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Los escenarios del régimen cambiario; por José Ignacio Hernández-x

 

En días pasados el Gobierno volvió a anunciar que, próximamente, implementaría modificaciones al régimen cambiario en vigor desde 2003. El detalle está en que ese anuncio se ha hecho varias veces en el pasado y hasta ahora, nada ha pasado.

Por José Ignacio Hernández G.

¿Se trata de otro anuncio sin resultado concreto? ¿O esta vez el Gobierno sí estaría pensando en introducir algún tipo de reforma?

El (incompleto) régimen cambiario venezolano actual

 El régimen cambiario venezolano actual es una obra a medio terminar. En efecto, desde que en 2014 fue dictada la nueva Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, se implementaron en teoría dos mercados: uno, centralizado en el Estado, que únicamente se destinaría a operaciones cambiarias en actividades consideradas estratégicas, como alimentación y salud; el otro, menos regulado, que admitiría incluso operaciones entre particulares. Dos años después fue dictado el Convenio Cambiario N° 35, el cual mantuvo esta distinción dual: la asignación de divisas centralizada por el Estado se realizaría por medio de la “Divisa Protegida” (DIPRO); el resto de operaciones se transaría a la Divisa Complementaria (DICOM).

El DICOM debió haber sido reglamentado dentro de los treinta (30) días siguientes al Convenio, lo que no sucedió. En su lugar, y transitoriamente, se ha mantenido el SIMADI, que funciona por medio de subastas controladas por el Estado. Junto a ello, y de acuerdo con el citado Convenio N° 35, también se han permitido operaciones al menudeo a través de casas de cambio.

El régimen cambiario actual incumple cualquier estándar de seguridad jurídica. La existencia de múltiples tasas de cambio y la ausencia de mecanismos transparentes de asignación del SIMADI —transitorio, mientras se implementa el DICOM— son solo alguno de los aspectos que ocasionan múltiples inconvenientes a la empresa. Algo tan sencillo como determinar el tipo de cambio de referencia a efectos contables se convierte en toda una odisea para el sector empresarial venezolano.

El escenario posible pero improbable:
la culminación de la reforma cambiaria iniciada en 2014

 El primer escenario de modificación consiste, precisamente, en culminar la reforma que el Gobierno inició en 2014, implementando de manera efectiva el DICOM, como un mercado con libertad para la compra y venta de divisas, incluso mediante operaciones entre particulares.

Esto implicaría reconocer una realidad. Como recientemente explicó Anabella Abadi, se calcula que “en 2016 el Gobierno Central destinó 6.800 millones de dólares en importaciones no petroleras y el sector privado aportó 11.000 millones de dólares propias para importar materia prima y productos terminados”.

 Otorgar el marco normativo a las operaciones cambiarias entre privados beneficiaría la seguridad jurídica, algo que no le caería mal a la economía. De hecho, el Gobierno cuenta actualmente con todo el marco legal para retomar el mercado permuta, lo que sin duda sería igualmente beneficioso. Finalmente, esto permitiría sincerar el tipo de cambio de referencia, lo que facilitaría la aplicación de los controles sobre la estructura de costos y por ello, sobre el margen máximo de ganancia. Con ello se lograría algo más que una unificación cambiaria: se trataría más bien de regular las operaciones cambiarias libres (entre operadores públicos y privados) manteniendo el llamado dólar preferencial para cierto tipo de operaciones centralizadas por el Estado.

¿Es probable esta reforma? No lo parece. Si desde 2014 el Gobierno ha venido “estirando la arruga” de la reforma cambiaria, no parece claro que en el corto plazo se atreva a terminar esta obra inconclusa.

El escenario posible y probable: la reforma “cosmética”
y la flexibilización informal del régimen cambiario

 Más probable resulta una reforma “cosmética”, como la que ya hemos tenido en el pasado, básicamente, a través de la devaluación del DIPRO, manteniéndose la devaluación progresiva del SIMADI (mientras se implementa el DICOM). Es posible también que se reforme el régimen de las exportaciones para incrementar las divisas que los exportadores pueden mantener.

Junto a ello, e informalmente —como parece que ha estado pasando según las cifras— el Gobierno podría incluso incentivar las operaciones de divisas financiadas con recursos propios de los operadores económicos privados, operaciones que —conviene aclararlo— son absolutamente legales bajo la regulación hoy vigente.

Esto iría de la mano con la política que puede observarse en materia de control de precio. Así, actualmente el Gobierno concentra sus esfuerzos en la importación de productos terminados y su distribución directa a través de los CLAP. Con esos productos —y los productos que pueden encontrarse todavía a precio justo— el Gobierno satisface las necesidades de los sectores de la población que considera prioritarios.

El resto de la población puede  acceder a productos  que se comercializan a “precio libre”, o sea, el precio que no es fijado por el Gobierno (llamado en realidad “precio máximo de venta al público”).  Se trataría no solo productos locales sino principalmente con productos importados, incluso, con recursos propios. Esto es lo que, en 2016, se llamó “Plan de Abastecimiento Complementario”.

Esta reforma informal requería algunos pequeños ajustes jurídicos menores para asegurar la compatibilidad entre la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y la Ley Orgánica de Precios Justos. Pero podría implementarse fácilmente y sin necesidad de ajustes formales al Convenio Cambiario vigente.

¿Es suficiente esta reforma? No lo es. Pero, vistas las condiciones actuales, es una reforma posible. Especialmente si tomamos en cuenta que el Gobierno en 2017 —como ya hizo en 2016— dará prioridad al uso de divisas para financiar sus importaciones directas, lo que reducirá —todavía más— las divisas que pueda asignar al sector privado a través de cualquiera de los mecanismos actualmente en curso.

¿Y no sería mejor eliminar el régimen cambiario?

 Lo anterior permite explicar por qué el régimen cambiario hoy día no solo es inconstitucional, sino que es obsoleto. El fundamento político, económico y jurídico —en ese orden— de tal régimen, era asegurar la centralización absoluta de las divisas en el Estado mediante la venta de divisas a un precio claramente subsidiado. En el fondo, con ese mecanismo —y el control de precio centralizado— el Gobierno aspiraba al control pleno sobre toda la economía.

Pero la reducción de la disponibilidad de divisas que el Gobierno puede centralizar y adjudicar ha marcado un cambio de perspectivas. Ahora el sector privado ya no depende del Gobierno para la importación de productos, sencillamente, pues el Gobierno ya no tiene tantas divisas que repartir.

Por ello, sería éste el momento ideal para el desmontaje del control de cambio. Una opción que requeriría resolver el tratamiento que se dará a las AAD y ALD en curso. Ello no impediría al Gobierno desarrollar políticas de fomento favoreciendo importaciones con una divisa subsidiada, aun cuando sería necesario asegurar que esa política se ajuste a principios constitucionales como la transparencia, la eficiencia, la no-discriminación y la subsidiariedad.

¿Es posible que el Gobierno desmonte el control de cambio? No creo que hoy día ello sea siquiera una opción. Pero más temprano que tarde lo será.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

 

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