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Táchira: Linchamientos una advertencia a los delincuentes y una bofetada a la justicia

La justicia por mano propia o linchamientos se origina por rabia, impotencia y otros sentimientos acumulados que junto con factores externos, llevan a la sociedad a estados primitivos.

Jesús Alberto Berro: “El Estado venezolano tiene la absoluta responsabilidad en todas estas situaciones por no dar respuesta oportuna”

No es un secreto, pero sí es alarmante que durante los últimos meses se hayan incrementado en el Táchira los intentos de ajusticiamientos o linchamientos de delincuentes, a manos de la sociedad civil.

Con frialdad, en las redes sociales se difunden imágenes y videos que dan cuenta de estos actos considerados por los expertos en Criminología como primitivismo que se origina de la impotencia y rabia de las víctimas que en cuestión de segundos pasan a ser victimarios, al tomar la justicia por sus propias manos.

Linchamiento se define como: Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo; es decir, es una acción colectiva de carácter privado e ilegal, que puede provocar la muerte de la víctima en respuesta a actos o conductas de ésta, que se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores, según el sociólogo Carlos Vilas.

Hasta donde se tiene conocimiento porque se ha hecho público, unos tres o cuatro  linchamientos han sido consumados en esta entidad, mientras que casi a diario se conoce de intentos en distintos sectores de la capital sancristobalense u otros municipios.

Incluso se especula que varios de los cadáveres de jóvenes que han aparecido últimamente en Táchira, corresponden a este tipo de situaciones, solo que no son asesinados en espacios públicos ni con la participación de varias personas, sino que son llevados de un lugar específico hasta uno apartado donde les dan muerte, al considerar,  tres o cuatro personas,  que se trataba de un antisocial que nunca se regeneraría.

Aún así, se trata de un homicidio, independientemente del prontuario que tenga el linchado. Pero es antes que esto ocurra, cuando los garantes de la justicia, deberían actuar.

Precisamente por eso, es que se dice que esta pena a muerte a la que están sentenciados los hampones que lleguen a cometer un delito y caigan en manos de una muchedumbre, no solo representa una advertencia para los delincuentes, sino una bofetada para la justicia que no actuó a tiempo.

En función de conocer a fondo las causas y consecuencias que este tipo de acciones  repercuten a corto o mediano plazo en la sociedad, se consultó a un experto en Derecho y Criminología, Alberto Berro, quien además es abogado, profesor universitario y exdirector de Politáchira.

Las interpretaciones más significativas sobre los linchamientos enfatizan la ausencia o deficiencia del aparato estatal para imponer el orden jurídico-administrativo en zonas y/o poblaciones específicas, y en esto coincide Berro.

“Es consecuencia más que causa. Las causas están bien definidas. Primero, se trata de un cuerpo social que está enfermo, hay una descomposición social en el entramado. Aparte de eso, la sociedad jurídica y políticamente organizada que llamamos Estado, que tiene un poder público y una institucionalidad en la que se encuentra el sistema de persecución penal para ganar  administración de justicia -y eso es lo que hay que revisar-, está fallando. Si el cuerpo social está enfermo, el Estado también está enfermo y la institucionalidad no está funcionando”, explicó el también excomisario de la extinta PTJ.

Agregó: “Porque cuando cualquiera de nosotros somos victimizados de alguna manera pero somos respetuosos del estado de derecho y sabemos cuáles son las reglas de juego, uno va hasta donde está la autoridad y denuncia, o la autoridad abre de oficio las averiguaciones, entonces establecen que los hechos son punibles y que fueron cometidos por alguien para finalmente determinar responsabilidades, haciéndonos satisfacer la avidez de justicia que tengamos; pero cuando eso no ocurre, pasa lo que está pasando aquí, y en todo el país”.

Refiere el experto en criminología que “el Estado debe investigar y evitar que haya impunidad, eso es lo ideal. ¿Cuándo hay linchamientos? Cuando el Estado no soluciona, cuando no da respuesta. Cuando una víctima va al CICPC o al Ministerio Público y hace una denuncia y no pasa nada. Entonces cuando yo como víctima no consigo respuesta oportuna, y mi sed de justicia no se cumple, entonces yo me voy por ‘los caminos verdes’.  Rompo con las reglas de juego, dejo de ser nómica para ser amónica, es decir dejo de respetar las reglas, y hago justicia por mis propias manos, esa es la génesis de los linchamientos”.

Impunidad, uno de los principales factores

“Y esto es muy grave, porque pareciera que nos estamos acostumbrando a eso, a los linchamientos; pero repito, ocurre y seguirán ocurriendo si el Estado no da la respuesta inmediata que está obligado a dar a una víctima. Si el Estado deja de cumplir con su deber, esos espacios los ocupa la sociedad primitiva y es ahí donde vienen la ira, la venganza, la impotencia, y el tomar justicia por mano propia. Y si a esto no se le da un parado, se incrementará peligrosamente. Si de 100 homicidios solo ocho son investigados y 92 se mantienen impunes, según la ONG “Observatorio de Violencia”, qué respuesta nos están dando. Estamos en una brecha enorme entre la impunidad y el esclarecimiento de los hechos”.

A juicio de Berro, “nos vemos obligados a revisar el modelo del Estado, en materia de prevención social, lo está haciendo bien o es ineficiente, en función de que no crezca la criminalidad. Pero resulta que cuando el Estado da respuesta, la victima termina siendo revictimizada. Tenemos que entrar en una fase de revisión y luego en una fase de ejecución, sobre todo a nivel del sistema judicial. Hay muchas cosas que revisar.

Son rateros o hampones de poca monta marcados por carencia de oportunidades

Para finalizar se le preguntó a Berro sobre el perfil criminal más común de esas personas que han sido linchadas o golpeadas casi hasta muerte, las cuales en su mayoría son de las llamadas “rateros” o delincuentes de poca monta, a excepción de uno al que hace pocos  meses una turba le quitó la vida, por asesinar durante un robo a un vecino del municipio Junín.

“Desafortunadamente nosotros somos de un sistema de criminalidad selectivo y discriminatorio. ¿Qué estratos o clases sociales están involucrados en las redes de sistemas de esas mazmorras que llamamos cárceles, que tenemos en Venezuela?, Generalmente son de la D y la E. Estos son muchachos carentes de oportunidades sociales, oportunidades  afectivas, oportunidades emocionales, educativas, laborales, que nacen, crecen y mueren en el mismo barrio donde nacieron, crecieron y murieron sus padres y abuelos, y así se repite y se repite. Es decir, no tienen movilidad social y nunca logran alcanzar los niveles que deberían, y esa es la cantera por excelencia de la que están llenos nuestros centros de detención preventiva y penitenciarios”.

—Y ahora debemos preguntarnos: ¿el Estado tiene responsabilidad en esta situación? Sí,  absolutamente el Estado tiene toda la responsabilidad, eso es lo que se llama falta de prevención social. Estos muchachos, aunque no se les justifica, no tienen oportunidades para salir, estarán siempre ahí y serán los potenciales y siempre eternos, latentes,  criminales de los que vamos a llenar nuestras cárceles, para que después el Estado salga diciendo que tiene controlada la criminalidad, eso es lo que llamamos Criminogenia o Criminalidad Aplicada— concluyó Jesús Alberto Berro.

Fuente: La Nación del Táchira

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