputado e integrante de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, es indudable que el gobierno no enviará el informe de ingresos y gastos, porque no reconoce el Parlamento elegido por voto popular e diciembre de 2015.

“El presupuesto de la Nación es una ley y el Ejecutivo no tiene la potestad de legislar, esta es una facultad de la Asamblea Nacional. Podrá accionar el presupuesto pero no legislar”, dijo.

Señaló Guerra que de acuerdo a las normas constitucionales, el presupuesto será reconducido por la AN si finalmente el presidente Maduro decide no presentarlo.

“Lo lamentable de esta decisión del gobierno es que ahora el presupuesto será manejado con más discreccionalidad que antes, ese es uno de los mayores riesgos; además de que no estamos seguros que se presenten las previsiones macroeconómicas que deben acompañarlo”, afirmó el diputado.

Sobre este tema del manejo de los ingresos y gastos del país, la ex diputada de la Comisión de Finanzas de la AN, Liliana Hernández, sostiene que el Ejecutivo no desea presentar el informe para continuar manejando los fondos extrapresupuestarios sin ningún tipo de control ni fiscalización.

Alega que la medida “es inconstitucional porque el presupuesto es una ley y el gobierno tiene que rendir cuentas tanto de sus ingresos y gastos como del endeudamiento. El no enviarlo a la AN sería la primera vez que sucedería en la historia del país y hasta ahora el presupuesto sólo se ha reconducido en dos oportunidades durante gobiernos anteriores. Sin embargo, aún la reconducción se da cuando las cifras no están claras en materia de ingresos. Si el Ejecutivo no envía el informe, hay una omisión y la AN puede reconducirlo”.

Recordó que la Carta Magna “es clara” al establecer que el Decreto de Emergencia solo es prorrogable por 60 días, pero el Ejecutivo ya va por cuatro extensiones. “Si esto es así, estaremos entonces en Estado de Excepción por siempre”.

En medio del debate político que hoy sume tanto a gobierno como oposición, Hernández hace la siguiente propuesta. “Podemos esperar que se publique el proyecto de ley de presupuesto y luego realizar una consulta pública para aprobarlo. Se podría fácilmente hacer cuando se haga el referendo revocatorio contra Maduro. Esto sería lo más democrático del mundo”.

Recordó la dirigente política que la idea del Presidente de aprobar el proyecto en el llamado Congreso de la Patria, no solo es inconstitucional sino que “se pretende hacerlo con un grupo de Consejos Comunales que tienen su período vencido. El gobierno dijo recientemente que las elecciones para elegir los representantes de esta organizaciones no se puede hacer este año cuando toca, sino en 2017″.

Para la economista Sary Levy-Carciente, coordinadora del Observatorio de Gasto Público de Cedice afirmó que el presupuesto de la Nación se basa en los ingresos que por vía de impuestos paga la ciudadanía, por lo que su distribución en el gasto debe hacerse siguiendo las preferencias de la sociedad, “y el cuerpo que mejor representa este mandato de la sociedad es el Poder Legislativo”.

Levy coincide en que el desconocimiento a la institución parlamentaria, en particular en lo referente a la aprobación del informe de ingresos y gastos, “solo contribuirá a aumentar la opacidad y discrecionalidad que ha caracterizado al gobierno en los últimos 17 años”.

Se prevé que el Ejecutivo solicite al TSJ un recurso de interpretación sobre la posibilidad que tiene para emitir un decreto excepcional para el presupuesto. Sin embargo, de acuerdo a la norma constitucional, aún tiene hasta el 15 de octubre para cambiar de opinión.

Fuente: 01-10-2016

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