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Jesús Alexis González: Guerra económica y CLAP una infamia para desviar la culpa

Iniciemos con una imaginaria declaración de cualquier cínico miembro del actual equipo de gobierno (¿?): “Con los CLAP se estimula y estabiliza la producción, en pro de derrotar la “guerra económica” que adelanta la oligarquía apátrida  contra la revolución, la felicidad y la sana alimentación alcanzada por el pueblo”.

La expresión guerra económica, tiene un origen marcadamente venezolano en íntima vinculación con el chavismo-madurismo bajo el supuesto señalado por H. Chávez (que aún sostienen) que desde el año 2000 se estaba desarrollando en el país un conjunto de acciones encubiertas destinadas a afectar negativamente el desempeño de la economía venezolana; cuando en realidad era el propio “proceso” quien echaba las bases para la construcción del socialismo-comunismo. Dicha expresión, fue retomada por N. Maduro a finales del 2013 en momentos cuando afloraba con ímpetu la ineficiencia del incoherente y amorfo socialismo del siglo XXI mostrada por una ralentización (disminución de la velocidad de crecimiento) de nuestra economía, en mucho inducido por el marcado despilfarro fiscal para apuntalar el populismo (entre 1999-2015 “desaparecieron” por  ineficiencia y corrupción unos US$ 995.000 millones de ingresos petroleros), el cual no pudieron continuar por esa vía (la sustituyeron con emisión de dinero inorgánico) ante la caída a nivel internacional del precio promedio del petróleo; cuyos efecto perversos persisten para el caso venezolano  como consecuencia de no haberse aplicado algún “plan de ajuste”, y en su lugar iniciaron un nico plan comunicacional de externalidad (desviar la culpa) dirigido contra la “burguesía apátrida”, “el golpismo opositor de extrema derecha” y el “imperialismo estadounidense” entre otros “culpables”.

Posteriormente, concentraron bajo el vergonzoso reduccionismo la invisible guerra económica(que según los “revolucionarios” lleva unos 15 años) en un marco de infamia continuada (una maldad materializada en repetidos comentarios con la intención de desplazar la verdad). A tenor de ello, resulta oportuno recordar que el “proceso revolucionario” creó en 2008 el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) con el fin de mantener bajo su influencia la distribución de los alimentos, ampliado en 2012 con la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos con el propósito de supervisar la movilización y traslado de los alimentos. Tal estructura se gesta, luego de la ratificación de H. Chávez como Presidente en el distorsionado Referendo Revocatorio del 15/08/2004, ocasión que consideró propicia para asumir públicamente el socialismo como norte de su revolución” que lo profundizó cuando volvió a triunfar en 2006 dando cuerpo a un control estatal de la economía impulsando el crecimiento del Estado-empresario bajo el amparo de la Ley Contra el Acaparamiento, la Usura y el Boicot promulgada en 2008; para luego en 18/07/09 asumir la importación de alimentos esenciales bajo la “premisa” de evitar que las empresas privadas siguieran negociando corruptamente con US$ al cambio oficial (mayor descaro cara al presente), hasta que el 10/06/10 H. Chávez declara la guerra económicaa la burguesía apátrida (según sostuvo), y luego creó el 22/03/11 el Plan Alimentario Nacional aprovechando para aumentar vertiginosamente la importación de alimentos en más del 51%; hasta que contradictoriamente en 2013 el propio gobierno anunció una guerra económicacontra la revolución bolivariana; infamia que se extiende al 26/02/15 cuando N. Maduro se declara en campaña permanente contra un supuesto golpe de Estado para posteriormente en junio 2015 (G.O. 40.690) agrupar en 14 conglomerados las 283 empresas de alimentos controladas por el Estado.

Ese tejido de improvisaciones para intentar afianzar el socialismo-comunismo ( aspirando permanecer eternamente en el poder), lo han  continuado al punto de  crear el 11/07/16 la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) para, según afirmaron, enfrentar el acaparamiento y la especulación (“olvidando” que desde 2008 tienen el “proceso alimentario” bajo su control en armonía con un componente militar-cívico), al tiempo de anunciar el Motor Agroalimentario (¿?) como una estrategia, a decir de ellos, para combatir la guerra económica(¡otra vez!) dentro de un marco que ampliaron en octubre 2016 al reservarse el Estado el derecho de adquirir el 50% de la producción pública-privada para ser distribuida de forma directa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quienes son los encargados (dicen) de distribuir alimentos regulados de primera necesidad. En opinión del Coordinador Nacional de los CLAP, estos son “el espacio de articulación del Poder Popular para enfrentar la “guerra económica” (nuevamente) que se traduce en una serie de distorsiones de la economía, como la especulación, el acaparamiento y el contrabando de extracción para generar desasosiego  en la población (¡mayor cinismo!).

A visión del presente, el consumo de alimentos en los hogares se ha reducido en la mayoría de los principales productos, al igual que el número de personas que come al menos dos comidas al día; todo ello ante la disminución de la oferta de alimentos  y de la devastadora inflación (con obvio efecto sobre la disminución del poder adquisitivo) que entre 2013-2015 elevó el precio de los alimentos en un 739% y según cifras no oficiales (las oficiales no existen) el incremento en 2016 superó el  850%; en unísono con estimaciones 2016 de Cavidea que reflejan una disminución del 21% con relación al 215, al tiempo que las importaciones 2016 mostraron una caída del 62% con respecto al 2012. Vale complementar tan pésimo escenario, con el preocupante hecho que PDVSA es actualmente una de las peoresempresas petroleras del mundo (Revista Forbes, 2017) cuyo auge se vio “truncado” durante la gestión de H. Chávez al punto que en el presente Venezuela produce un 20% menos de petróleo en comparación con el inicio del “proceso” en 1999; e igualmente somos una de las más reprimidas economías del mundo ocupando el penúltimo puesto (detrás de Corea del Norte) a la luz del Índice de Libertad Económica 2017, mientras que a tenor del Índice de Integridad Gubernamental 2017 que mide la permeabilidad del Estado frente a la corrupción y la capacidad de la justicia con independencia y celeridad también ocupamos el último lugar.

En fin, se hace urgente generar un cambio el cual no puede estar supeditado a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA, que muy probablemente no se aplicará (por los momentos) y muy por el contrario puede traducirse en una infamia equivalente a perpetuar el enfriamiento de calle.

 

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