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Aureliano Arias: Institucionalizar el país

Desde el cerro de Pompeyo

La Venezuela de hoy es un país carente de instituciones necesarias para afrontar la grave crisis por la que atravesamos. Las instituciones llamadas a contribuir a solucionar  esta situación son parte de la crisis y contribuyen diariamente a potenciarla.   El gran reto del país no es sustituir al  presidente, al contrario institucionalizarlo partiendo de lo establecido en nuestra  Constitución es nuestro gran reto. Valga decir que cada uno de los cinco poderes existente recupere su autonomía y su compromiso con los habitante de este país.

La Presidencia de la República, debe recuperar la majestad perdida. El presidente debe usar con decoro el lenguaje  al momento dirigirse a los ciudadanos que lo adversan y entender que no son sus enemigos, son adversarios políticos. Debe verla por el respecto a la constitución y ejercer su autoridad para que la Fuerza Armada, y los otros  poderes del estado así  lo entienda.

El Tribunal  Supremo de Justicia, debe entender que su rol es contribuir a la búsqueda de una salida  a la grave situación que padecemos. Esto requiere que recupere su autonomía, que respecte la voluntad expresada por la mayoría de los venezolanos en la elección del 6 de diciembre de 2015 y que el respeto de la Constitución implica   que los magistrados elegidos sin respetar el procedimiento en ella establecido  deben separarse  de sus cargos.

El poder Electoral, que en tiempo reciente se ufanaba de celebrar procesos electorales debe volver a ellos. El País necesita expresarse, de allí la necesidad que se fije la fecha para las elecciones  de gobernadores y solucionar el problema de falta de representativa que hoy tiene el Estado Amazonas.  Debe entender que su rol es canalizar la expresión de voluntad del pueblo y que no debe plegarse a ningún otro poder del Estado y a parcialidad política.

Las instituciones que conformar el Poder Moral, deben entender que su mayor compromiso es con el pueblo y la Constitución. La Fiscalía no puede seguir  callada ante  la usurpación de sus funciones que constantemente realiza las autoridades del Sebin, debe mostrarle al país su autonomía. La Contraloría  debe romper el silencio ante los graves hechos de corrupción que a diario se denuncian y entender que la función pública requiere un mínimo de decencia. La Defensoría del Pueblo debe tener un rol más activo en la defensa de los derechos humanos, esa es su razón de ser.

La Asamblea Nacional debe entender, que ya agotado los lapsos del Referéndum revocatorio como mecanismo para el cambio de gobierno lo que más conviene al país, la experiencias histórica lo confirma, es que el presidente concluya su gobierno y que el presidente y los demás poderes del Estado se apeguen al cumplimiento de la Constitución. A partir de ahora su rol debe ser  trabajar en la  búsqueda de ese objetivo.

Para el logro de lo expresado es necesario que las cabezas de los cinco poderes del Estado venezolano entiendan que el país necesita un mínimo de acuerdo de convivencia. Pensamos que el cambio ya anunciado de la directiva de la Asamblea Nacional los primeros días de enero de 2017 es la oportunidad para comenzar este largo, tortuoso y necesario camino  para el bien  de todos los habitante de esta tierra de gracias.

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