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Venezuela silencia su participación en red de corrupción de Odebrecht

 

  • Ningún funcionario venezolano declara sobre los 98 millones de dólares que la constructora brasileña pagó en sobornos entre 2006 y 2015 para obtener contratos de obras públicas durante los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

     

  • Ocho de los 12 países donde Odebrecht sobornó a cambio de proyectos de construcción se han movilizado con acciones judiciales para establecer responsables del esquema transnacional de irregularidades en contratación de obras públicas

     

    Mientras que 8 de 12 países latinoamericanos involucrados en la red internacional de corrupción de la Constructora Odebrecht abren investigaciones, congelan cuentas, acuerdan pago por resarcimiento y detienen burócratas, autoridades venezolanas guardan completo silencio sobre los 98 millones de dólares que la empresa brasileña habría pagado para sobornar a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez  y Nicolás Maduro a cambio de lograr o mantener contratos multimillonarios para obras de infraestructura, según datos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

    Por Lisseth Boon

    Si el criterio para rendir cuentas es la magnitud de los recursos involucrados, Venezuela  tendría que ser el primer país en responder a los señalamientos que retratan un caso de corrupción sistemática transnacional: encabeza la lista de naciones de América Latina que, después de Brasil, recibieron mayor cantidad de dinero en “comisiones” para megaproyectos de obras públicas por parte de la constructora brasileña entre 2006 y 2015.

    El Departamento de Justicia de EEUU reveló en diciembre de 2016 los montos de sobornos otorgados por Odebrecht a 12 países latinoamericanos, pero no así nombres y apellidos de los funcionarios involucrados. Expertos de la justicia de Brasil indican que  si serían develados una vez que se conozcan los detalles de la confesión tanto del presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (condenado a 19 años y 4 meses de prisión en marzo 2016 ) y 77 empleados  quienes a cambio de reducir sus condenas, se han acogido a cooperar con la justicia bajo la figura del arrepentimiento.

    Hasta la sorpresiva muerte por accidente en avioneta del juez Teori Zavascki, ocurrida el pasado jueves 19 de enero, se estimaba que las delaciones de los 77 funcionarios de Odebrecht podrían darse a conocer en febrero. Zavascki, clave en la operación de Lava Jato, estaba ya en condición de homologar esas declaraciones de colaboración en el Tribunal Supremo de Brasilia y por lo tanto hacerlos públicos. Su muerte podría retrasar el proceso.

    El sector oficial, principal cliente de Odebrecht en Venezuela, evade su participación en el esquema de corrupción desde que se abrió en Brasil, en marzo de 2014, la investigación judicial conocida como Lava Jato, que ha estremecido los cimientos de la política y economía del gigante brasileño. El prolongado mutis del gobierno de Maduro contrasta con el tamaño del escándalo que ha desatado en todo el continente.

    De los poderes que conforman en Estado en Venezuela, sólo el legislativo se ha pronunciado sobre el caso Odebrecht luego de que fuera divulgado el expediente del Departamento de Justicia de EEUU. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció el 22 de diciembre de 2016 que abrirá una investigación sobre los $98 millones pagados en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015 por parte de la constructora brasileña para la adjudicación de contratos de obras públicas, muchas de las cuales permanecen inconclusas.

    Proyectos paralizados

    • Comuna agroindustrial Diluvio. Sistema de riego (Zulia). Avance: 50%
    • Puente Nigale (Zulia). Avance: 3,9%
    • Represa de Tocoma (Bolívar). Avance: 45,81%
    • Complejo agroindustrial Abreu de Lima (Anzoátegui). Avance:36.85 %
    • Puente Mercosur o tercer puente sobre el Orinoco (Bolívar). Avance: 30%
    • Metro de Caracas, línea 5 (Distrito capital). Avance: 22,15%
    • Metro de Los Teques, línea 2 El Tambor-San Antonio (Miranda). Avance: 24,3%
    • Metro Caracas- Guarenas- Guatire (Miranda). Avance: 11,1%

    Fuente: RNC

    En agosto de 2015, Transparencia Venezuela instó al gobierno de Maduro a responder por las obras a cargo no solo de Odebrecht sino también de otras constructoras brasileñas  como Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, todas investigadas por corrupción ligada a Petrobras. En marzo de 2016, insistió ante el Tribunal Supremo de Justicia a divulgar los contratos entre el Estado y Odebrecht después de la sentencia contra el  presidente de la compañía. La más reciente exhortación de esta organización fue presentada el 10 de enero de 2017 ante el Ministerio Público para investigar con urgencia a los funcionarios venezolanos que recibieron $98 millones y asignar su correspondiente castigo.

    En Venezuela, tampoco los gremios empresariales y de la construcción han sentado posición con respecto al escándalo de corrupción transnacional, a diferencia del caso de Panamá, donde  la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá expulsó a la constructora brasilera.  Lo mismo hizo la Cámara Colombiana de Infraestructura que separó a Odebrecht del gremio.

     

    Transparencia Venezuela también exige al gobierno  que aclare la intermediación del expresidente de Brasil  Lula da Silva en la contratación de empresas brasileñas para la construcción de grandes obras públicas en Venezuela

     

    La corrupción que camina

    Panamá

    Es el tercer país que más recibió sobornos por parte de Odebrecht: 59 millones de dólares. Se creó la Fiscalía anticorrupción en diciembre de 2016 para investigar los casos relacionados con Odebrecht. El 12 de enero de 2017 la empresa brasilera se comprometió con el Ministerio Público a pagar una multa de 59 millones de dólares que “fueron pagos a personas naturales y jurídicas panameñas” entre 2010 y 2014 para garantizar contratos públicos,  declaró la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell.

    El gobierno de Panamá vetó en diciembre la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones en el país hasta que la empresa desagravie al Estado panameño y colabore en las investigaciones.

    A raíz de la admisión de pago de sobornos a funcionarios de varios países, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá expulsó a Odebrecht del gremio por constituir una falta al código de Ética del país centroamericano.

    Colombia

    Colombia es uno de los países donde se han tomado medidas judiciales más notables contra Odebrecht, después de que la empresa brasileña admitiera haber pagado 11 millones de dólares para sobornar a funcionarios colombianos a cambio de obtener contratos de infraestructura entre 2009 y 2014.

    Las investigaciones, a cargo del fiscal general Néstor Humberto Martínez, derivaron en dos detenciones. La primera, la de Gabriel García Morales, el ex viceministro de Transporte durante el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010), quien aceptó los delitos de “cohecho, interés en la celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito” ante la evidencia de haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares en 2009 para beneficiar a Odebrecht en la licitación para la construcción de la autopista de la Costa Atlántica. Permanece recluido en la cárcel de La Picota, de Bogotá. Al admitir los cargos, recibirá una rebaja de la mitad de la pena que se le impute.

    El segundo apresado es el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue contratado por Odebrecht en 2013 para lograr la adjudicación de un proyecto para construir una carretera al norte de Santander, confirma la fiscalía colombiana . Recibió pagos por 4,6 millones de dólares, por lo que el ex parlamentario será acusado por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

    Como parte de las investigaciones, el empresario Juan Manuel Barraza, ex superintendente general de puertos de Cartagena, fue citado a comparecer en  la Fiscalía el martes 17 de enero  para aclarar sus relaciones comerciales con García Morales.

    Por su parte, la Cámara Inmobiliaria de Infraestructura (CCI) decidió expulsar del gremio a la constructora Odebrecht, conminando al gobierno, Procuraduría y Contraloría a que lideren “una cruzada nacional para combatir la corrupción en la contratación”.

    Perú

    El Ministerio Público peruano congeló cuentas de Odebrecht y Camargo Correa, otra de las constructoras brasileñas investigadas por la operación LavaJato,luego de que fueran divulgados los documentos donde Odebrecht admite haber realizado sobornos en Perú por aproximadamente $29 millones entre 2005 y 2014.

    El escándalo de Odebrecht apunta a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El actual presidente Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido dinero de la constructora brasileña cuando era presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Toledo (2001-2006) y aseguró estar a favor de realizar una profunda investigación.

    El contralor general de Perú, Edgar Alarcón, registró que las irregularidades en la contratación de los 23 proyectos ejecutados por la empresa brasileña en el país entre 1998 y 2915 implicaron un perjuicio económico a la nación de $283 millones.

    A comienzos de enero de 2017, Odebrecht se comprometió con la Fiscalía de Perú a pagar $8,9 millones como adelanto de la devolución de las ganancias obtenida ilícitamente mediante sobornos.

    En el marco de la investigación, la Procuraduría Anticorrupción de Perú anunció que solicitará interrogar a 75 personas, entre ellas el presidente Kuczynski y los ex mandatarios Toledo, García y Humala. Además, pedirá interrogar al presidente de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht así como también a jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú y el empresario Gonzalo Monteverde, señalado como operador financiero del esquema de corrupción en el país andino.

    República Dominicana

    Odebrecht fue una privilegiada en república Dominicana en los últimos 16 anos, durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el actual Danilo Medina, quien decidió respaldar las investigaciones del procurador Jean Alain Rodríguez.

    Se creó una comisión de personalidades para investigar la licitación de la obra Punta Catalina con el compromiso de llegar hasta el final, no importa si se trata de ministro, exministro o director del partido que sea”. Entre las primeras indagaciones, el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke, reveló que su representante comercial, el empresario Ángel Rondón, recibió y distribuyó $92 millones pagados en sobornos por la constructora.

    La fiscalía anunció el 20 de enero de 2017 que la constructora se comprometió a pagar al estado dominicano $184 millones, equivalentes al doble de los $92 millones que pagó en sobornos a funcionarios del país brasileño, de acuerdo a lo que establece la ley 448-06 sobre soborno en comercio e inversión.

    Aparte, el Ministerio Público consiguió que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGPCP) ordene la suspensión provisional del registro como proveedor estatal de la multinacional brasileña, lo cual le impedirá participar en futuras licitaciones de proyectos de construcción con el Estado dominicano.

    Argentina

    El caso de Odebrecht en Argentina salpica a funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner y a familiares del presidente Mauricio Macri.

    El fiscal Sergio Rodríguez,  a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió investigación para comprobar si el esquema de corrupción transnacional que investiga la operación Lava Jato se aplicó en Argentina, donde la constructora gastó 35 millones de dólares en coimas a funcionarios.

    La fiscalía ha solicitado colaboración a fiscales de Lava Jato que investigan en la ciudad brasilena de Curitiba, solicitando documentos que evidencien las operaciones en Argentina de Odebrecht, así como también Techint, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Contreras Hermanos en Argentina entre 2006-2014.  Las pesquisas incluyen el seguimiento de unas 100 empresas de capital argentino asociadas a las compañías brasileñas en la ruta de las coimas.

    Ecuador

    El gobierno de Rafael Correa solicitó al Ministerio Público que investigue los sobornos de Odebrecht con el fin de obtener contratos millonarios para la construcción del Metro de Quito mientras que el procurador general Galo Chiriboga anunció que la embajada ecuatoriana en Washington solicitará información al Departamento de Justicia norteamericano.

    La relación de Ecuador con Odebrecht se remonta a 30 anos de contratos en 7 gobiernos. El presidente Correa, quien está en el poder desde 2007, expulsó a la companía brasilena en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. la medida generó reacciones en Brasilia, quien llamó a su embajador para consultas entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Después de un acuerdo, la multinacional regresó a Ecuador en 2010 para encargarse de obras millonarias como una fase del Metro de Quito por $1,5 millones.

    México

    La Secretaría de Función Pública del Estado de México informó en diciembre de 2016  que se abriría una investigación judicaial a raíz de la divulgación de los documentos del Departamento de Estado norteamericano que indican que Odebrecht pagó 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana”a cambio de 39 millones en beneficios.

    Aunque el expediente no menciona nombres, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya se apresuró a anunciar que la estatal colaborará con las autoridades anticorrupción para determinar si sus funcionarios recibieron sobornos de Odebrecht en la contratación del complejo Etileno XXI en Veracruz y la construcción de la segunda fase de Los Ramones en Nuevo León.

    Guatemala

    La procuradora general de Guatemala, Thelma Aldana, anunció que solicitará apoyo a Estados Unidos y Brasil para investigar el pago de sobornos millonarios por parte de Odebrecht a funcionarios públicos guatemaltecos. Se refiere a $18 millones pagados en comisiones por la constructora entre 2013 y 2015, bajo el mandato de Otto Pérez Molina,  para obtener ganancias por el orden de los $34 millones.

    Aparte, el actual ministro de Comunicaciones, Aldo García, anunció el 9 de enero de 2017 que los pagos a Odebrecht fueron suspendidos luego de encontrarse irregularidades en el contrato para la construcción de una carretera en el suroeste del país por $399 millones, suscrito durante la administración del detenido expresidente Pérez Molina.

     

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