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Salamanca: Revocar a Maduro, una competencia en la que los venezolanos pueden marcar récord mundial

“Un Estado que levanta una montaña de obstáculos para que los ciudadanos no se expresen y que sea vencido por esos mismos ciudadanos con sus firmas, su paciencia y su coraje, no se ha visto. Si se logra, será un hecho histórico mundial, no solamente nacional”.

Nota de prensa

La aseveración corresponde al politólogo y profesor universitario Luis Salamanca, quien ha hurgado entre las distintas formas de gobierno que registra la Historia para encontrar una que defina al actual régimen venezolano, sin éxito. “Yo lo llamo Estado manipulador. Es la forma que más se le asemeja”, señaló en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.

“Se trata de un Estado que manipula las normas para evitar que el ciudadano ejerza sus derechos. No se los niega, le dice que los tiene, pero, como en el mito de Tántalo, no le permite alcanzarlos”, indicó al comentar las condiciones puestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección del quórum mínimo de 20% del registro electoral, el único requisito previsto por el artículo 72 de la Constitución para activar el referendo revocatorio (RR) presidencial solicitado por la Unidad Democrática, coalición que agrupa a los principales partidos de oposición del país.

Tántalo, rey de Lidia e hijo de Zeus, fue honrado por los dioses del Olimpo más que ningún otro mortal. Un día los invitó a cenar a su palacio y les sirvió de comer a su propio hijo, Pélope, a quien descuartizó y cocinó en un caldero. Dioses al fin, se dieron cuenta de lo ocurrido y, en castigo, condenaron a Tántalo a vivir en el inframundo y a sufrir hambre y sed por la eternidad. A sus pies fluía el agua, pero cuando intentaba beberla, se le escurría entre las manos. Por todos lados había árboles con peras, manzanas, higos y olivas, pero al tratar de comer los frutos, el viento arrastraba las ramas.

Como Tántalo, Maduro puede ser condenado, esta vez no por los dioses del Olimpo, sino por los venezolanos, que viven la más grave crisis que registre la historia republicana del país por la severa escasez de alimentos y medicinas, la tasa inflacionaria más alta del mundo y el azote de la delincuencia.

Salamanca sostiene que lo que existe en Venezuela es un “Estado especializado en hacer triquiñuelas, en montarte celadas a los ciudadanos. Ni Aristóteles ni Platón hablaron de esta forma de gobierno. A lo mejor alguien lo ha estudiado, pero no lo he encontrado. Yo lo llamo Estado manipulador, tramoyero, maniobrero, que actúa en contra del ciudadano. Es el Estado en contra de la sociedad”.

“Pero nosotros, como ciudadanos, somos parte de ese Estado. Aunque se nos aten las manos para evitar que nos pronunciemos, aunque se nos quiera anular, somos el factor más importante. Somos el soberano, el que tiene la última palabra”, sostuvo.

En su opinión, la conciencia de los venezolanos es la única variable que puede cambiar la situación. “Conciencia en el sentido de que salgan en masa a firmar y a poner su huella. Eso será lo que lo derrote. Solo que esta situación es comparable a esas competencias de atletismo en las que, de acuerdo con el grado de dificultad, se otorgan más o menos puntos al atleta. En esta competencia nos están poniendo a saltar la cuerda arrodillados, a ver si la superamos. Es la tarea del indio, pero hay que intentarlo”, apuntó.

Los obstáculos

Una encuesta de la firma Keller & Asociados reveló el pasado lunes que al menos 12 millones de electores estarían dispuestos a apoyar la convocatoria del referendo, en el cual los venezolanos podrán decidir si Maduro debe seguir o no en el cargo de presidente.

Esa cifra supera poco más de dos veces las tres millones 893 mil 128 manifestaciones de voluntad – equivalentes al 20 % de los inscritos en el registro electoral – que deberán recogerse, de acuerdo a las condiciones anunciadas por el CNE, entre el 26 y 28 de octubre, a través de 5.392 máquinas electorales dispuestas en 1.356 centros de votación – menos de 10 % del total de 14.500 que existen – los cuales funcionarán entre las 8 y 12 de la mañana y 1 y 4 de la tarde en 776 parroquias de los 335 municipios y 24 estados del país.

Voceros de la alianza partidista opositora aseguran que tales condiciones son insuficientes para garantizar el derecho político a manifestarse que tienen los 19 millones 465 mil 638 venezolanos convocados al proceso. Asimismo, han denunciado que la decisión del CNE de establecer que ese 20 % se recoja por estado y no a nivel nacional viola el artículo 72 de la Constitución, que señala que “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

El temor a saber que el gobierno está perdido es la única razón que encuentra el también exrector suplente del CNE para entender la parcializada decisión del órgano comicial. “No hay otra explicación. Si se hace como manda la Constitución, la Unidad conseguirá fácilmente el 20 % que se necesita para activar el RR, por el peso que tienen los estados más grandes, que son los más opositores”, aseguró.

“El requisito para ganar la presidencia no es que se saque mayoría de votos en cada estado, sino que se obtenga mayoría en la circunscripción nacional. Si así se elige al presidente, así se debe hacer para revocarlo también”, explicó.

El entrenamiento

La experiencia en materia de referendos en el país a partir de 2002 – cuando se convocó el primer referendo consultivo presidencial – muestra que siempre hubo alianzas entre los órganos de poder del Estado – dominados por el oficialismo desde 1999 hasta diciembre de 2015, cuando la Unidad Democrática se alzó con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional – para mantener el estatus quo, así como artimañas para retrasar u obstaculizar su realización. Pero nunca se desconoció y ni siquiera se discutió el ámbito de la circunscripción del funcionario a revocar.

El Centro Carter, en su informe final sobre la observación que realizó a ese proceso, indicó que el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez solicitado por la Coordinadora Democrática, antecesora de la actual Unidad Democrática, se inició formalmente con la recolección de firmas efectuada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003. “La ley establecía que se necesitaban firmas de por lo menos 20% de los electores registrados (2.436.083 firmas válidas) para activar el referendo”, dice el documento.

No existían aún el reglamento de referendos ni las máquinas captahuellas, por lo que la recolección de firmas se realizó a través de planillas. El CNE dispuso el máximo de centros permitido para ese entonces: 2.700, casi el doble de los 1.356 que se instalarán para el 20 % en octubre próximo, a pesar de que el universo electoral convocado fue de poco más de 12 millones de personas. Los centros, además, estuvieron ubicados hasta en plazas y avenidas, y funcionaron con una cantidad ilimitada de mesas, pues el solicitante pudo decidir cuántas ponía en cada uno, de acuerdo al número de firmantes. Las jornadas fueron de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y el último día hasta que hubo electores en cola.

El 19 de diciembre de 2003 Súmate entregó un total de 3.448.747 firmas, de las cuales el CNE envió a reparo 45 % y anuló 11%. “El proceso de verificación (de las firmas) estuvo signado por instrucciones vagas e incompletas, lentitud en la toma de decisiones y adiestramiento y recursos insuficientes. El directorio del CNE tardaba a veces un largo tiempo en tomar decisiones y dictar instrucciones. Al final, la fase de verificación duró más de 100 días, cuando por ley debía haberse completado en 30 días”, precisa el Centro Carter en su informe.

También hubo quien cantara “mega fraude” en el proceso de recolección – en aquella oportunidad, la voz fue la del mismo Chávez – lo que “complicó la situación todavía más”, refiere el documento.

Los reparos, realizados entre el 28 y 31 de mayo de 2004, permitieron a los electores a favor del referendo demostrar que sus firmas no eran fraudulentas, pero el gobierno también los aprovechó para instar a los votantes a “arrepentirse” y retirar sus firmas. El Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA), también observador del proceso, manifestaron públicamente que el “`arrepentimiento´ y retiro de una firma válida no se ajustaban a las normas electorales internacionales”.

El CNE anunció el 8 de junio de 2004 – según la exposición presentada al país por la actual presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el 9 de agosto de 2016; pero el informe Carter indica que fue el 3. La página web del CNE no tiene publicadas notas de prensa ni el 3 ni el 8 de junio de 2004 – que el revocatorio presidencial se realizaría el domingo 15 de agosto de ese año, admitiendo que la solicitud estaba respaldada por 2.553.051 firmas válidas, 116 mil 968 rúbricas adicionales al mínimo exigido por la Constitución. En total, el proceso tardó casi nueve meses.

Para la activación de los referendos contra 9 gobernadores, 109 alcaldes y 49 legisladores regionales realizados el 7 de octubre de 2007, el CNE estableció la jornada de recepción de manifestaciones de voluntad del sábado 16 al lunes 18 de junio de ese mismo año – fin de semana, cuando la gente tiene más tiempo disponible – y dispuso 1.570 centros y 3.664 puntos de identificación biométrica – ya habían llegado las captahuellas – desplegados en 180 municipios de los 24 estados del país. “El directorio del CNE dispuso de un número mayor de centros para la recepción de manifestaciones de voluntad aun cuando la solicitud no era de ámbito nacional”, señaló Súmate en un comunicado divulgado esta semana.

De acuerdo a una estimación realizada por Miguel Cañas, integrante del equipo técnico electoral de la Unidad, en el proceso de recolección de manifestación de voluntades de 2007 hubo un promedio de 2.903 electores por máquina, mientras que en el actual el promedio será de 3.610 electores por máquina.

Súmate sostiene que, pese a los obstáculos puestos por el CNE, aún es posible realizar el revocatorio presidencial a más tardar el domingo 8 de enero de 2017, es decir, dos días antes de la fecha límite para que, si Maduro es revocado en la consulta, los venezolanos tengan la posibilidad y la libertad de escoger no solo un nuevo presidente, sino un nuevo modelo de gobierno.

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