No quiero que otros resuelvan los problemas de mi país. No quiero intervenciones extranjeras en nuestro territorio. No quiero ver venezolanos formando parte de conspiraciones contra nuestra patria. No quiero que otros decidan por el pueblo de Venezuela, ni que algún compatriota se aferre a la idea de que los problemas de aquí no podemos resolverlos los de aquí sino los otros lugares del planeta, preferiblemente al norte.
Pero hay que solucionar los problemas, sobre todo los que tienen estrecha relación con las condiciones mínimas para que nos consideremos una democracia. Está bien, que no vengan Almagro y su combo, que otros países no se empeñen en darnos lecciones, sobre todo cuando algunos de ellos tienen el rostro lleno de verrugas en materia de derechos humanos. Eso puede aceptarse desde la perspectiva de los principios de no intervención en los asuntos internos de cada nación, y desde un principio que vale la pena resaltar, el de la autodeterminación de los pueblos.
No acepto que nadie de afuera venga a vulnerar ese principio según el cual ningún factor extranjero puede pretender usurpar los derechos y prerrogativas que exclusivamente le corresponden al pueblo venezolano. Tenemos derecho a darnos nuestro sistema político, a elegir a nuestros gobernantes, e incluso a revocarles el mandato cuando así lo consideremos necesario, dentro de lo que establece la constitución. Soberanía y autodeterminación son conceptos innegociables. Pero no nos limitemos a considerar que la amenaza a ambos principios vienen del exterior exclusivamente.
En la Organización de Estados Americanos y en otros foros internacionales se habla de Venezuela. De los déficit democráticos que tenemos en nuestro país. Nuestra democracia no anda bien. Por eso somos el centro de atención. Si tuviésemos un correcto funcionamiento de los poderes públicos las miradas estarían en otros lados. Si en las càrceles venezolanas no hubiese presos políticos, por cierto, algunos de ellos mezclados con delincuentes comunes, nadie creería lo que dicen voceros opositores y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales y extranjeras. ¿O es que creen que los diplomáticos acreditados en Caracas no reportan a sus cancillerías lo que ven, oyen y leen, incluso aquellos de países aliados al gobierno de Nicolás Maduro?
La soberanía, que reside intransferiblemente en el pueblo, según reza nuestra constitución, no se refiere solamente al hecho de votar para elegir los tres niveles de gobierno. Democracia es mucho más que el derecho a votar, pero si se regatea ese derecho, si se maneja de acuerdo a conveniencias partidarias, si se bloquea, pues entonces la democracia empieza a cojear y a tambalearse. Quienes hablan de defender la soberanía y autodeterminación frente al extranjero se hacen los paisas cuando surge el legítimo reclamo de que se realicen las elecciones regionales, postergadas indebidamente desde el año pasado.
¿ Y si desde otros países se percatan de que no existe respeto a la inmunidad parlamentaria y de que la Asamblea Nacional, nuestro parlamento, està inhabilitado para ejercer sus funciones, cómo se les pide que pasen por alto esta realidad ? ¿ para qué estamos en organismos internacionales llenándonos la boca sobre nuestro carácter de país democrático si no estamos dispuestos a someternos al más mínimo escrutinio para ver si lo que decimos es o no cierto?
Independientemente de lo que ocurra en el seno de la Organización de Estados Americanos con respecto al caso Venezuela, ya no es posible ocultar ante el mundo y mucho menos ante los pueblos hermanos que las cosas no andan bien en nuestro país. Ya se sabe que vamos por mal camino. Que no solo tenemos déficit de democracia, sino también de alimentos y medicinas. De justicia, de seguridad, de libre ejercicio del periodismo sin persecuciones y amenazas.
Así como finalmente el gobierno tuvo que aceptar que no puede con el desabastecimiento de medicinas, debería admitir que la comunidad internacional, y particularmente los países latinoamericanos, pueden acompañar, con nuevos o agregados facilitadores, un proceso de negociación política tendente a resolver la crisis por vías democráticas y constitucionales.