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Jesús Castilo: El presupuesto participativo. ¿Utopía o realidad?

Una innovación institucional en Venezuela, consagrada en el artículo 182  de su ordenamiento constitucional, lo representa el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) que va a encargarse de promover el presupuesto participativo con las comunidades y aprobar el plan de inversión social de cada municipio. Esta instancia es presidida por el alcalde o alcaldesa e integrada por los concejales y miembros de la sociedad civil organizada, electos de manera democrática con la supervisión de la Defensoría del Pueblo.

Esta iniciativa responde a una vieja experiencia con mucho éxito en Porto Alegre, Brasil, donde los gobiernos locales se vinculan con las comunidades, establecen mesas de trabajo para delinear acciones concretas en el desarrollo social y económico de sus municipios, mediante una serie de obras que son reflejos de las propias necesidades colectivas. De esta manera se rompe con el viejo esquema de dejarles exclusivamente a los concejos municipales la aprobación del presupuesto de obra de cada entidad local. Los actores sociales se organizan y en franco intercambio con las autoridades municipales se convierten en protagonistas de su verdadero plan de desarrollo.

Claro todo esto está en el papel. La práctica nacional nos indica que muy pocos alcaldes llevan a cabo esta hermosa experiencia. El estado Sucre no es la excepción, puesto que los mandatarios locales, como presidentes de esta instancia, se hacen los locos y evaden sus responsabilidades legales. Llegan a ignorar el papel fundamental que juega cada CLPP en su jurisdicción y, lo que es lamentable, no comprenden que su gestión será exitosa en la medida que mantengan vivo dicho organismo. Esto explica porqué muchas obras no responden a las expectativas de cada comunidad e, incluso, no llegan a ejecutarse físicamente.

Caso emblemático ocurre con el municipio Bolívar del Estado Sucre, cuya capital es Marigüitar. Quien escribe este artículo es Vicepresidente de esta instancia, en representación de la Sociedad Civil Organizada en esa jurisdicción, y en reiteradas oportunidades, con los voceros comunitarios, ha consignado oficios e intercambiado con el alcalde para que tome en cuenta dicho organismo, motorizar el presupuesto participativo y, en consecuencia, incorporar las obras de infraestructura en la Ordenanza de Presupuesto del año 2017. A pesar de nuestra solicitud tal iniciativa no fue posible ante la indiferencia de la primera autoridad civil y política del municipio. Sin embargo, hemos advertido de esto a la Contraloría Municipal para realizar una investigación más exhaustiva.

En lo que a nuestra responsabilidad respecta, por ser representante del circuito 4 del municipio Bolívar (Cocalitos, Caigua, Nueva Marigüitar, Las Casitas y Las Palomas), se introdujo en el presupuesto participativo del año 2016 la recuperación de la Plaza Bolívar (Caigua), la instalación de bombas de agua en los Apartamentos y la pavimentación de Cocalitos. Pero más han sido las dificultades que los aciertos. Nuestra tarea se limitó a aprobar las obras, no a contratar empresas, cuya competencia es del alcalde. La constructora DAPROCA no realizó un buen trabajo con las bombas de agua en los Apartamentos ni en la pavimentación de Cocalitos. De estas anomalías le informamos a los directivos de los consejos comunales de Cocalitos y Los Apartamentos, quienes han mantenido su voz de protesta ante dicha situación. Por lo pronto estamos diligenciando oficios a la Contraloría Municipal para realizar una auditoría exhaustiva y evitar que se siga con este esquema de trabajo pernicioso que en nada favorece la planificación pública local. ¡Hay que reivindicar la participación ciudadana en la planificación local!

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