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Por qué Venezuela debería declararse en moratoria

NUEVA YORK — ¿Qué país ha mostrado recientemente la mayor voluntad de sortear las dificultades a fin de pagar sus obligaciones crediticias en el extranjero? Paradójicamente, es el país que se encuentra entre los que más expresan su retórica anticapitalista. Venezuela continúa pagando a pesar de la crisis económica que habría obstaculizado a otros prestatarios soberanos hace tiempo. Los disturbios motivados por la escasez de efectivo son solo el más reciente ejemplo de la crisis económica del país. Aunque la reasignación de fondos del servicio público a la tan necesaria importación de alimentos y medicinas resulta tentadora, el gobierno teme que los litigios resultantes puedan reducir aún más los fondos para importaciones.

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Estos temores son exagerados. Aunque se mantenga al día con sus servicios de la deuda, Venezuela ya enfrenta los costos característicos de la moratoria de Estado, como no tener acceso a los mercados crediticios internacionales y un declive en la inversión extranjera directa. Con una moratoria que pareciera inminente, tarde o temprano el país debe enfrentar otras consecuencias, que muy probablemente no incluyan el temido embargo de los barcos petroleros venezolanos en altamar. Mientras tanto, posponer la moratoria es costoso para la economía e injusto para los acreedores de largo plazo.

El gobierno ha llevado a cabo esfuerzos extraordinarios para evitar la moratoria. Por ejemplo, a fin de asegurar un aplazamiento de dos años en el pago de 2,8 mil millones de dólares en bonos, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) acordó el pago de un 20 por ciento adicional del mismo y también entregó como garantía la mitad de Citgo, la refinería petrolera estadounidense cuyo valor excede por mucho al monto refinanciado de la deuda. Igualmente, para evitar un litigio de 769 millones de dólares con la compañía minera canadiense Gold Reserve en relación con una expropiación, el gobierno venezolano no solo pagará toda la deuda, sino que además le otorgará a Gold Reserve los derechos del 45 por ciento de una nueva minera, básicamente pagando el doble.

Algunos de los involucrados argumentan, tal vez pensando en su propio beneficio, que el gobierno debería continuar recurriendo a medidas extraordinarias para satisfacer sus obligaciones internacionales. El gobierno podría vender sus vastas reservas de petróleo, por ejemplo, ya que son las más grandes del mundo.

Por lo general, dichas medidas se justifican comparando las consecuencias jurídicas de una moratoria con un desfile de horrores. Pensemos en lo que pasó en el Congo: los fondos de reserva de Kensington, una subsidiaria de la gestora de fondos de cobertura en dificultades Elliott Management, compró la deuda congoleña en mora en centavos de dólar a finales de la década de los noventa. En 2005, Kensington se las arregló para interceptar al Nordic Hawk, un buque cisterna que transportaba 39 millones de dólares en petróleo y probó ante un juez británico que el petróleo provenía del Congo, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno congoleño para encubrir el origen del cargamento del buque.

Las exportaciones venezolanas de petróleo, cuya magnitud es muy superior a las del Congo, no pueden embargarse de inmediato. En lugar de eso, una vez declarada la moratoria, se desataría un juego del gato y el ratón en los tribunales. Si los acreedores tratan de confiscar los buques petroleros, Venezuela se asegurará de que, por contrato, ese petróleo sea propiedad del comprador antes de que abandone Venezuela. Si los acreedores van tras el dinero pagado por dicho petróleo, Venezuela desviará los fondos a China para evadirlos. Venezuela también podría vender más petróleo a través de empresas conjuntas y a China para complicarles aún más las cosas a los demandantes.

Seguramente los litigios serían largos. El Congo declaró una moratoria de pagos de su deuda externa en 1985, pero no logró llegar a un acuerdo con Kensington sino hasta 2008. De modo semejante, Argentina logró evadir a acreedores como Elliott Management durante más de una década antes de llegar al acuerdo de pagar solo el 75 por ciento de la deuda. El juez Thomas P. Griesa, juez de distrito de Estados Unidos que llevaba el caso, frustrado por toda una década de intransigencia por parte de Argentina, a pesar de la sólida recuperación económica después de la moratoria, finalmente forzó al gobierno argentino a pagar, pero se desvinculó del caso en cuanto Argentina hizo una oferta razonable.

Considerando la grave situación económica de Venezuela, es poco probable que un tribunal estadounidense otorgue un remedio preliminar inmediato a los fondos buitre antes de sopesar los méritos detenidamente. Entretanto, Venezuela se ahorrará cerca de 10 mil millones de dólares en servicios de deuda anuales, una cantidad suficiente para reabastecer los anaqueles vacíos de los supermercados al financiar un aumento de aproximadamente el 50 por ciento en las importaciones. Al aliviar la escasez, estos fondos le darían al actual o al próximo gobierno un respiro para promulgar reformas económicas que estimulen el crecimiento y garanticen la viabilidad a largo plazo y que hasta ahora no se han logrado en la arena política. Venezuela podría al final tener que pagar sus deudas, pero eso sería más fácil que pagar de más ahora.

Sean cuales fueren las consecuencias de la moratoria, solo se pueden posponer, no evitar. Las reservas del Banco Central de Venezuela se están agotando, la producción de petróleo está disminuyendo y la economía enfrenta recesión e hiperinflación. Muchos bonos pueden comprarse a solo 40 centavos de dólar debido a que los mercados creen que la moratoria es solo cuestión de tiempo.

A pesar de los esfuerzos extraordinarios del gobierno, no se está tratando con justicia a los acreedores. Mientras que a los acreedores a mediano plazo se les pagará el total de la deuda, a los acreedores a largo plazo podría incluso no pagárseles nada. Cada vez que el país ofrece activos en garantía o vende los derechos de sus recursos naturales, subordina o diluye las demandas de los acreedores de largo plazo, que por lo general carecen de garantías. Ahora es el peor momento para vender los recursos naturales de Venezuela, considerando la incertidumbre política y económica.

Los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales que le han prestado dinero a Venezuela a lo largo de la última década merecen que se les pague. Sin embargo, Venezuela no necesita llevar sus activos a la casa de empeño. La mayoría de sus inversionistas estarán felices de posponer los pagos de los servicios de deudas a cambio de un compromiso creíble de reformas económicas —como la unificación del tipo de cambio—; la moratoria, o la amenaza de moratoria, desalentaría a los acreedores inflexibles.

Una vez que el país se estabilice, el gobierno puede ofrecer una reestructuración que incluya una extensión del vencimiento y el aplazamiento de los pagos de los intereses a cambio de garantías de pago una vez que aumenten los precios del petróleo, lo que permitiría a los tenedores de bonos a beneficiarse del alza. Los incentivos para el litigio de los fondos buitre serían pocos si la reestructuración fuese justa. El país y sus acreedores saldrían mejor librados en este escenario que con un remate continuado de los activos restantes de Venezuela.

 Joe Kogan es codirector de Estrategia para América Latina del Scotiabank en Nueva York.

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