Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que limitan la inmunidad parlamentaria y asignan al TSJ las atribuciones de la Asamblea Nacional, tomadas en razón del desacato continuado del poder legislativo y de sus reiteradas violaciones de la Constitución Nacional, han causado un gran revuelo al nivel nacional e internacional ¿Qué revela todo ello?
El Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro se les ha plantado de frente a los gobiernos y voceros de la derecha mundial, encabezados por Estados Unidos. No se ha amilanado, no ha reculado, no ha mostrado temor ni debilidad. Ha seguido enfrentando con decisión y firmeza a los enemigos internos del pueblo y de la Patria, que persisten en lanzar provocaciones, en desconocer al poder revolucionario y en promover la intervención foránea en el país. Es lo que hubiera hecho Chávez, quien jamás dio cuartel a esos enemigos. Es una política chavista digna y correcta dirigida por su legatario, el presidente Nicolás Maduro. Así es que se gobierna.
Venezuela se convierte una vez más en la gran vanguardia combativa de esta segunda guerra de independencia continental, en momentos en que la derecha envalentonada por victorias circunstanciales cree que en la Patria Grande su mandado está hecho. Aquí resistimos, levantando la llama que igualmente mantienen encendida los otros pueblos de América, como los de Argentina y Brasil, que ya se sublevan contra las bandas de Macri y de Temer, y anuncian que, como predijo Allende, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Ya lo dijo también el Che: está gran Humanidad ha dicho basta y su marcha de gigante no podrá ser detenida. Acompañemos al camarada Maduro y digamos al mundo, tal como lo estamos haciendo: ¡Chávez vive, la lucha sigue!
En cuanto a la situación específica que anima nuestro Análisis de hoy, lo primero es destacar que la actuación írrita, inconstitucional y subversiva de la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional, desde que se instaló el 5 de enero de 2016, es el origen de la situación de desacato que ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer respetar las leyes y los poderes de la República.
La Asamblea Nacional de mayoría derechista arrancó su gestión desde ese 5 de enero con un discurso de su presidente Henry Ramos Allup, que se constituyó en una verdadera apología del delito, el cual se planteaba como tareas la rebelión contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el desconocimiento del resto de los poderes constituidos. Desde entonces, se han repetido insultos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a los rector@s del Consejo Nacional Electoral, además de ofensas escatológicas contra las damas que representan estos poderes, amenazas abiertas y agavillamiento contra ellas, con total impunidad.
Hubo amenazas concretas de salir del Presidente Nicolás Maduro absolutamente fuera de los tiempos previstos por la CRBV, amén de boicot al gobierno legítimamente constituido.
Un ejemplo palpable de las violaciones señaladas es la declaración de desacato por parte del TSJ por el hecho de haber la AN pasado por encima a la medida cautelar de sentencia 260 del mes de diciembre de 2016. En esa circunstancia, la Sala
Constitucional del TSJ afirmó que “En ese sentido, es del conocimiento de esta Sala que por diversos medios de comunicación social se dio a conocer el día 6 de enero de 2016, el hecho noticioso del cual se evidencia el incumplimiento del mandato constitucional cautelar ordenado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, referido a la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana en los cargos de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas los dos primeros, y por la Región Sur el último de los nombrados”.
El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional del TSJ confirmó una vez la situación de desacato en la que ha incurrido la AN, decidiéndose por ello que la Memoria y Cuenta anual del Presidente fuese presentada ante ese órgano rector del Poder Judicial.
El TSJ consideró que durante la instalación de la AN y la elección de la nueva junta directiva el 5 de enero de 2017, el Parlamento violó su propio Reglamento Interior y de Debates, razón por la cual todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año, “todo ello conforme a lo examinado en las sentencias números 2 y 3, publicadas el 11 de enero de 2017, por la Sala Constitucional”, declarando que “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. En este contexto, el órgano judicial ordenó a los diputados que se encontraban en omisión parlamentaria inconstitucional y en desacato a varias sentencias del Poder Judicial a que desistieran inmediatamente de tales actuaciones y ejercieran sus atribuciones conforme a la Carta Magna y al resto del orden jurídico, no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas: “La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la Junta Directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial, para que la nueva junta sea legítima y los actos de la Asamblea Nacional sean válidos, en acatamiento, entre otras, a las sentencias Nros. 808 y 810, de fechas 2 y 21-09-2016, respectivamente; la sentencia 952 del 21 de noviembre de 2016, así como también las decisiones 1012, 1013, 1014 del 25-11-2016 y la N° 1 del 06 de enero de 2017, en las que se ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones N° 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108 del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del TSJ” ¿Les parece poco?
En esa ocasión el Máximo Tribunal hizo un llamado a los diversos actores políticos de la Nación, para que utilicen la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes, fines y normas constitucionales, “en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo; toda vez que el enfrentamiento constante en todos los asuntos que les compete perjudicaría de forma ostensible al pueblo venezolano en general, sin distinción alguna, comenzando por los sectores sociales más vulnerables”. El 22 de marzo de 2017, el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, encabezado por el jefe de la bancada, Héctor Rodríguez, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad luego de que los diputados derechistas aprobaran el día anterior un acuerdo en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país. Rodríguez indicó, ante la actitud apátrida de los dirigentes de la MUD, que en el país no hay ningún acuerdo superior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y existe una democracia plena: “Solicitar la intervención extranjera representa ilícitos constitucionales y delito de traición a la Patria”.
Las reacciones de la derecha han sido furibundas. A lo interno, proclaman a viva voz que ha habido un golpe de Estado y convocan a protestas callejeras (ya hubo pequeños focos en la autopista Francisco Fajardo y frente al TSJ por parte de un grupito de diputados), aunque como ya es costumbre, la mayoría de los venezolanos ha asumió todo con calma, demostrando que en realidad les preocupa muy poco la suerte de esa Asamblea Nacional.
En el exterior, la derecha se agita por doquier. Ha habido declaraciones opuestas a las decisiones del TSJ de parte de los gobiernos de Estados Unidos (el jefazo), Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Guatemala. Chile y Perú anunciaron el retiro de sus embajadores (el barranco derechista de Bachelet es ya indetenible).
Se han pronunciado en el mismo tono representantes de la Unión Europea, el congreso de Costa Rica y voceros reaccionarios no oficiales como Oscar Arias y Mario Vargas Llosa.
Por supuesto, no podía faltar Luis Almagro, quien ha convocado una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA y ha agitado una vez más el fantasma de la Carta Democrática Interamericana.
Tiempos de cambio, tiempos de lucha, tiempos de emociones infinitas, tiempos de Revolución. No olvidemos, finalmente, que el domingo habrá una importante batalla de esta guerra en Ecuador. Veremos qué ocurre.