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Luis F. Jaramillo: De la Mesa de Negociación y Acuerdos al Diálogo

En política, considerada como el arte de lo posible desde los tiempos de Aristóteles, la distancia más cercana entre dos puntos no es siempre la línea recta. Caminar directo hacia él no es siempre garantía de llegar más pronto al destino propuesto.  Cuando se trata de alcanzar objetivos ante los cuales se interponen diversos imponderables, median innumerables intereses o se precisan demasiadas exigencias, como los que se persiguen en la actividad política, muchas veces es necesario soslayar obstáculos, modificar rutas y hasta desandar caminos. Solo los principios, ese conjunto de valores que, como la estrella polar al navegante, sirven al político de norte y guía para el accionar ético, deben siempre permanecer inalterables. Sin embargo, preciso es reconocer que, como dijera muchos años atrás un recordado dirigente político de nuestro país, los principios, para quienes los tienen profundamente acendrados en la consciencia, son como las espadas toledanas, “se cimbran pero no se parten”.

La decisión de la MUD de soslayar, temporalmente, una abierta confrontación con el gobierno y  acogerse  a la iniciativa del Diálogo, duramente criticada por los sectores más radicales de la oposición y a la cual han negado su apoyo algunos factores políticos que adversan al gobierno,  sin que con ello, por cierto, justo es reconocer,  hayan roto los vínculos de unidad que mantienen, inalterables, con los otros sectores políticos representados en dicho organismo, no es per se un gesto de rendición ni mucho menos “un acto de claudicación”, sino que, por el contrario, se corresponde con la implementación de una estrategia política que solo debe ser evaluada en la medida en que se desarrollen los acontecimientos,   teniendo muy presente los objetivos perseguidos, la correlación de fuerzas y las experiencias vividas en el pasado. De manera que anticiparse a condenarla como un acto de traición, sin valorar adecuadamente los hechos y circunstancias que la motivan o los que se suscitan durante su ejecución o a causa de ella, es suplantar, acrítica y subjetivamente, criterios políticos por corazonadas, consideraciones suspicaces o simples reacciones emocionales.

Tenemos como referencia  lo ocurrido con La Mesa de Negociación y Acuerdos, una iniciativa de gestión de crisis que tuvo lugar en nuestro país entre el 8 de noviembre de 2002 y el  29 de mayo de 2003, mediante la facilitación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y la representación del Centro Carter,  en el  marco de los acontecimientos que produjeron el breve derrocamiento del gobierno de Hugo Chávez, en la cual los objetivos perseguidos por las partes en conflicto eran exactamente los mismos que se plantean hoy en el Diálogo que se desarrolla bajo el acompañamiento del Vaticano y UNASUR. En efecto, la oposición, representada por la Coordinadora Democrática, como ahora la MUD, pugnaba por una salida de la crisis por vía pacífica, democrática, constitucional y electoral, mediante la celebración del referendo revocatorio del mandato del Presidente Hugo Chávez y, el gobierno, en cambio, hacía fuerza por la vuelta a la normalidad mediante la pacificación del país sin hacer concesiones a la oposición que alterasen su proyecto político “revolucionario”, dentro de cuya estrategia, las negociaciones, servían como pretexto para ganar el tiempo necesario  de manera que se enfriaran los ánimos, se depusiera el espíritu de lucha de sus oponentes, mientras reorganizaba sus acciones e implementaba las políticas conducentes.

Sin lugar a dudas los resultados de La Mesa de Negociación y Acuerdos favorecieron en todas sus parte al gobierno. Después de más de seis meses de largas y tediosas negociaciones, habiendo bajado la marea de las acciones de masas, cuando se había calmado la conflictividad y  reducido las protestas, las partes suscribieron un acuerdo gaseoso,  plagado de generalidades, que eran meras declaraciones de principios, en donde el gobierno a nada concreto se comprometía, por lo que pudo superar la crisis sin que se hubiere tocado la raíz del conflicto que era el enfrentamiento entre dos modelos políticos incompatibles.

Los pronunciamientos generales contenidos en el Acuerdo relativos al desarme de la población civil, la conformación de la Comisión de la Verdad, la designación de un árbitro electoral confiable, transparente e imparcial y el respeto a la libertad de expresión, nunca fueron atendidos. Solamente se dió cumplimiento con la celebración del referendo revocatorio, principal demanda de la oposición, que había sido aprobado para que tuviere lugar en la fecha que “determinará el CNE”, el cual no vino a producirse sino hasta el 15 de agosto de 2004, un año después de lo sugerido por el Centro Carter, luego de constantes retardos y dilaciones,  cuando el gobierno dio luz verde al CNE para que procediese a su convocatoria, porque apuntalado en los abundantes ingresos producto de los altos precios del petróleo y gracias al proselitismo de la demagogia asistencialista de las Misiones, se sintió en condiciones de vencer en la consulta electoral.

En el Diálogo que actualmente tiene lugar, Maduro se propone repetir el libreto que le dejó escrito su líder eterno y venerado mentor. Sin embargo, las condiciones no son las mismas. No disfruta de la abundancia de recursos financieros que aquel pudo holgadamente disponer, no goza de su carisma, solo cuenta con el apoyo de una fuerza política  minada de disidencias y contradicciones, que su exiguo liderazgo no es capaz de contener,  se ve acosado por la peor  crisis económica, política y social que el país haya sufrido en toda su historia y se enfrenta al rechazo de cerca del 80% de la población y a las presiones de una comunidad internacional perfectamente consciente de la situación interna del país y absolutamente atenta al desarrollo de sus acontecimientos.

La única novedad que ha introducido el gobierno de Maduro, en el proceso de negociaciones, ha sido la de convertir, las tropelías que ha cometido contra el orden democrático y constitucional, en hechos cumplidos que vienen a constituirse en presupuestos condicionantes de los acuerdos y resoluciones. Así lo vemos reflejado en los acuerdos surgidos de las primeras rondas de las negociaciones celebradas.  Las nuevas elecciones, en el Estado Amazonas, dan por legítima la suspensión, arbitrar e inconstitucional,  de la proclamación de los diputados electos por dicha entidad  federal, decretada por la Sala Electoral del TSJ como medida cautelar en un proceso judicial amañado al cual no se le ve fin. El acuerdo de combatir “toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana”, alienta la  peregrina tesis de que la crisis la genera una fantasmagórica “guerra económica” y no “el peor desempeño macroeconómico del mundo” resultado de las disparadas políticas del gobierno, como señala el documento dirigido a la nación por lo más granado de los académicos e investigadores de las ciencias económicas del país. La superación de la “sentencia de desacato dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hacia la Asamblea Nacional (AN)”, con  nuevas elección en el Estado Amazonas,  supone la validación del garrafal disparate de que uno de los poderes del estado puede incurrir en “desacato” cuando, obrando en el ejercicio legítimo de sus potestades constitucionales, desobedece órdenes de otro de los poderes públicos.

Sin embargo, es preciso reconocer que en  estas primeras rondas de negociaciones se han logrado acuerdos bastante más concretos que  los establecidos hace 14 años, en la Mesa de Negociación y Acuerdos, pero al mismo tiempo, no puede perderse de vista  que, sin la reactivación del derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y revocar el mandato de sus gobernantes, conculcado  por la brutal usurpación funciones de tribunales incompetentes, nada se habría logrado con estos acuerdos porque, con la forma inescrupulosa y vergonzante con que el gobierno hace uso del TSJ, cualquier  exabrupto puede inventarse para burlarlos y hacerlos completamente inefectivos.

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