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Juan Barreto. Pequeños partidos, resueltos a impugnar la renovación

Versión Final- Aunque lo hacen por separado, partidos pro oficialistas y de oposición se suman a la iniciativa de solicitar recursos de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se traduzcan, al menos, en corregir las condiciones “denigrantes” que estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las jornadas de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos.

“El PCV acudirá el 9 demarzo al TSJ, con toda su militancia y pequeños partidos aliados para exigir una respuesta ante una solicitud que ellos introdujeron hace dos semanas y media. Y en ese contexto, nosotros (Redes) acompañaremos al PCV en la exigencia de una respuesta que el tribunal no ha ofrecido, violando así sus propios estatutos y leyes que les obliga a dar respuesta, en 48 horas, cuando se trata de una medida cautelar”, explicó Juan Barreto Cipriani, líder del partido Redes, aclarando además, que posponen para el lunes la solicitud de nulidad que iban a introducir este jueves.

“Chiripero” cobra fuerza

Barreto advirtió que la lucha de los pequeños partidos por su derecho a la libre asociación y participación será frontal: “Nos acompañan los partidos indígenas Evolución, del Oriente del país; Osibu, Cátedra Guaicaipuro, Libertad y Democracia, junto con un gran número de organizaciones políticas y sociales que trabajan con nosotros en alianzas, constituidos en alternativas de participación. Nos constituimos en un pequeño ‘chiripero’ que va creciendo en esta lucha por reivindicar los derechos políticos vulnerados con la renovación de nóminas bajo las condiciones denigrantes que impone el CNE”.

Ya hay una querella

Pedro Eusse, secretario nacional del movimiento obrero sindical del comité central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ratificó que este jueves exigirán respuesta ante la solicitud introducida ante el Tribunal.

“El 16 de febrero, el PCV introdujo un recurso de nulidad del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, en virtud de que este artículo se está utilizando para establecer la obligatoriedad de las renovaciones de nóminas en las violatorias condiciones que se está haciendo”.

Eusse enfatizó que el mayor rechazo hacia este artículo se fundamenta en que su concepción, desde 1965, fue introducida como norma preconstitucional por un Estado represivo que perseguía al comunismo y que dista de los logros de la revolución bolivariana.

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