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Proyecto del “Arco Minero del Orinoco” arrasa con los DD.HH

La premura del Gobierno de Venezuela por conseguir ingresos a través de la explotación del “Arco Minero del Orinoco” no respeta la Constitución e implica graves violaciones a los derechos humanos, en especial de 16 pueblos indígenas.
Un grupo de organizaciones académicas y no gubernamentales advirtieron de la amenaza de ese proyecto en una audiencia pública del 159 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se clausura hoy en Panamá.

El “Arco Minero” ocupa más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco y hoy día sus minas, principalmente de oro, son explotadas artesanalmente por grupos ilegales.

El Gobierno prevé para esta región, que equivale al 12 % del territorio del país, un desarrollo industrial “ecosocialista” que permita diversificar la débil economía nacional, dependiente del petróleo, con base en la extracción de oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales que se traducirían en cientos de millones de dólares.

En medio de la crisis económica, el presidente Nicolás Maduro oficializó el proyecto con un decreto ejecutivo en febrero pasado, una atribución que según las ONG viola la carta magna del país porque no se ha consultado con los pueblos indígenas ni tiene su consentimiento, carece de un estudio de impacto ambiental y dicta disposiciones que deben ser antes aprobadas por el Parlamento, hoy liderado por la oposición.

En este territorio habita el 30 % de los pueblos originarios del país caribeño, dos de especial delicadeza, el Hoti o Jodi y el Eñepá, pueblos “en contacto inicial” porque voluntariamente han decidido aislarse, explicó a Efe Vladimir Aguilar, del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA).

En la región se encuentran algunos de los principales monumentos naturales y reservorios del país, como el parque nacional Canaima, escenario de la catarata más alta del mundo, el Salto Ángel.

Sin embargo, los representantes estatales admitieron ante la CIDH que aún no existe estudio de impacto ambiental, a pesar de que ya se han formado empresas mixtas y se han firmado acuerdos con algunas de las 150 compañías extranjeras que se incorporarían al proyecto.

El Estado explicó en la audiencia que la explotación solo se haría en una quinta parte de la zona seleccionada y que no afectaría las áreas protegidas, lo que no convence a las ONG y líderes indígenas por la falta de estudios y la tendencia mundial a expandir la frontera extractiva una vez implementado el modelo de desarrollo.

No obstante, las arbitrariedades denunciadas por varios sectores, Maduro emitió en mayo pasado un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que le confirió más atribuciones especiales en el marco de los bajos precios del petróleo y la crisis de desabastecimiento del país.

La medida le permite entregar concesiones a empresas extranjeras sin la aprobación parlamentaria, algo que prohíbe la Constitución y ha rechazado la asamblea legislativa.

Cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil denunciaron esto como “una ruptura del hilo constitucional”, y específicamente el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió “el inicio de un desvío dictatorial”.

El representante de Provea Rafael Uzcátegui relató esto a la CIDH y denunció que el decreto del proyecto explícitamente pone el interés extractivo por encima de derechos como a la huelga y la asociación.

Esto, sumado a la creación de una zona militar especial para la defensa del Arco Minero, ocurre en un contexto de vulnerabilidad de los pueblos indígenas por el incumplimiento de la deuda histórica de la demarcación de sus territorios.

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Solo un 12 % de las comunidades originarias tiene titulaciones, a pesar de que la totalidad de las demarcaciones debía haber estado completada en 2002, explicó Aguilar.

Además, advirtió, la calidad de los títulos que ha entregado el Gobierno no es superior a la de una carta agraria, lo que inhibe a estos pueblos de la protección completa y garantizada de su cultura y sus lugares sagrados, entre otros derechos.

Provea, el Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo de la ULA pidieron a la CIDH que a la luz de estas amenazas trabaje en un Informe País, además de persuadir al Estado para que la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas visite Venezuela.

EFE

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