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Reportaje de Emily Avendaño: Llámelo dictadura

Una raya invisible separaba la “no democracia” de la dictadura, dicha con sus nueve letras. La posibilidad de ejercer la soberanía popular a través de un referéndum revocatorio mantenía las formas democráticas, pero cuando el CNE decidió suspender el proceso, los activistas de Derechos Humanos decidieron llamar las cosas por su nombre. Provea ya alerta: en Venezuela se vive una dictadura

Emily Avendaño
Foto: Andrea Tosta

“Se puede acabar con la democracia sin hacer un solo disparo”. En Venezuela ha sido así, en opinión de Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Se confirmó el 20 de octubre, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera todo lo relacionado al proceso revocatorio. No hizo falta la estampa militar. Tampoco un control férreo de las libertades individuales, al implantar un toque de queda o eliminar las posibilidades de reunirse u opinar. Se puede entrar o salir libremente del país, y los medios de comunicación, con sus bemoles, siguen operando; pero la decisión del CNE movió pisos y tumbó caretas. La frontera invisible era la posibilidad de elegir, de evaluar la gestión de los funcionarios a través de un proceso electoral. “Hemos visto cómo se ha deteriorado el orden democrático venezolano. Al punto de que después de la decisión del CNE se formaliza esa ruptura. La pérdida progresiva de las libertades y las agresiones a los Derechos Humanos han ocurrido en escalada hasta desencadenar un sistema dictatorial”, explica Ponce.

Es entonces una dictadura moderna, o una dictadura -como el socialismo- del siglo XXI. El historiador Elías Pino Iturrieta señala que las dictaduras se muestran según el signo de los tiempos: “Maduro no puede gobernar como Marcos Pérez Jiménez, Cipriano Castro o Juan Vicente Gómez. No puede enviar a la gente a La Rotunda o sacar a la Seguridad Nacional. El siglo XXI le da las herramientas que permiten tapar las verrugas que los comprometen, que evitan que la gente los descubra a simple vista. Era una dictadura disfrazada que ahora se quitó la careta. El ataque contra el referéndum revocatorio demuestra la inexistencia de frenos y contrapesos al poder. Se desploma el equilibrio. Un solo factor de poder se entroniza, ergo, estamos en una dictadura”.

El gobierno venezolano, primero bajo la gestión de Hugo Chávez y ahora con la de Nicolás Maduro, se proclamaba democrático por haber realizado 19 elecciones en 15 años. Este año no será así. Las elecciones de gobernadores que correspondían en 2016 fueron diferidas al menos hasta finales del primer semestre de 2017, y se cumplieron los anuncios de las cabecillas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): “No va a haber revocatorio en el 2016, y al paso que vamos en el 2017 tampoco va a haber revocatorio”, vociferó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV durante un acto el 4 de agosto en Carabobo. Meses antes, el 15 de mayo, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz también negaba la posibilidad de que hubiese una elección para evaluar la gestión del Presidente: “Maduro no va a salir por referéndum porque aquí no va a haber referéndum”.

El mismo Maduro fue el último en negar la posibilidad de realizar una consulta mientras el PSUV no tenga la victoria garantizada: “¿Ustedes quieren enfrentarse otra vez en la vida a la tragedia circunstancial que nos tocó vivir el 6 de diciembre de que nos ganara la oligarquía? ¿Ustedes se van a calar otras elecciones donde la oligarquía tenga algún triunfo?”, preguntó en su discurso a un grupo de seguidores un día después de la decisión del árbitro electoral y antes de irse de gira por países miembros de la OPEP.

Sin elecciones, sin democracia

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) declaró que Venezuela vive una dictadura el pasado 23 de octubre: “A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura”, escribieron en un comunicado. Insisten en que no se trata de una dictadura clásica, como las vividas en Argentina o Chile. Explican que el caso venezolano se sustenta en el apoyo militar y el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se encargó de dejar claro que es a Nicolás  Maduro y no a la ciudadanía a quien se debe la Fuerza Armada Nacional. Junto con el alto mando militar leyó un comunicado el 25 de octubre en el que reiteró su “incondicional lealtad” al Presidente y sus reservas con respecto al acuerdo de la Asamblea Nacional del 23 de octubre que buscaba restituir el hilo constitucional. Además, el ministro negó que hubiese ocurrido un golpe de Estado porque no se ha producido ningún acto de fuerza; pero Marco Ponce insiste en que en estos tiempos no se necesita disparar para romper el hilo constitucional.

La propia Asamblea Nacional en esa sesión declaró “la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela”. Se golpeó la soberanía popular para beneficiar un interés particular. En este caso de un partido político.

Desde mayo, Provea advertía sobre la ruptura del orden constitucional debido al decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, aprobado por Maduro y publicado en Gaceta Oficial N° 6.227, en vigor a pesar de no cumplir los extremos legales de aprobación legislativa y con consecutivas extensiones irregulares.  Entonces advertían que el decreto pretendía “legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos”, además de suspender garantías como la libertad de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. Hablaban de un Estado “no democrático”, pero aún no se atrevían a calificarlo como una dictadura. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, explica que lo que cambió es que hasta el 20 de octubre existía la posibilidad de expresarse a través del voto.

“En Venezuela no se permitirán elecciones hasta que el gobierno no se garantice resultados favorables a sí mismo. Eso es propio de un gobierno dictatorial. En este contexto no puede haber desapariciones o asesinatos, actos que impliquen la eliminación física del adversario. Eso ahora no es posible por el alto costo político. Así que lo que hacen es darle un barniz legal a decisiones que atentan contra la soberanía popular”, dice Uzcátegui.

Presos políticos y conflictividad

Las evidencias están en la imposibilidad de elegir a las autoridades regionales, la anulación de la independencia de poderes y la persecución de líderes políticos y sociales y de activistas de Derechos Humanos. Desde enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano (FPV) ha registrado 6.535 arrestos por razones políticas. De ese número, 101 personas permanecen privadas de libertad. Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, subraya que el sistema de justicia se utiliza como un arma de persecución política. “De acuerdo con el Proyecto Mundial de Justicia, Venezuela se encuentra en el último lugar en lo que se refiere al Estado de Derecho. Se evaluaron 112 países y Venezuela quedó de último. Lo que cambió es que ya ni siquiera las formas se respetan. Hubo un abuso de poder con absoluto descaro y se cayó la máscara”.

Romero denuncia que se vulneró el derecho a la soberanía popular que se ejerce a través del voto y el derecho a la participación política, cuando el CNE decide suspender el proceso del referéndum revocatorio acatando la decisión de tribunales de primera instancia, con jurisdicción penal: “No tienen la competencia, se interponen al Poder Electoral, y el CNE se acoge a su decisión de una forma abusiva y violando el orden constitucional. Además, se contradice a sí mismo, porque la organización validó las firmas iniciales”.

El caso se agrava porque cuando no hay Estado de Derecho no se garantiza la paz social. El OVCS registra más de 5 mil protestas y más de 670 saqueos en los primeros nueve meses de 2016. 72% de esas manifestaciones ha sido para exigir derechos económicos, sociales y culturales y de ese total 28% de las protestas son en rechazo a la grave situación de hambre e inseguridad alimentaria que persiste y se agudiza. La institución se preocupa porque 14% de las protestas asumen formas violentas. “El riesgo de un estallido social está hoy cada vez más cerca, por eso hay que alzar la voz de denuncia. Exigir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que continúe con la activación de la Carta Democrática. Necesitamos que los Estados se pronuncien y que haya un acompañamiento a Venezuela hasta que esta situación se resuelva”, afirma Marco Ponce. La prueba estuvo en la Toma de Venezuela. Ese día el Foro Penal contabilizó 208 arrestos, 29 personas heridas con contusiones o por perdigones, y 3 heridos de bala en Maracaibo. Junto a las manifestaciones aumenta la represión.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, dice que “de entrada estamos en una dictadura desde hace mucho tiempo, que tiene tiempo avanzando y ahora se ha consolidado”. Asevera que las esperanzas puestas en el proceso de recolección de firmas tenían a todo el mundo “atajado”, pero ante la imposibilidad de que eso ocurra “ahora se pueden llamar las cosas por su nombre”. La alternativa que ve más viable para salir del atolladero es la de las elecciones generales. A fin de cuentas, no hay democracia sin elecciones y sin votos.

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