El caso Lava Jato ya ha cruzado las fronteras, pero sin alcanzar todavía la fuerza huracanada con la que está cambiando la historia de Brasil. Por ahora su presencia es la avanzada de lo que podrá venir; y las acciones y reacciones en los distintos países en este punto expresan el estilo con el que los protagonistas de la corrupción sistémica de esas naciones maniobran para capear y sobrevivir la tormenta, si se desata; o para desactivarla si se puede.
En el Perú, donde las élites al mando tienen incorporado en su DNA grupal estrategias de supervivencia adaptativa desde los tiempos del virreinato, las respuestas son variadas. Ante la evidencia de que la delación corporativa de Odebrecht (y la de otras constructoras brasileñas) ya empezó, un buen número de instituciones y personas que trabajaron y se lucraron con Odebrecht pasaron de un día al otro a la militancia anticorrupción.
Desde bufetes de abogados y funcionarios del Estado hasta políticos y periodistas, los súbitos catones actúan con el propósito común de desviar la atención de ellos y concentrarla en otros. Eso ha funcionado muchas veces: cuanto más ruidoso sea el linchamiento y más queme la hoguera, mejor se podrán ocultar los bribones que danzan alrededor de ella.
Esta vez la tienen más difícil. A diferencia de Brasil, donde un grupo decisivo del poder judicial (jueces, fiscales y policías federales) llevaron a cabo todo el proceso investigativo, produciendo las pruebas y revelaciones que el periodismo brasileño siguió, reprodujo y amplió, en las otras naciones latinoamericanas fue el periodismo de investigación el que sacó a luz las primeras evidencias nacionales del caso, que las diversas fiscalías y procuradurías se han visto obligadas a reconocer y, a veces con ganas y otras con renuencia, investigar.
Como probablemente suceda en otros países, en Perú la información investigada apunta a que los primeros tres presidentes elegidos democráticamente en el siglo XXI —luego de la caída de la dictadura fujimorista— pueden estar comprometidos (ellos o colaboradores muy cercanos) con la corrupción relacionada con las empresas brasileñas.
A estas alturas los tres reclaman inocencia, pero ninguno puede ya sostener que no hubo corrupción del caso Lava Jato, y en el más alto nivel, durante cada uno de sus Gobiernos. La deprimente ironía de estos casos estriba en que la caída del régimen fujimorista, en el año 2000, significó conocer al detalle la desaforada corrupción en ese régimen. La democracia triunfante asumió como misión fundamental entonces construir no solo una sociedad libre sino limpia. Ya se ve en qué terminó la misión.
Fue este, sin embargo, uno de los primeros países donde el periodismo de investigación siguió con tenacidad el caso Lava Jato desde el comienzo. En parte por eso fue uno de los primeros lugares donde se encargó a un fiscal especializado investigar el caso. Aunque su avance fue lento, las confesiones hechas públicas en Nueva York, las cooperaciones de Suiza y Brasil proporcionaron información que en las últimas semanas fue complementada por delaciones en el Perú de la propia Odebrecht.
Una primera ola de arrestos llegó hasta a un exviceministro de Comunicaciones, que se encuentra prófugo, durante el régimen de Alan García. Esto ha desatado un sañudo intercambio de señalamientos entre Alan García y Enrique Cornejo, su ex ministro de Transportes. García se encuentra en España, Alejandro Toledo en Estados Unidos y Ollanta Humala en el Perú, sujeto a impedimentos judiciales.
En Panamá, la Procuraduría de esa nación abrió una investigación sobre los sobornos de Odebrecht que hasta ahora comprende a 17 personas, entre ellas el ex superintendente de Odebrecht en Panamá, André Luiz Rabello. Hasta ahora, la procuraduría panameña no solo no colaboró con la investigación de Lava Jato en Brasil, sino que, de acuerdo con los fiscales brasileños, fue un obstáculo para obtener información de esa nación de importancia crucial en los circuitos de lavado de dinero. Aquí también, la investigación periodística fue fundamental en presionar el inicio de las acciones de la fiscalía.
En Venezuela, la fiscalía sostiene que investiga, pero no ha hecho pública información mínimamente detallada al respecto. Ahí en especial, la única oportunidad de desarrollar el caso será mediante el periodismo de investigación.
En Argentina, la revelación de los cinco pagos que recibió el jefe de inteligencia federal Gustavo Arribas del doleiro brasileño Leonardo Meirelles fue hecha por el periodista Hugo Alconada, de La Nación. Tanto Arribas como el presidente Macri niegan que haya habido nada impropio en la única transacción que reconocen (uno de cinco pagos), pero no explican los pagos ni muestran los documentos de la cuenta offshore.
La investigación que publicó Alconada fue el último resultado del trabajo coordinado de una red de investigación periodística latinoamericana en torno al caso Lava Jato. La integran también, hasta ahora, IDL-Reporteros, la publicación que dirijo, en Perú; La Prensa de Panamá (a través de Rolando Rodríguez); y Armando.Info, de Venezuela (con Joseph Poliszuk). Simple y funcional en su organización, concentrada a fondo en su tema, esta red ha demostrado hasta ahora que la colaboración intensa y desinteresada multiplica su potencia, incluso cuando estamos, como sucede ahora, recién comenzando.
