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Mariano de Alba: #Venezuela // ¿Qué se puede esperar de la comunidad internacional?

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En Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui los manifestantes continúan llegando al punto de encuentro en la Avenida Intercomunal, sector Venecia, durante la ” Toma de Venezuela”.

 

La Mesa de la Unidad Democrática ha explicado que existen cuatro escenarios en los cuales está dando una “lucha por la restitución del hilo constitucional y la democracia en Venezuela”: la calle, la Asamblea Nacional, la comunidad internacional y el diálogo. En el Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional, la Asamblea Nacional acordó “solicitar la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia”. Y esa determinación fue ratificada en el Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático, aprobado por el Poder Legislativo el 25 de octubre.

¿Cuáles son estos mecanismos y
qué posibilidades tienen de marcar alguna diferencia?

Antes, algunos escenarios: es probable que el Consejo Permanente de la OEA realice una sesión para discutir la aplicación de la Carta Democrática, pero es difícil que eventualmente se logre contar con los 24 votos mínimos necesarios para suspender a Venezuela.

De aplicarse la Carta y suspenderse a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro experimentaría algún grado de aislamiento internacional, debilitándose aún más su imagen en la región y poniendo en duda su capacidad para gobernar frente a sus partidarios. Sin embargo, al día de hoy, esta posibilidad sigue siendo lejana porque la mayoría de los países de la región han respondido a la suspensión del Referendo Revocatorio con exhortaciones al diálogo nacional y no con exigencias de que se reanude el proceso.

En cualquier caso, la primera discusión regional de la crisis podría darse en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del próximo 28 y 29 de octubre en Colombia. ¿Pero cuáles son los otros entes que podrían intervenir?

1. UNASUR: En 2014, los 12 países de Suramérica adoptaron el Protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia. Puede aplicarse en situaciones de “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” o que “pongan en riesgo” la vigencia de los valores y principios democráticos. Para ello, es necesaria una decisión de los Jefes de Estado o Ministros de Relaciones Exteriores. Entre las medidas que pueden ser tomadas destacan no sólo la suspensión del país evaluado, sino incluso el cierre parcial de las fronteras y la limitación del comercio. El punto fundamental de este mecanismo es que su aplicación debe darse a través del consenso de todos los Estados miembros. Por ende, gobiernos como los de Ecuador y Bolivia podrían oponerse y bloquear su aplicación. Este hecho, aunado a que UNASUR se encuentra auspiciando un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición hacen poco probable que esta organización internacional llegue a tomar alguna medida.

2. Mercosur: En 1998, los cuatro países fundadores de Mercosur adoptaron el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. Venezuela se adhirió al acuerdo el 20 de junio de 2005. Si los países miembros de Mercosur consideran que existe una “ruptura del orden democrático”, se activa en primer lugar una fase de consultas con el Estado afectado. Si éstas no resultan satisfactorias, entonces se puede acordar sanciones que van desde la suspensión del derecho a participar en el Mercosur hasta la suspensión de los derechos y obligaciones que tiene un país dentro del proceso de integración. Al igual que en UNASUR, una aplicación de esta cláusula democrática requiere el consenso de sus miembros. En este sentido, el obstáculo podría ser el gobierno de Uruguay, que durante los últimos meses ha negado que en Venezuela exista una ruptura del orden democrático. Sin embargo, en una rueda de prensa del pasado 24 de octubre, el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez afirmó estar “muy preocupado” por lo que sucede en Venezuela y afirmó que “tanto valor tiene la democracia directa como la indirecta”, en un claro guiño a lo importante que es el revocatorio. Pero persiste incertidumbre porque ese mismo día el embajador de Uruguay en Argentina declaró que la posición uruguaya es que la situación en Venezuela amerita “preocupación, pero no medidas adicionales”.

3. OEA: El estatus y los posibles escenarios de la aplicación de la Carta Democrática los analizamos en detalle hace pocos días aquí en Prodavinci. Sin embargo, es importante realizar algunas precisiones adicionales. Primero, que la Carta Democrática fue firmada por el gobierno de Hugo Chávez en septiembre de 2001 y su aplicación no constituiría una intervención extranjera pues al firmarla, el Estado venezolano aceptó que los demás países de la región pudieran evaluar el estado de la democracia en nuestro país. Segundo, si bien la aplicación de la Carta requeriría el voto afirmativo de al menos 18 de los 34 Estados representados en la OEA, la suspensión de Venezuela de esa organización necesitaría el voto de al menos 24 países en una reunión de su Asamblea General. Tercero, que la cancillería de Perú ha informado que ha decidido asumir “el liderazgo de gestiones dirigidas a la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela”. Por ende, el gobierno peruano se encuentra realizando “consultas intensas” para tratar de que se tomen medidas dentro y fuera de la OEA.

Mecanismos para la protección de los Derechos Humanos

Existen procedimientos para la protección de los Derechos Humanos, pero son usualmente bastante largos y suelen terminar en recomendaciones para el Estado acusado. Sin embargo, sirven como pruebas de entes independientes que pueden ser compartidas con otros países para demostrar la gravedad de la crisis venezolana.

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La CIDH es un órgano de la OEA que busca promover la observancia de los derechos humanos de la región. No debe confundirse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el tribunal encargado de evaluar la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a los derechos humanos. La Corte no puede conocer sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas luego del 10 de septiembre de 2013 en Venezuela, ya que el gobierno venezolano denunció a la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión, al ser un órgano cuyo mandato surge de la Carta de la OEA (tratado del cual Venezuela sigue siendo parte) puede monitorear violaciones de los derechos humanos, tramitar casos particulares donde se presuma que existieron violaciones, emitir informes o recomendaciones al Estado venezolano y dictar medidas cautelares de protección a favor de venezolanos que vean afectados sus derechos. La experiencia durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es que se han ignorado las determinaciones de la Comisión. Por tanto, los pronunciamientos que realice la CIDH tienen un mayor peso de cara a otros países de la región, a los cuales la oposición puede recurrir para tratar de demostrar que la situación en Venezuela es muy grave. En ese sentido, cabe destacar que el pasado 25 de octubre, la CIDH emitió un comunicado donde condenó “las recientes acciones del Estado de Venezuela dirigidas a cerrar espacios vitales de participación política en el país” y manifestó su alarma “por el impacto de estas medidas en la democracia venezolana”.

2. Comité de Derechos Humanos de la ONU: Es un órgano de expertos independientes que monitorean el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado del cual Venezuela es parte. En este caso, sí que habría que interponer una denuncia sobre la violación de uno o varios derechos para que el Comité comience a evaluar una situación específica como la suspensión del Referendo Revocatorio. Una vez que reciba una petición, el Comité debe transmitirla al gobierno venezolano para que envíe sus observaciones, teniendo para ello un plazo de seis meses. A lo máximo que se puede aspirar en este sentido es que luego de realizado su examen, el Comité declare que el Estado venezolano efectivamente violó algún derecho y así lo recoja en su informe anual. En cualquier caso, es importante mencionar que los procedimientos ante la CIDH o ante el Comité de la ONU son mutuamente excluyentes, es decir, únicamente puede acudirse a un solo ente al mismo tiempo.

3. Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: Es un órgano en donde están representados 47 gobiernos de Estados miembros de la ONU con el objetivo principal de promover los derechos humanos, evaluar su respeto y realizar recomendaciones para su cumplimiento. Es el órgano que realiza el Examen Periódico Universal, al cual Venezuela se someterá a partir del próximo 1 de noviembre. Cuenta también con un procedimiento de denuncia, las cuales son evaluadas por un grupo de trabajo que luego puede referir las situaciones al Consejo. Esas evaluaciones pueden concluir con una solicitud de mayor información al Estado, el nombramiento de expertos calificados para monitorear la situación, una recomendación al Consejo para que coopere técnicamente con el Estado a resolver las violaciones o la descontinuación del procedimiento. Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es la cara pública en la promoción y protección de los derechos humanos de la ONU y su función principal es promover el respeto a los derechos humanos. Puede emitir declaraciones públicas que alerten a los demás países del mundo sobre determinadas situaciones. De hecho, el pasado 13 de septiembre, el Alto Comisionado manifestó su preocupación por Venezuela, destacando que el gobierno se ha negado a autorizar la visita de su representante regional y reportó las situaciones de represión, arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y la erosión del estado de Derecho que vive nuestro país.

Viendo que el gobierno de Nicolás Maduro ha desconocido recurrentemente las determinaciones de estos órganos su efectividad es muy limitada.

 La Corte Penal Internacional y mecanismos diplomáticos
para señalar responsabilidad internacional a funcionarios

La Corte Penal Internacional es el único que permite demandar la responsabilidad internacional de funcionarios específicos. Sin embargo, tal y como ya explicamos en detalle aquí en Prodavinci, las posibilidades de que una denuncia de este tipo sea exitosa por la sola suspensión del Referendo Revocatorio es muy poco probable.

También es una posibilidad que diversos países comiencen a tomar medidas por su cuenta para mostrar su rechazo con la suspensión del revocatorio y la situación que vive Venezuela. Por ejemplo, el gobierno de Perú anunció que evalúa llamar a consultas a su embajador en Venezuela. La contundencia de estas medidas dependerá de cuántos países la tomen y si llegan a extremos como la suspensión de las relaciones diplomáticas.

En todo caso, todavía no se observa una coordinación de la comunidad internacional que esté dispuesta a pasar de la emisión de comunicados a medidas concretas de rechazo. La oposición, por su parte, debe redoblar sus esfuerzos de explicar a los países de la región lo que está sucediendo, lo que puede suceder y evitar que se generen confusiones con respecto a su posición en el proceso de diálogo, que es hacia donde ha dirigido su esperanza la región luego de la suspensión del revocatorio.

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