Una democracia es, por naturaleza, el régimen donde se realiza la justicia. La politización de la administración de justicia y el sometimiento del Tribunal Supremo de Justicia al ejercicio de la autoridad que impone Nicolás Maduro, con métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil, es tan innegable como lamentable, signo del retroceso que significa el hecho de que la política y el sentido de algunas resoluciones, dictámenes y sentencias judiciales es la urgencia de tener que recordar la imperiosa necesidad de la independencia del poder judicial y lo peor que nos puede ocurrir en esta materia es acostúmbranos al fenómeno perverso que se instaló en nuestros tribunales con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, y lo ha profundizado Nicolás Maduro, quién ha puesto punto final a la democracia en Venezuela.
Maduro, ha roto ostensiblemente el orden constitucional, en procura de sobrevivir, ante el rechazo de su pueblo. Se ha caracterizado por su carácter autocrático y su tendencia a limitar las libertades personales. Ha asumido la suma del poder público utilizando al más alto tribunal de la justicia, que se ha dedicado a implementar mansamente sus perversos designios. Pocas veces en la historia los autogolpes han utilizado como instrumento principal a los tribunales encargados de defender la democracia y las libertades que la conforman. Lo acontecido en Venezuela confirma que ello es posible.
Esta es la consecuencia de dos recientes y repudiables decisiones del Tribunal Supremo de justicia. La primera que despojó de inmunidad a los diputados elegidos por el pueblo, con la intención evidente de perseguirlos, intimidarlos y encarcelarlos. La segunda, mucho más grave, es aquella, en virtud de la cual el mencionado tribunal decidió asumir expresamente las funciones del Poder Legislativo con descaro asombroso, en lo que constituye una verdadera reforma constitucional en violación del texto de la carta magna de la nación. Es tan corrosivo que los jueces se arroguen funciones políticas como que la política influya en la justicia.
Lo acontecido no sorprende. A lo dicho se suma la decisión de posponer las elecciones regionales Es una etapa más en la consecución de poder que es su único objetivo. Queda claro que en Venezuela hoy no hay democracia, quienes conducen los destinos de la nación no gobiernan con sensibilidad social, sino con un estilo de gobierno antidemocrático. Y, la república como sistema político en el cual existen los diferentes órganos y en el que los jueces son absolutamente independientes, ha desaparecido.
A la luz de lo expuesto, así como un gobierno puede ser democrático en su origen (por haber sido elegido popularmente), pero no en su gestión cotidiana, en su ejercicio (por no atender las necesidades de sus representados), también es posible que un gobernante pueda ser democrático en su origen, pero no republicano en su gestión (por desconocer o no asegurar la división de poderes)
El problema es, en cambio, la salud de la nación, de la democracia como forma de gobierno, como estilo de conducción. Aquí, no sólo el examen diagnóstico es absolutamente negativo, sino que además las perspectivas son desalentadoras. Venezuela es un país prácticamente destruido.
En estas condiciones, estableciendo una comparación con un paciente enfermo, se podría decir lo mismo que la República Bolivariana de Venezuela, como sistema de gobierno, está internada en terapia intensiva, con respirador artificial y pronóstico reservado. A los ciudadanos, en cuyo beneficio se instauro la división de poderes, solo les queda la esperanza y una opción: Luchar y rezar en las calles para que se realicen las elecciones para que la República no termine de perderse, pues hoy lo único que está en pie es el Poder Legislativo.