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Mario Valdez: La Masacre de El Amparo. Tribunal de las Américas (parte X)

28 años después se anulan las sentencias de los tribunales militares

El viernes 28 de octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anuló la sentencia que absolvió a los funcionarios policiales y militares implicados en la masacre contra 14 pescadores asesinados y 2 lesionados, hechos ocurridos en El Amparo municipio Páez del Estado Apure. Quedó demostrado con las pruebas que no hubo enfrentamiento armado, que los pescadores venezolanos no eran guerrilleros colombianos, y que los únicos que estaban armados fueron los atacantes, que durante 28 largos años, han gozado de plena libertad y fueron absueltos por los tribunales militares.

La Sala Constitucional le ordena a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar que dicte una nueva sentencia, “siguiendo para ello las reglas de juzgamiento penal militar vigentes para la fecha en que se dictó la sentencia y en acatamiento a la doctrina expuesta por el máximo tribunal, prescindiendo para ello de los vicios que fueron delatados en el fallo objeto de la solicitud de revisión constitucional ejercida por el Ministerio Público”.

Un día de pesca se convirtió en historia

El 29 de octubre de 1988, se cometió una de las masacres más grandes que ha sufrido Venezuela, después han venido otras, pero esta sigue impune, sus actores parecen estrellas de cine, como si el asesinato de esos 14 pescadores, se hubiese tratado de unos animales de caza y no de indefensos venezolanos, sin antecedentes penales, que después de muertos fueron acusados de conspiradores y guerrilleros, hecho acontecido en la localidad de El amparo, municipio Páez del Estado Apure.

Recuerdo que en la fracción parlamentaria del MAS, en compañía de los diputados Gustavo Mujica y Walter Márquez, presencié el relato de los sobrevivientes José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinillas, quienes hasta el día de hoy, siguen con su peregrinar  pidiendo justicia. Relataron que a El Amparo, había llegado el señor Hipólito (resultó ser un agente encubierto inspector de Disip) y se había hecho amigo de todos los pueblerinos, se había ganado la simpatía, les compraba toda la cacería y la pesca “los Coporo”, un pez de rio. El día anterior, les había pedido que fueran a pescar y sacaran todos los coporo, que pudieran porque los tenia vendidos en la ciudad, que había buena paga. El día fatídico salieron todos los pescadores a la faena, iban contentos con sus harapos y enseres de pesca, Wolmer Pinillas, recuerda, que: “…nosotros íbamos llegando a una parte determinada del caño, no se había bajado nadie de la lancha, cuando sonaron los disparos y entonces alguien dice ¿Qué es eso?, “uy chamo es plomo” y José Augusto Arias me dijo “zúmbate al agua guevon” y entonces mire que se metió al agua y zambuido nadó como unos 12 metros aproximadamente, el chamo abolló y más atrás me zumbe yo…. Yo no supe quien los mató,…yo lo que hice fue nadar”.   Es evidente que ese hecho atroz contra esos pescadores, fue un montaje, formaba parte de las masacres y los asesinatos que en esa época se hicieron como “Cantaura”, “Yumare”, “Las Coloradas”, “El Vallado”, “Las Gaviotas” etc.

Los autores formaban parte del Comando especifico “José Antonio Páez” (Cejap), los jefes eran el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero, y el jefe de operaciones especiales de la Disip Henry López Sisco,  Era la época del gobierno de Jaime Lusinchi, la operación se denominó “Anguila III”.

La jurisdicción militar arrebato jurisdicción y competencia

El 29 de abril de 1992, el avasallamiento del poder ejecutivo se hizo sentir, por instrucciones presidenciales el caso fue investigado, sustanciado y procesado por la jurisdicción militar (el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal), cuando sentenció que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo de la guerrilla colombiana, dijo que los policías y militares habían actuado defendiendo la soberanía nacional.

Los militares argumentaron que se “enfrentaron con guerrilleros, subversivos armados”. Los supuestos “guerrilleros”, no usaban armas, ni ametralladoras, lo único que cargaban eran unas nasas y unos nailon de pesca, los autores materiales fueron declarados inocentes, por haber actuado en “legítima defensa”. El 12 de junio de 1994, esa sentencia fue confirmada por la Corte Marcial. Las Victimas y sus abogados interpusieron un recurso de casación contra la sentencia y la misma quedó definitivamente firme. Ninguno de los acusados fue detenido, gozan de plena libertad y hasta altos cargos públicos ejercen. Hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conoció el caso.

Conflicto de competencia Tribunales Militares y Ordinarios

La primera jurisprudencia histórica en materia de Derechos Humanos donde se aplicó  el artículo 261 de la nueva Constitución Nacional de Venezuela, fue dictada en fecha 23 de octubre de 2001, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el juicio por Homicidio Intencional seguido contra el Teniente (Ej) Alejandro Sicat Torres (quien roció con tinner y quemó los soldados en el cuartel de Maturín). La tesis sostenida por la parte acusadora contra el militar Sicat Torres, fue encabezada por el doctor Humberto Mendoza de Paola, Esteban Smith y este servidor Mario Valdez, quienes planteamos: “Que en materia de Derechos Humanos siempre debe prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar, aunque los hechos fueran cometidos en instalaciones militares y por militares, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 constitucional”.

La Sala Penal del TSJ, acogió el criterio de la parte acusadora, y resolvió viejas dudas existentes al respecto, aplicó el principio de la igualdad, sentenció que de acuerdo a lo establecido en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los delitos comunes serán juzgados por los tribunales ordinarios y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de naturaleza militar. Se aplicó el principio de la igualdad: “No existe fuero castrense en razón de las personas que cometan o sean víctimas de delito, sino que la jurisdicción sigue a la naturaleza de la infracción, siendo procedente declarar que el Tribunal competente para conocer de la causa seguida al Tte. (Ej) Alejandro Sicat Torres, lo es el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua”. Fueron anuladas todas las actuaciones en ese proceso, excepto las pruebas irrepetibles.

Un reconocimiento justo

Debo hacer un reconocimiento a los sobrevivientes Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, quienes han mantenido su coraje, su valentía, jamás se intimidaron ante las amenazas de muerte, se mantuvieron firmes y fueron los principales testigos de esa odisea jurídica. Los diputados Walter Márquez, Raúl Este y Ángel Zambrano, formaron parte de las comisiones del Congreso Nacional; así como a los abogados de las víctimas y los sobrevivientes, Fabián Chacón, Fernando Márquez, Getulio Romero, Jesús Vivas Terán y Pedro Nikken, quienes pusieron su sabiduría y empeño profesional al servicio de esa causa justa. Igualmente, para los fiscales del Ministerio Público Carolina Segura Gualtero, Juan Alberto Barradas y Elvis José Rodríguez Molina, quienes solicitaron la Revisión Constitucional ante el TSJ, que produjo la sentencia de que anuló toda la injusticia que había hecho la justicia militar de ese entonces. Espero que se haga justicia con las víctimas y los culpables sean sancionados.

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