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Mario Valdez: Venezuela debe investigar a Odebrecht. Tribunal de las Américas (parte XI)

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del expediente llevado por el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York,  indican que la ”empresa brasilera Odebrecht, pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela, a funcionarios e intermediarios del gobierno para obtener y retener contratos de obras públicas”,   entre los años 2006 y 2015.  Odebrecht, anunció que firmó acuerdos de pago por la suma de 2.047 millones de dólares a los gobiernos de los países Brasil, Estados Unidos y Suiza,  que intentaron acciones judiciales y reclamaron los pagos por daños y perjuicios e incumplimiento de contratos, obligándola a compensar los actos ilícitos y de corrupción cometidos en esos países por la empresa constructora.

Estos hechos públicos, notorios y comunicacionales son suficientes para que el estado venezolano, a través de sus instituciones (Procuraduría y Fiscalía General de la República), inicie un conjunto de acciones judiciales tendentes a garantizar la recuperación o repatriación de los millardos de dólares que fueron entregados para la ejecución de obras, muchas de ellas no realizadas o inconclusas, por parte del emporio de las empresas brasileñas.

 Odebrecht, la Corrupción un delito internacional

De dicha documentación se desprende que la constructora brasileña Odebrecht,  hizo pagos y coimas para sobornos por el orden de los 788 millones de dólares, donde parecen relacionados “más de 100 proyectos en 12 países, que incluyen Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Venezuela”.

Esta modalidad delictiva aplicada por la empresa Odebrecht, encuadra dentro de lo tipificado como un delito de corrupción internacional, no sólo es corrupta en Brasil, Estados Unidos y Suiza, donde ha pagado sobornos y extorsiones a funcionarios corruptos para adjudicarse los grandes contratos y ha financiado campañas electorales de manera ilegal a políticos que la han amparado y protegido de las corruptelas, también en Venezuela.

Venezuela es el país, más afectado por Odebrecht

El Procurador General de la República de Venezuela, debe proceder a demandar a la empresa brasileña Odebrecht, constructora que ha ejecutado más de treinta contratos que fueron suscritos entre el estado venezolano y las cuatro empresas cariocas involucradas en la espiral de corrupción que fue descubierto en la principal empresa petrolera de Brasil Petrobras, donde han sido encarcelados los altos jerarcas empresariales, y son investigados dos ex presidentes, en el caso conocido como la “operación Lava Jato”.

Venezuela pasa a convertirse en el país más afectado por la irresponsabilidad con que ha actuado la empresa Odebrecht, ya que tendrá que renegociar las obras y proyectos inconclusas, que ha dejado la constructora y sus asociadas, tales como el Astillero Astialba donde se fabricarían barcos para la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), para ser construido y equipado en el estado Sucre; la ampliación del Metro de Caracas, en las líneas 2 (interconectar Los Teques y San Antonio de los Altos) y la 5 (Guarenas a Guatire).

Los complejos agroindustriales de derivados de azúcar que iban a ser instalados en los estados Trujillo, Cojedes, Barinas y Portuguesa. Entre las otras obras afectadas unas terminadas o inconclusas se encuentran: el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo en el estado Zulia; el tercer puente sobre el río Orinoco en el estado Bolívar.

Casi todas esas obras debían haber sido culminadas e inauguradas en 2012, 2013, al día de hoy todas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran, fueron pagadas algunas en su totalidad, otras recibieron grandes anticipos, se aprobaban créditos adicionales. Lo cierto es que no hay información oficial de cuanto sea pagado, están a la vista obras inconclusas e incumplimiento de los contratos.

Caracas, Miami y Nueva York, la danza de los millones

En las mesas y barras de los comederos de Caracas, Miami y Nueva York, hay nombres y apellidos de venezolanos, que aparecen entre los que serán sentados en el escritorio de investigaciones con respecto a las coimas, sobornos y extorsiones en las cuales se encuentran involucrados las empresas cariocas, que están en el ojo del huracán. Los documentos hablan de 98 millones de dólares, los entendidos dicen,   que esa es una cifra irrisoria, la danza de  millones, la justificaron desde el Orinoco hasta el lago de Maracaibo. Son muchos los rumores de políticos, intermediarios, fablistanes y mermeladas como le dicen en Colombia, los que tendrán que justificar los beneficios y opulencias que brotan por los poros de los que ayer como dijo Chávez “eran unos pata en el suelo” y hoy son grandes potentados sin justificación alguna, aprovechándose de la corrupción que ha navegado por ese gran rio. Actúan con doble moral, de los que deberán encargarse los órganos de investigación y los tribunales de justicia, porque para eso les paga el estado venezolano.

La corrupción e impunidad, como rio en conuco

La corrupción gubernamental en Latinoamérica sigue en franco crecimiento, sin límites, en países como Brasil, Venezuela, Perú, México, Ecuador, Chile, donde funcionarios de alto rango están siendo acusados de robarse grandes fortunas del erario público, la mayoría de esos grandes desfalco contra las naciones no son investigados, y cuando se inician las investigaciones son silenciadas, se obstruyen, ya que no hay voluntad, ni ética ni política, para iniciar investigaciones que puedan dar resultados positivos y las naciones puedan sancionar a los responsables y recuperar o repatriar los dineros birlados.

Esto sucede en esos Estados donde el poder judicial está conformado por jueces y fiscales que son monitoreados y controlados por las esferas políticas; por eso es necesario la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas, para que los ciudadanos latinoamericanos puedan acudir a un órgano de justicia internacional, donde hacer las denuncias contra las personas, indistintamente del rango político o social que puedan tener, ya que existen países en la región donde la justicia está secuestrada y no procesan ni investigan los hechos de corrupción.

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