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Cuando lo amargo es el azúcar

 

La escasez de azúcar ha afectado por igual a venezolanos comunes como Rossana Rodríguez y a gigantes multinacionales como Coca Cola y Pepsi Cola.

A la mujer, de 56 años de edad, le obligó a cambiar de vocación. Vivía de preparar postres para venderlos a familiares y amigos, pero debió conseguir un trabajo como empleada de limpieza para sobrevivir. Antes hacía a la semana entre cuatro y cinco pasteles y tres docenas de ponqués; ahora solo hornea algún dulce esporádicamente.

“De vez en cuando preparo algo, pero así gano muy poco”, dice. Uno de sus encargos más recientes para una torta de cumpleaños lo aceptó con dos meses de anticipación para poder reunir todos los ingredientes: al cabo del período no ha conseguido el endulzante y ello no deja de provocarle amargura.

A Coca Cola y a Pepsi Cola le sucedió algo semejante, pero en una escala mayor. En mayo del año pasado la primera de las compañías emitió un comunicado para informar al público sobre la paralización temporal en la fabricación de su línea tradicional de gaseosas. La empresa luego lanzó una marca cero calorías con otros endulzantes.

Pepsi Cola hizo un anuncio semejante un mes después e introdujo al mercado un producto sin azúcar mientras las publicaciones de negocios referían cómo ambas corporaciones se adaptaban a una realidad difícil para todos los paladares ante la obligación de producir menos de sus marcas más conocidas.

Mientras pobres y ricos buscan el producto, millones de kilogramos de caña de azúcar quedan rezagadas en los campos principalmente porque las maquinarias para molerlas carecen de repuestos que garanticen su funcionamiento. La de 2016 fue la peor zafra en medio siglo, según los registros de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca). La molienda alcanzó para producir 246 millones de kilos de azúcar refinada, con la cual se cubre apenas 20 por ciento de la demanda anual.

Rossana no tiene presente ese dato cuando acelera sus actividades para salir a buscar azúcar. Rocía un desinfectante sobre los lavamanos, les vierte agua y los deja relucientes. Es un lunes de enero y le darán permiso en su trabajo en Los Cortijos, Caracas, para ir a hacer fila en un supermercado que queda a cinco calles: “Acordamos con nuestra jefa que un día a la semana íbamos a salir en horario de trabajo para ver qué producto escaso llega al mercado”.

Las importaciones compensaban la reducción de la producción nacional, pero también se desplomaron. (Foto: William Dumont)

Permitir que los empleados hagan compras en sus horas laborales es una práctica que se ha difundido ante el panorama de escasez de los productos regulados y en vista de que se venden de acuerdo con los últimos números del documento de identidad. Así los ciudadanos solo tienen dos días fijos a la semana para buscarlos y a Rossana le toca el turno.

El azúcar que ella busca es uno de los 23 productos de la cesta básica que tiene el precio regulado. Desde hace 14 años, el Gobierno fija de modo unilateral su precio sin hacer mayores consultas a los fabricantes y a los productores que se quejan de que les obligan a trabajar a pérdida.

Son las diez de la mañana y Rossana llega al supermercado. Su hija ha logrado ponerse entre los primeros de una fila cuyo final no se percibe a simple vista. Luego de la espera compra crema dental y pasta. “Algo es algo, por lo menos no nos iremos con las manos vacías”, expresa. No desiste de seguir buscando el endulzante que le falta para hacer la torta. El dinero que recibirá por venderla no es mucho, pero tampoco lo quiere descartar: “Aunque pierdo tiempo buscando las cosas, necesito lo que me van a pagar”.

Como no se da por vencida, sigue su travesía. Sabe que antes de llegar a la estación del Metro de Caracas más próxima a su trabajo, un hombre vende el producto. Camina hacia el puesto del buhonero y lo encuentra en una esquina sentado sobre un tobo. Tiene una tabla en las piernas en las que hay bolsas con azúcar, de diferentes tamaños.

-¿A cómo la tiene?

-A 3.500 bolívares la de medio kilo, responde el hombre.

-¡3.500! Eso es una exageración, exclama Rossana.

-Tómelo o déjelo, le replican.

Por supuesto: la mujer siguió su camino sin hacer compra alguna. “Está loco si cree que le voy a pagar eso. Es un abusador”, se queja.

Para entenderla hay que hacer cuentas. El revendedor cotizaba 15 veces más cara la mercancía. Un kilo de azúcar al precio regulado cuesta 460 bolívares equivalentes a 46 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio controlada que el Gobierno aplica para los alimentos. El dato hay que mirarlo con lupa: es consenso entre los economistas que el bolívar está mucho más devaluado frente al dólar que lo que indica esa tasa.

Más allá de esos cálculos, Rossana murmura con frustración: “La escasez me hizo cambiar de oficio, pero a ese hombre le dio trabajo”. De haber comprado el azúcar al precio que le pedían, habría invertido aproximadamente la sexta parte del salario mínimo que le pagan como empleada de mantenimiento. “Tendría que vender la torta a un precio que nadie pagaría y eso no tendría sentido alguno”.

Nunca antes ella había enfrentado una situación semejante para encontrar un producto que le proporcionaba el sustento. Si la producción de azúcar cayó dentro del país, las importaciones oficiales con las cuales se atendía la demanda interna también se redujeron.

Eso sucedió a partir de 2014 con la baja de los precios petroleros. El año pasado solo una vez un representante del Ministerio de Alimentación se refirió a las adquisiciones en el exterior: entonces dijo que habían arribado 90 millones de kilogramos procedentes del extranjero, solo una fracción del consumo nacional.

Esas compras internacionales impedían que la ciudadanía sintiera con más rigor los efectos del desplome en el campo venezolano donde en 2016 se quedaron al menos 1.500 millones de kilos de caña que no pudieron molerse. Por la escasez de repuestos, hay muchas cosechadoras inoperativas, dijo José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca. El vocero afirma que el precio que se les paga a los productores por kilo de azúcar no es suficiente para cubrir sus gastos y reponer los equipos que se dañan.

“La caña que se quedó en los campos no está perdida”, agrega. “Se le conoce como diferida y es la primera que debe molerse cuando inicie la próxima zafra. Sin embargo, el rendimiento no es el mismo. Cuando pasa el tiempo en el que debe cosecharse, las cañas se ponen más fibrosas, es menor el jugo que puede extraerse y es una pérdida para el productor”.

Los agricultores además han tenido que repartir sus productos en menos centrales azucareros, porque no todos se encuentran funcionando. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó a partir de 2005 expropiar la mayoría de ellos y bajo la administración oficial el desempeño de las factorías comenzó a decaer. El año pasado, por ejemplo, solo estaban activos tres de los 10 centrales que pertenecen al Estado.

Las fallas en la cadena de producción terminan en casos como el de Rossana, a quien no le queda más que esperar el siguiente turno para comprar el día que le corresponde, luego de hacer una cola. Bromea como una compañera de trabajo porque no le queda otra opción: “Si a la Coca Cola y a Pepsi Cola les fue difícil conseguir azúcar, ¿imagínate qué quedará para nosotras?”. Ríen y ambas no dejan de añorar que la vida les sepa a dulce otra vez.

Este texto fue escrito por María Fernanda Sojo para Relatos del Absurdo en Connectas. (Fotos: William Dumont/ Adaptación: Sandra Barrón)

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