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AN declara írrita la sentencia 155 y exige elecciones otra vez

 

En medio de tensión en los jardines del Palacio por la cercanía y lenguaje agresivo de la protesta oficialista, la Asamblea Nacional emplazó al gobierno a respetar sus atribuciones.

Maru Morales P.

Ayer a las 12:30 del mediodía, la GNB, “por instrucciones superiores”, cerró el pasillo de seguridad habilitado a media mañana para facilitar el acceso de los diputados de la oposición desde la torre Vargas (sede administrativa de la AN) hasta el Palacio Legislativo. Para ese momento aún faltaban 14 diputados para completar el quórum de instalación. Los legisladores restantes tuvieron que dar algunas vueltas para acceder por alguna de las otras tres esquinas ya que San Francisco, estaba además bloqueada con la tarima oficialista. La esquina “caliente” de la plaza Bolívar estaba bloqueada con un camión de la GNB y Casa Militar; las esquinas de La Bolsa y Padre Sierra, vigiladas por civiles armados (colectivos) eran las únicas alternativas.

Cerca de las 2:00 pm un equipo comando de la brigada canina del Sebin, con funcionarios armados con subametralladoras y con el rostro cubierto con pasamontañas, recorrió la caminería externa del Palacio y se apostó en la entrada este. La MUD logró completar el quórum y la sesión arranco con 82 diputados, pues los oficialistas dejaron de asistir desde febrero; sin embargo, ayer llegaron con la marcha antiimperialista hasta la esquina de Sociedad a escasos metros de sus curules en el Parlamento.

Para el momento de inicio de la sesión, a las 2:30pm, hablaba en la tarima el vicepresidente Tareck El Aissami, por lo que Carlos Paparoni propuso como moción de urgencia que una comisión de diputados se acercara hasta dicha tarima para “informar y aclarar al Ejecutivo y a sus seguidores que el propósito de esta asamblea al apoyar la Carta Democrática es que se convoquen elecciones libres, no una intervención”. Pasados unos 15 minutos, la comisión regresó sin haber cumplido su cometido: “El coronel Lugo nos dijo que seríamos recibidos y luego nos emboscó, nos sacaron a empujones”, relató Gaby Arellano (VP-Táchira).

La oposición aprobó dos emplazamientos al gobierno. Uno que exhorta al TSJ a permitir la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Crisis Humanitaria, sancionada en 2016 y otro en rechazo a la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que exige también el cese de la persecución política, se respete a la Asamblea Nacional y se convoquen elecciones en Venezuela “con el fin de restablecer de forma inmediata el orden constitucional”.

A lo largo de las intervenciones los diputados se refirieron a la importancia de la sesión del Consejo Permanente de la OEA que se realizaba en paralelo en Washington y a la sentencia 155 que además de ordenarle al Ejecutivo reformar leyes “para arreciar la represión”, dijo Juan Matheus (PJ-Carabobo) que reinterpreta una vez más el alcance de la inmunidad parlamentaria.

“La sentencia es írrita, deleznable y sin valor. Seguimos teniendo inmunidad porque lo dice la Constitución”, dijo Matheus.

Juan Guaidó (VP-Vargas) condenó la ausencia del oficialismo en la AN y afirmó que no van a las sesiones porque temen ser confrontados con la verdad de la crisis: “Allá afuera arengaban e insultaban, y aquí las curules vacías. Con esta sentencia del TSJ, Maduro ya no ejerce como presidente sino como dictador. Por eso en la OEA no pedimos ni queremos injerencia, pedimos elecciones”.

“Si el gobierno hubiese convocado a elecciones, si hubiese permitido el canal humanitario, si respetara a la AN y a la Constitución y si hubiera liberado a los presos políticos, no se estaría discutiendo el tema de Venezuela en la OEA. No es que la AN pidió esa discusión, es que en Venezuela hay un gobierno que está irrespetando la Constitución y los principios de la Carta Interamericana”, dijo el jefe de bancada de la MUD, Stalin González (UNT-DC).

A su juicio, la sentencia 155 pretende defender al gobierno de “un pueblo que pide elecciones”. Afirmó que aunque todos los diputados están ahora sujetos a ser detenidos tras la sentencia 155, la principal alerta recae en Luis Florido que se encuentra en Washington en representación de la AN. “Según el gobierno es delito ser diputado y con eso nos quiere intimidar. Nos han perseguido desde el 6-D. Anularon a los diputados de Amazonas, cercenaron las atribuciones del Parlamento con más de 50 sentencias, apresaron a un diputado juramentado e incorporado. Sabemos que vendrá un incremento de la persecución. Pero todo este desconocimiento de los diputados es en realidad fondo un desconocimiento de la voluntad de 14 millones de personas que eligieron a la AN”, afirmó González.

La AN también aprobó un acuerdo que le exige a la CAF observar que todo endeudamiento de la República requiere la aprobación del Parlamento.

 

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