Inicio > El pizarrón de Fran > Néstor Francia / Análisis de Entorno: Inmunidad parlamentaria: Un dilema shakesperiano (30-03-2017)

Néstor Francia / Análisis de Entorno: Inmunidad parlamentaria: Un dilema shakesperiano (30-03-2017)

Aunque esgrimir argumentos legales de manera pretendidamente objetiva es parte del discurso político, la verdad es que los argumentos de fondo, las verdades subsumidas en los laberintos orales de leyes y códigos jurídicos son, pura y precisamente, política. Se dice que no hay Ley que se salve de un buen abogado. Por eso existen los recursos de interpretación, así como otras argucias propias de leguleyos. Es con esas premisas que queremos plantearnos el tema de la inmunidad parlamentaria.

Para nosotros la decisión del Tribunal Supremos de Justicia de Venezuela en torno a la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional no es más que otro capítulo de este relato histórico que se está construyendo, es decir del agudo conflicto político que caracteriza a esta época convulsionada. La legalidad o no de la decisión la dejamos para la discusión de los especialistas, a sabiendas de que, entre sabidos del Derecho, todo es según el cristal con que se le mire.

Para empezar, así como por hábito nos cuestionamos cualquier cosa, también dudamos que la inmunidad parlamentaria sea algo justo. En principio no lo es, ya que privilegia a unos ciudadanos sobre otros solo porque se la ha delegado algún poder. De hecho, en el sistema parlamentario británico Westminster el llamado fuero parlamentario se denomina, sin mayor hipocresía, privilegio parlamentario.

La inmunidad parlamentaria fue creada supuestamente como una manera política de proteger a los parlamentarios de la inquina del Poder Ejecutivo, de manera que no estén sometidos al juicio de sus opiniones según el arbitrio de ningún poder que no sea el del mismo Parlamento. O sea, la idea es que los parlamentarios puedan pagarse y darse el vuelto. No importa, de todos modos siempre hay la manera de darle vuelta a biombo y ponerle los ganchos a uno o más de ellos por medio de algún artilugio constitucional, así el Parlamento no esté de acuerdo y más de un abogado monte alguna pataleta.

El dilema del momento es, para la Revolución, shakesperiano: ser o no ser. Es más, vale la pena citar, a propósito de lo que ocurre hoy en Venezuela, parte del soliloquio de Hamlet que incluye la mencionada frase clásica: “Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?”. La Revolución está bajo ataque inclemente interno y externo, llueve sobre ella plomo cerrado. Y una de las armas principales que pretende usar el enemigo es precisamente esta Asamblea Nacional en la que circunstancialmente tiene mayoría.

Al fuego se le responde con fuego. Estas mañas no las inventamos nosotros en Venezuela, por cierto. Ya las usó Rómulo Betancourt para defender las iniquidades del puntofijismo. En octubre de 1963 su gobierno ordenó la persecución, captura, encarcelamiento y sometimiento a la justicia militar de varios diputados de la izquierda venezolana. Y ni siquiera la decisión fue atribuida a la entonces denominada Corte Suprema de Justicia. El propio Betancourt pulsó el detonador y así lo reconoció: “Soy el único responsable de la detención de diputados comunistas”. Véase que las palabras del entonces ministro de Relaciones Interiores, Ezequiel Monsalve Casado, justifican la actual decisión del TSJ: “La inmunidad parlamentaria no puede identificarse con la impunidad”. Existe jurisprudencia, como se dice en los ámbitos del Derecho.

No hubo en aquel momento, por supuesto, preocupación del gobierno de Estados Unidos, ni cundió alarma entre los “demócratas” del continente, ni surgió pronunciamiento alguno de la OEA, que apenas un par de años antes había expulsado a la Cuba revolucionaria de su seno. De hecho, Betancourt recibió la bendición de sus congéneres por su defensa de la “democracia”.

Después de la detención de los diputados de izquierda en aquellos años 60 del siglo pasado, Betancourt instruyó al Juzgado Militar Tercero de Primera Instancia Permanente de Caracas iniciar juicio por rebelión militar contra los senadores y diputados Simón Sáez Mérida, Domingo Alberto Rangel, Pedro Ortega Díaz, Guillermo García Ponce y Pompeyo Márquez. También fueron detenidos los parlamentarios Jesús Faría, Gustavo Machado, Eduardo Machado, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio.

Por cierto, los revolucionarios de entonces asumieron plenamente la responsabilidad por sus posiciones políticas, a diferencia de los contrarrevolucionarios de ahora que tratan de esconderse tras las togas de sus rábulas, cobijarse con el manto de las leyes y ampararse en el regazo de sus amos y cómplices externos. Y eso que todavía no se les ha tocado un pelo. Los revolucionarios aquellos emitieron una declaración de dignidad en la cual expresaron, entre otras ideas, la siguiente: “Nunca hemos negado, sino por el contrario hemos proclamado orgullosamente la solidaridad de nuestros partidos con los actos de autodefensa llevados a cabo por los sectores populares, como los que esas mismas fuerzas realizan para afirmar su presencia y llevar al pueblo un mensaje antiimperialista y patriótico”.

La principal diferencia entre aquella abolición de la inmunidad parlamentaria y la de ahora, que aun es hipotética, son los intereses que en cada caso se defiende.  .

Te puede interesar

Compartir