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Alejandro Armas: La aniquilación del poder opuesto

 

A pesar de que él se identifica como auténtico cristiano, Maduro ya ni siquiera permite el sosiego reservado para el domingo por mandato divino a quienes profesan esa religión. Con un programa de televisión transmitido cada segunda jornada del fin de semana, ahora ese es uno de sus momentos predilectos para hacer anuncios, esos que, cada vez que informa que los hará, es como el leitmotiv de una película de terror, la señal de que algo espantoso está por ocurrir. Así, fue un domingo cuando dictó la orden de enviar al paredón de fusilamiento al billete de Bs 100, lo que desató un tifón en la ya tormentosa psiquis colectiva del venezolano. La reacción presidencial fue un soberbio “No habrá prórroga” que no se concretó.

Otro domingo Maduro anunció la creación del Comando Antigolpe. No había que ser muy perspicaz para tener una idea de qué entrañaba esta nueva entidad que (oh, sorpresa), no figura en ninguna parte del ordenamiento jurídico venezolano. Lamentablemente, en solo cuestión de días se confirmaron las sospechas. Primero, Maduro juramentó como sus integrantes a varias de las figuras del chavismo más visiblemente intolerantes hacia cualquier forma de oposición. Al día siguiente, la cabeza del comando y nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, anunció que “casualmente” 24 horas luego de que comenzaran a operar, el diputado suplente Gilber Caro y su pareja, Steyci Escalona, fueron detenidos “con armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Cada diciembre uno desea que el Niño Jesús, por no hablar del imperialista San Nicolás de la Cota Mil, dé como regalo a cada jerarca revolucionario un diccionario. De esa forma tal vez verían el pésimo uso que hacen de términos como “oligarca”, “fascista” y “prueba”. Porque cada vez que se producen capturas como la de Caro, las pruebas son unas imágenes del material bélico supuestamente incautado. Es decir, esperan que asumamos su santa palabra como vínculo indestructible entre los fusiles en la foto y las manos del aprehendido. Nada más se les puede pedir. Esta vez no fue la excepción, y El Aissami, para cerrar con broche de oro su mensaje incriminatorio, exclamó “¡Basta de impunidad!”, a pesar de que dejó Aragua en 2016 como el estado con la mayor tasa de homicidios en el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Además, aseguró que en el procedimiento contra Caro se respetaría la Constitución. El parlamentario fue recluido en una sede del Sebin, a pesar de que la Carta Magna claramente ordena que un diputado capturado en flagrancia (supongamos por un instante que fue así) solo podrá ser recluido en su residencia.

En fin, a estos dos arrestos siguieron el de Jorge Luis González Villasmil, concejal de Primero Justicia en Maracaibo; de Roniel Farías, correligionario de Caro y Escalona en Voluntad Popular y concejal en el municipio Heres (Ciudad Bolívar); de Irwing Roca, activista juvenil de la misma tolda en dicha entidad; y del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel. Seis arrestos en menos de una semana son el primer saldo del Comando Antigolpe.

A la gravedad de esta oleada de detenciones se suma la forma en que son anunciadas al país. Esa tarea nunca está a cargo de un fiscal, funcionario público a cargo de iniciar los procesos de rendición de cuentas ante la justicia en el país. No, la noticia siempre sale de boca de algún connotado dirigente oficialista, sea un ministro, un diputado o la persona a cargo de un organismo de jure establecido para la seguridad en la República, pero de facto consagrado a velar por los intereses de la clase gobernante.

Los señalados no son expuestos como políticos incursos en los delitos característicos de quienes hacen vida en los Estados verdaderamente republicanos (delincuentes comunes de la política, pudiera llamárseles), sino como algo muchísimo peor: conspiradores, desestabilizadores violentos, terroristas. En fin, como enemigos en una guerra.

La lucha contra la disidencia deja de ser axiológica, como en cualquier sociedad democrática, y se vuelve existencial. Es decir, la plena realización de una forma de pensamiento requiere la aniquilación del pensamiento opuesto. O mejor dicho, de los pensamientos opuestos, porque toda filosofía puede ser cuestionada desde diferentes perspectivas, pero si dicha filosofía se blinda con un poder totalitario, no admite ninguna de estas críticas.

“Solo nosotros podemos recuperar la economía”. “Solo nosotros podemos ponerle fin a la violencia criminal. “Solo nosotros podemos garantizar la prosperidad y felicidad del pueblo”. Por descaradas que sean, estas expresiones se han vuelto muy comunes desde las tarimas rojas. Su contraparte necesaria es una oposición a la que no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia ni una parcela de poder. Por esa “tara burguesa” que son las elecciones libres, la cosa complica y hay que moverse por aguas más turbias. Si los adversarios ganan una gobernación, se monta otra paralela para el mismo territorio con autoridades nombradas a dedo; si logran la mayoría en la Asamblea Nacional, esta es anulada con sucesivos pretextos judiciales que escandalizan a cualquier jurisperito con el cuello libre de la cadena ideológica. Y si el riesgo es demasiado grande, sencillamente, como ahora, se suspende indefinidamente el derecho al voto. Más que eliminación física del contrario se trata de su eliminación como elemento de poder.

Quien así procede espera una reacción, y es entonces que debe activarse el aparato represivo para evitar cualquier protesta demasiado subida de tono. Para justificarlo, todas las formas de oposición son amalgamadas en una entelequia perversa: la “derecha”, inherentemente violenta, excluyente, apátrida, vendida a los intereses extranjeros, clasista, racista, machista y un largo etcétera.

Este maniqueísmo de “buenos en el poder y malos fuera de él” fue uno de los soportes morales de la doctrina de la seguridad nacional, a su vez fundamento de las dictaduras militares sudamericanas de los años 60, 70 y 80. En Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, las Fuerzas Armadas reclamaron para sí el papel de garantes únicos del orden ante una amenaza: los diferentes movimientos de inspiración marxista. Estos fueron los enemigos internos que había que arrancar de raíz, sin importar cuanta sangre hubiera de por medio.

Es cierto que en estas naciones había grupos comunistas armados y que algunos de ellos, sobre todo en Argentina y Uruguay, fueron responsables de atroces actos de terrorismo. Pero la garra militar amplió su alcance de manera tal que todo aquel con simpatías activas hacia la izquierda era un blanco potencial. Las consecuencias fueron los miles de encarcelados, torturados, desaparecidos y asesinados.

Como los militares tenían el sagrado deber de hacer la guerra a los apátridas ñángaras, entregados todos a Moscú y La Habana, cualquier cuestionamiento a su poder y acciones introducía igualmente en el rango de enemigos a su autor. También los opositores no marxistas-leninistas, desde democristianos hasta socialdemócratas, sufrieron por eso el yugo de la tiranía uniformada. Menos que el enemigo público número uno, cierto, pero lo padecieron en fin.

Igual pasa con algunas organizaciones políticas venezolanas de hoy, que se han visto más afectadas que otras por la arremetida gubernamental. Por cierto que, sin menoscabar el mayor grado de injusticia cometido contra estos partidos, sus militantes no deben asumir que ello les abrirá más adelante las puertas del poder más que a los otros. Los comunistas no se hicieron con ningún gobierno tras la caída de los dictadores militares del Cono Sur. Eso correspondió a los que estaban más hacia el centro. Los más moderados, diríase. Chile tuvo, en mi opinión, el desenlace más feliz: la transición desde una abominable dictadura hacia una democracia sólida, por vía electoral (aunque con mucha protesta y sacrificio de por medio), en la que colaboraron todas las fuerzas políticas opuestas al pinochetismo, desde comunistas hasta democristianos.

El trance actual de la oposición venezolana consiste en la búsqueda de una forma efectiva de lograr el cambio político que la mayoría de la población desea, a la vez que minimiza los riesgos de represión. Con un gobierno inescrupuloso, la amenaza no se cierne como nube negra solamente sobre los dirigentes, sino también sobre individuos dentro de las masas seleccionados al azar. La vía ideal es el voto, pero todo indica que habrá que luchar por él.

 

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