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Jesús Silva R.: Micro partidos chavistas quieren fuñir al CNE

Constitucionalmente hablando, pretender renovar un partido político sin apoyo (firmas) del pueblo es un fraude constitucional. Atacar al CNE para que permita ese fraude es un delito múltiple que incluye vilipendio y extorsión.

Nótese que cumpliendo con la Constitución, el CNE anunció un proceso obligatorio de renovación para partidos políticos, sin embargo jefes de micro partidos “aliados” del PSUV copian el discurso golpista de la oposición al declarar que la actuación del poder electoral es “inconstitucional y anti democrática”.

Como jurista revolucionario presento necesaria aclaratoria contra tales afirmaciones leguleyas e irresponsables que tristemente alimentan la campaña de descrédito hacia Venezuela y sus poderes públicos. Sépase que el artículo 67 constitucional establece:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. (…)”.

Esto significa que formar partidos políticos es un derecho de todo el pueblo de Venezuela y no de las cúpulas directivas, por lo tanto fundar y mantener legalmente activo a un partido requiere de una renovable manifestación de respaldo ciudadano de acuerdo al rango local, estadal o nacional de la organización partidista.

Dicho de otro modo, un partido sin firmas de apoyo para su renovación es un partido que no se asocia con el pueblo, y sin ese vínculo todo grupo es ilegítimo para presentarse como alternativa electoral. En efecto, las elecciones, en todas sus etapas, están sometidas a la voluntad del soberano y quienes aspiren ser voceros partidistas de los ciudadanos deben contar con la aprobación formal de la gente participando y firmando.

Un partido político es un instrumento de la sociedad en el cual están involucrados derechos políticos que son de carácter público y de allí que sea obligatorio que sus promotores se sometan a la consulta popular permanente; distinto ocurre con una empresa que abarca derechos mercantiles que son de carácter privado. Véase que para fundar y mantener operativa una empresa basta con la voluntad de su cúpula directiva y no se requiere de ningún procedimiento de legitimación popular o renovación ante la sociedad.

Sin abogados competentes que los orienten, los micros monarcas del GPP interpretan el derecho constitucional a la participación política, no como un bien de todos los venezolanos sino como un derecho particular de ellos. Creen ser dueños de una franquicia comercial electoral en forma de propiedad privada vitalicia porque se funda una sóla vez y dura para toda la vida, sin necesidad de renovación popular en el futuro.

Camaraditas, dejen el bullying contra el CNE porque esa digna institución nunca les va a exonerar el requisito de las firmas para renovarse ya que las normas constitucionales no pueden ser relajadas ni el pueblo puede ser dejado por fuera. No sigan creyendo que porque ustedes digan ser chavistas, eso los va a colocar por encima de la Carta Magna. La mala conducta de estos mini jerarcas vitalicios refuerza la sospecha popular de que están más cerca de la MUD que del pueblo bolivariano. Ojalá rectifiquen y se vayan calladitos a la calle para recoger sus firmas.

 

A mi juicio el CNE se queda corto en su llamado de renovación a los partidos pues debería hoy mismo obligarlos a realizar elecciones internas y por la base con fundamento en lo que también ordena el artículo 67 constitucional: “Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes (…)”.

Con tanto divisionismo político en el GPP, confieso que siento profunda preocupación por los dirigentes de los micro partidos (que dicen ser chavistas pero que tantas veces postularon candidatos paralelos para perjudicar a Hugo Chávez); varios de estos destructores de la unidad revolucionaria han sido amigos míos durante años de lucha común en la izquierda marxista; sin embargo mi lealtad a la Constitución y al pueblo es superior a los afectos personales y por ello una vez más me veo obligado a repudiar públicamente sus desviaciones reaccionarias, ya muy frecuentes cuando es época de lo que ellos llaman: “repartirse la piñata electoral”.

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