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En 2014 se aprobó 125,5 millones de dólares para la Planta La Mariposa que hoy es víctima del caos sanitario

Agua que está por salir de la planta sin ser tratada adecuadamente. Foto Rafael Freites

 

De la estructura solo quedó el nombre. Todo lo demás fue desmantelado. Manuel Pérez Rodríguez es enfático y tajante para describir la desgracia que han visto sus ojos. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Mariposa es una víctima más del caos sanitario y ambiental en que se transformó la calidad del agua en Carabobo. “Allí se perdió toda la inversión que se hizo. Hubiera sido excelente que la planta hoy estuviese funcionando, pero la desidia y la irresponsabilidad de la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) dejaron perder las instalaciones”, analiza el ingeniero civil sanitarista y director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca).

Luis Alejandro Borrero/ El Carabobeño

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó en julio de 2014 un crédito para la rehabilitación de la planta. 125,5 millones de dólares serían otorgados para el proyecto que según el Gobierno será ejecutado en cuatro años. El concurso de la obra fue ganado por el consorcio Aguas de Tacarigua: un conglomerado de empresas desconocidas y que no son especificadas por la estatal. Sus nombres no aparecen ni en el contrato internacional ni en la página web de Hidrocentro.

Lucio Herrera Gubaira es director legal de la Fmpca. Está preocupado por la falta de datos. Explica que un consorcio no es ilegal, pero que según la Ley de Contrataciones Públicas está obligado a regirse por principios de honestidad, transparencia y acceso a la información. Y eso implica que, dado que Aguas de Tacarigua no tiene antecedentes probables, las compañías que lo integran deberían estar especificadas individualmente para poder ser auditadas por cualquier ciudadano.

¿Podría ser una estrategia?, Gubaira explica que no especificar cuáles son las empresas que conforman Aguas de Tacarigua puede ser visto como una técnica para invisibilizarse ante el escrutinio público. Los artículos 141 y 143 de la Ley de Contrataciones lo demandan. “En Venezuela se han venido vulnerando estos principios fundamentales con el establecimiento de estados excepción o de emergencia; por leyes habilitantes han pretendido minimizar su aplicación dando lugar a contrataciones sin la debida información pública”. Por ello el vigente decreto de estado de excepción justificaría las acciones gubernamentales, lamenta el abogado.

Rodríguez recuerda que sobre La Mariposa hay una inversión millonaria. Más de 140 millones de dólares, tomando en cuenta el último boletín de CAF y otro contrato que en 2001 firmó la entonces ministra de Ambiente, Anaelisa Osorio, para la ampliación a una segunda etapa de la planta, que según la Fmpca, quedó en no más de 30%, pese a que tuvo que ser terminada en 2007.

Mas información en El Carabobeño.

 

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