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Venezuela sin elecciones: crece la deuda democrática del Gobierno

 

Ojalá fuera simplemente aquello de que “si no la ganan, la empatan”. Pero no, a los ojos del chavismo, ante la posibilidad de perder unas elecciones es mejor no convocarlas. Si bien la mirada está puesta en la actual postergación de las elecciones regionales, que afecta a los residentes de los 23 estados del país, la deuda democrática del Gobierno es de larga data y ha perjudicado a cada venezolano de una forma u otra: a los trabajadores mediante la suspensión de elecciones sindicales; a quienes hacen vida en las universidades autónomas, y también a las comunidades con la postergación para renovar los consejos comunales. No se trata de un Gobierno de malos perdedores, sino de todo un sistema que desde hace años desconoce la “rutina” democrática

Por Gitanjali Wolfermann

Si no gano, arrebato. La máxima parece ajustarse a la tendencia del Gobierno de privar arbitrariamente a los venezolanos del derecho a elegir a sus gobernantes y representantes gremiales, sindicales y comunales. El principal elemento del pavoneo chavista usado para cacarear que Venezuela tenía el sistema más democrático del mundo era que la revolución había realizado 17 elecciones, 14 con Chávez y 3 con Maduro.

La fascinación del chavismo con medirse a cada rato se acabó tras la derrota del partido del régimen en diciembre de 2015. “¿Ustedes quieren enfrentarse otra vez en la vida a la tragedia circunstancial que nos tocó vivir el 6 de diciembre de que nos ganara la oligarquía?, ¿ustedes se van a calar otras elecciones donde la oligarquía tenga algún triunfo?”, le preguntó el presidente de la República a sus seguidores el 20 de octubre de 2016. El mismo día, el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de firmas para el referendo revocatorio. Dos días antes, el Poder Electoral había anunciado la postergación, por seis meses, de las elecciones para gobernadores.

¿A qué le teme el Gobierno? Seguramente a los casi 14 millones de votos que recibió en contra el 6D -lo que implica que al menos 2 millones de venezolanos pasaron de votar por Maduro en 2013 a apoyar a la oposición en 2015-, y también al pronóstico de Venebarómetro, según el cual 67,8% de los venezolanos -más de 11 millones-, votaría en contra de Maduro en el referendo revocatorio. Los vaticinios para las elecciones regionales que por ley debieron realizarse en diciembre de 2016 apuntaban en la misma dirección, situación que ponía en riesgo el control sobre las 20 gobernaciones que actualmente están en manos rojas rojitas.

Aunque la atención de la opinión pública está puesta en la postergación de los comicios regionales -acción del CNE que viola los artículos 293 y 160 de la Constitución-, ese es apenas el último clavo que el Gobierno le puso al ataúd democrático en el que yacen sin reposo el referendo revocatorio; la nueva elección para los diputados de Amazonas; las elecciones sindicales y gremiales; la renovación de las vocerías para los consejos comunales; y tal como van las cosas, seguramente también alojará las elecciones municipales, aún agonizantes.

La muerte de los sindicatos: las mil y un formas de suspender elecciones

Si hay algún lugar para buscar la génesis de la debacle democrática del Gobierno es en el mundo sindical. Una revisión de las elecciones adeudadas revela no solo la cantidad de procesos pendientes, sino la creatividad del Gobierno para postergar, suspender, amañar y sabotear el derecho de los trabajadores a renovar sus representantes.

Usar al Tribunal Supremo de Justicia para frenar procesos electorales no es nada nuevo en el entorno sindical. El modus operandi suele ser más a menos este: a días de realizarse la elección se interpone una solicitud ante el TSJ pidiendo la suspensión del proceso, y el poder Judicial, expedito cuando le provoca, responde al instante y paraliza el proceso. El CNE también ha metido su mano pese a que de acuerdo con el artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los sindicatos únicamente deben notificar al poder Electoral de la convocatoria del proceso de elecciones y, solo si lo requieren, solicitarán asesoría técnica, no obstante, el CNE ha impuesto su “asistencia” en más de un caso.

La lista de los sindicatos, gremios y federaciones con elecciones vencidas es tan larga que se pierde de vista. Algunos casos son: Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (pendientes desde 2015); Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (pendientes desde 2013); Sindicato CVG-Bauxilum (Rolando Muñoz denuncia que pese a haber ganado las elecciones en 2015, la plancha contraria le arrebató su triunfo con la complicidad de la Comisión Electoral Sindical); Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (denuncian que llevan más de cinco años con la contratación colectiva vencida); Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (denuncian que la actual dirigencia impuso a sus candidatos para la Junta Electoral en marzo de 2016); Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (la directiva tiene más de año y medio con el período vencido y algunos sindicatos de base tienen más de tres años sin realizar comicios internos); Sindicato de la Gaviota (ha denunciado reiteradamente la intimidación por parte de funcionarios del Gobierno para impedir la renovación sindical); Federación Químico Farmacéutica (denuncian la intervención del Gobierno en la selección de los integrantes de la Comisión Electoral); Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (denuncian que la “Convención Colectiva Marco Socialista” de los trabajadores de la Administración Pública, publicada en la Gaceta oficial 6.268 el 26 de octubre de 2016, carece de las firmas del patrono y los representantes sindicales que participaron en su discusión).

Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), explica que “la deuda del CNE con los trabajadores no es solo técnica sino moral. En todos esos procesos cursan apelaciones ante el TSJ y el CNE. El Gobierno se ampara en un aparataje paralegal para sabotear las elecciones mediante argumentos jurídicos sin fundamento. Las consecuencias más graves han sido para los propios trabajadores porque sin sindicatos independientes no se defienden sus derechos y están paralizadas muchas de las discusiones de contratos colectivos. Nosotros llevamos más de siete años denunciando la intervención del CNE en los procesos electorales sindicales”.

Contrario a lo que el Gobierno esperaba, la manipulación de la dirigencia sindical le ha restado una base importante de apoyo popular al chavismo. “La figura de los sindicatos ha sufrido una transformación en cuanto a su adhesión a la línea de Gobierno; ahora la independencia es un valor preeminente”, confirma Máspero.

Organización Internacional del Trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948

Artículo 3

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

La excusa del Poder Comunal para controlar la participación en la comunidad

A estas alturas de la debacle revolucionaria, el Gobierno no confía ni en los consejos comunales, esos espacios de poder que ellos mismos impusieron dentro de las comunidades bajo el paraguas de las leyes del Poder Popular aprobadas por la Asamblea Nacional en 2010. Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal murieron las juntas parroquiales, la instancia de decisión más cercana al día a día de venezolanos.

¿Qué figura la reemplazó? La Junta Parroquial Comunal, una estructura cuyas autoridades son electas por los voceros de los consejos comunales, que a la sazón se suponía que eran ideológicamente más afines al Gobierno.

Cuando la luna de miel con los consejos comunales terminó, el Gobierno aplicó la misma táctica que con los sindicatos: suspendió las elecciones para renovar la dirigencia comunal. En julio de 2016 se notificó a través de la Gaceta Oficial 40.950, la suspensión por un lapso de 180 días hábiles del proceso de emisión de los certificados de actualización de las vocerías vencidas o por vencerse, es decir, para abril de 2017. Esta decisión afectó la renovación de las vocerías de los más de 46.433 consejos comunales que deberían ser electas cada dos años.

Domingo Palacios, vocero del Consejo Comunal Urquía que abarca los sectores de La Pedrera, Las Palmas y la parte baja del Colegio Americano, en la parroquia Las Minas de Baruta, comenta que “eso fue un atropello fuerte para la comunidad. La gente rechaza todo esto y quiere hacer las elecciones para cambiar a muchos voceros actuales que actúan discriminando por razones políticas”.

“Por ejemplo, cuando hicieron jornadas para cambiar los bombillos normales por los ahorradores, solo se los dieron a las casas de los chavistas; lo mismo pasa con la entrega de las bolsas CLAP que solo llegan a las familias de los chavistas”, afirma el vocero.

Palacios es uno de los miles de voceros comunales cuyo período está vencido y espera desde hace meses para realizar elecciones. “La mayoría de las vocerías en Baruta también están vencidas. Para hacer las elecciones únicamente debemos dar participación al CNE, no necesitamos asistencia técnica; los resultados se les comunican tanto a la alcaldía de Baruta para poder acceder al Presupuesto Participativo, como a Fundacomunal, ente que legaliza a los nuevos voceros y emite los certificados”, describe.

“Como el chavismo ha perdido tanto apoyo en la comunidad, los consejos comunales ya no son sus aliados. En Santa Cruz del Este hay ocho consejos comunales chavistas pero han perdido apoyo de la gente; en las calles los vecinos nos preguntan cuándo se van a cambiar los voceros para que entremos nosotros. La gente está desesperada por salir de este Gobierno”, afirma Palacios.

“¿Qué objeto tiene hacer elecciones si no nos van a dar el certificado?”, se pregunta el actual vocero. El Gobierno no se ha quedado de manos cruzadas. “En vista de que la comunidad no apoya a los consejos comunales, el Gobierno ha buscado hacer todo a través de las Salas de Batalla y hemos tenido muchos conflictos porque los pocos recursos que mandan se los dan a ellos directamente”, denuncia el dirigente.

El último clavo del ataúd: suspensión de las elecciones regionales

Visto lo visto, podría decirse que la postergación de las elecciones para gobernadores es  una raya más para un tigre, sin embargo, la MUD no tardó en calificar la decisión del CNE como la más clara confirmación del talante dictatorial del Gobierno.

Las decisiones tomadas por el Poder Electoral el 18 y 20 de octubre de 2016 marcaron el fin de la ilusión democrática para muchos venezolanos. Que el Gobierno movería cielo y tierra para impedir el referendo revocatorio era una certeza para muchos sectores del país; pero casi ninguna voz alertó acerca de las intenciones de cercenar también el derecho de los electores a renovar a los mandatarios estatales.

A cuatro meses de cumplirse el plazo que dieron las rectoras para efectuar los comicios regionales, el CNE no ha publicado el cronograma de 2017, razón que ha llevado a especular acerca de la factibilidad de que tales elecciones se lleven a cabo. La reciente decisión del CNE de imponer un lapso de 14 horas a cada partido para mover a su militancia a nivel nacional a fin de completar el proceso de legalización, parece una estrategia complementaria para sabotear la participación política de los venezolanos.

“Conforme informó el rector Luis Emilio Rondón, no solamente no se ha discutido en el directorio del CNE ningún cronograma electoral para este año; además de eso, en el Presupuesto Nacional aprobado unilateralmente por el presidente Maduro no están contemplados los recursos para ningún proceso electoral. Al CNE le aprobaron un presupuesto para cubrir sus gastos ordinarios de funcionamiento. Todo ello revela que la intención del Gobierno es evitar también este año cualquier tipo de proceso electoral”, refiere Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta.

Blyde, quien es abogado constitucionalista, explica que con esta mora “el CNE se encuentra en evidente omisión constitucional de sus deberes. El Gobierno y sus voceros alegan siempre moras u omisiones legislativas refiriéndose a la Asamblea Nacional y callan descaradamente ante la omisión en la que incurrió el CNE al no convocar en 2016 a la elección de gobernadores y diputados regionales. Nadie debía solicitar los comicios. Era deber ineludible del CNE convocar elecciones antes del vencimiento de loa mandatos, período que dura cuatro años. Ante esta omisión constitucional, el TSJ -tan dado a estar declarando omisiones en contra de la AN-, debería declarar la omisión y obligar al CNE a convocar elecciones regionales y también las municipales que deben realizarse a más tardar a fin de año”.

Por su parte, el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, agrega que “con este retraso, el Gobierno está violando totalmente la Constitución. Estamos convencidos de que el Gobierno está cometiendo un delito más con la postergación de las elecciones; están inventando motivos para retrasarlas: primero con la excusa de la crisis económica y ahora con lo de la legalización de los partidos. La verdadera razón es que saben que no tienen respaldo popular”.

“Indirectamente, siento que los gobernadores estamos cometiendo una irregularidad pues nuestros períodos están vencidos. Ciertamente, el objetivo de la oposición en 2016 fue trabajar en pos del referendo revocatorio para lograr un cambio de Gobierno, pero esa lucha no nos puede hacer perder de vista que los cargos de los gobernadores se vencieron y que debemos ir a elecciones”, reconoce Guarulla.

Para el gobernador de Amazonas, la omisión del CNE tiene una doble intencionalidad: “Por un lado buscan llenar de desesperanza al 90% de venezolanos que quiere cambio; y por el otro, envían un mensaje político desde Miraflores para hacer evidente que desde allá dictan las pautas a los demás Poderes, es decir, buscan deliberadamente hacer patente que estamos en una dictadura”.

De las que murieron, a las que agonizan: ¿habrá elecciones municipales?

Blyde, quien preside la Asociación de Alcaldes, sostiene que “los venezolanos estamos perdiendo cada día más, lo poco que queda de democracia. El autoritarismo controlador desde el poder central sabe que medirse es perder. Existe una institucionalidad completada para impedir cualquier proceso electoral pues saben que el venezolano de a pie está ocupado y agobiado tratando de subsistir. Esta circunstancia es aprovechada para no convocar ni celebrar elecciones de ningún tipo pues saben que el costo de no hacerlas les afecta menos que de llegar a hacerlas, en cuyo caso saldrían aparatosamente derrotados”.

Si el CNE no convoca este año las elecciones municipales, sería la segunda vez que incurre  en esa omisión, ya que los comicios municipales que se llevaron a cabo en diciembre de 2013 debieron haberse realizado en 2012. “El mandato de los ciudadanos fue elegir gobernadores y diputados por cuatro años. El no haber convocado las elecciones de gobernadores atenta directamente contra la soberanía popular que se expresa de manera directa, entre otros medios, a través de procesos electorales. Creo que la única agenda unitaria válida debe ser presionar para que le devuelvan a los venezolanos su derecho a elegir a sus gobernantes. Si esta presión no se hace desde ya, de forma unitaria y sin fisuras, muy probablemente no habrá elecciones pues el costo político para el Gobierno es enorme”, argumenta Blyde.

Mientras la deuda democrática del Gobierno no hace más que abultarse, ¿hay algo que puedan hacer los venezolanos? El abogado constitucionalista distingue dos acciones al alcance de todos los ciudadanos: “Una de ellas es la presión ciudadana pacífica, por ejemplo, las protestas. Otra acción viable es que cualquier ciudadano o grupo de electores pueden incoar una acción de protección de sus derechos políticos ante el TSJ, solicitando la declaratoria de la omisión en la que ha incurrido el CNE y solicitando en ese recurso que se le obligue a convocar elecciones. Cualquier ciudadano con derecho a voto puede hacerlo. También tienen el derecho de solicitarle directamente al CNE que cumpla con sus funciones y las convoque de inmediato haciendo uso del derecho a petición y el derecho a obtener oportuna respuesta. Una acción así pondría en tres y dos al TSJ, que en sus sentencias ha condenado a la AN por omisiones en el cumplimiento de sus deberes. Tendrían que inventarse una nueva jurisprudencia para negar esta evidente omisión del Poder Electoral”.

¿Protestar? ¿Acudir al TSJ? …eso es exactamente lo que está sucediendo

El jueves 9 de febrero, con la asesoría legal de la ONG Espacio Público, un grupo de periodistas introdujo una acción de amparo ante el TSJ para exigir el derecho constitucional a elegir cada cuatro años a las autoridades estatales, derecho consagrado en el artículo 160 de la Constitución.

Desde diciembre de 2016, el CNE está en mora con todos los venezolanos. El 31 de enero, la organización Súmate también introdujo una acción similar.

“¡Elecciones Ya!”
Ese jueves, a la salida del TSJ, se observó la llegada de una concentración de militantantes del partido Primero Justicia, encabezada por los diputados Juan Miguel Mattheus, Juan Requesens y Jorge Millán, quienes se apostaron frente al máximo órgano judicial para exigir la realización de las elecciones regionales.

 

 

¿Y si todos aquellos venezolanos con quienes el CNE está en deuda democrática -sindicatos, gremios, federaciones, consejos comunales y residentes de los 23 estados del país-, ejercen alguna de esas acciones -protestas pacíficas y recursos legales-, podrá el TSJ ignorarlos a todos?

 

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