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Nicmer Evans: Las razones económicas del autogolpe institucional

El gobierno de Maduro ya había logrado su objetivo político, neutralizar la Asamblea Nacional (AN), que sin mayor resistencia había entregado su victoria, el Referendo Revocatorio y la calle, a cambio de un mayor debilitamiento del gobierno y del chavismo y el socialismo como ideologías, y la aplicación de medidas económicas antipopulares que facilitaran su victoria y gobierno a partir del 2019.

Sin embargo, dos sentencias excedidas en el marco del acuerdo entre una parte del gobierno y otra de la MUD, precipita la desconfianza de estos últimos en cuanto a la vocación ya no sólo totalitarista del gobierno, sino prodictatorial. Esta era y sigue siendo la preocupación primordial de la cúpula de la MUD, pero nadie miró el fondo de la sentencia aparte de Marea Socialista y la Plataforma por la defensa de la Constitución, quienes se pronuncian de inmediato a la salida de la sentencias 155 y 156. De la primera por la trampa autoritaria de poder sumarialmente señalar a cualquiera de “traidor a la patria” y en la segunda sentencia por la violación flagrante de la Constitución ante la concreción de la omnipotencia del presidente de poder comprometer al país en empréstitos, créditos adicionales, endeudamiento y concesiones que van más allá de su facultad y del TSJ.

El gobierno, entrampado en lo político, dejó de lado que solo no podría persuadir a sus aliados de facilitar más dinero fresco si no existía la garantía de que, saliera o no Maduro, las deudas fueran honradas y las inversiones garantizadas en especial para el retorno de las ganancias. Por ello, en lugar de corregir el desacato a la Asamblea Nacional y renegociar la aceptación del legislativo de estos asuntos económicos, prefirió huir hacia adelante para terminar de disolver la AN, cosa que por cierto aún se mantiene, a pesar de la “resolución del impasse” que condujo a la sentencia 157 que de un plumazo borra un par de párrafos para terminar de admitir la ausencia de separación de poderes, y además no corregir absolutamente nada en la realidad.

Este autogolpe de Estado institucional fue y es económico, y gira en torno a la sed que genera la escasez de divisas de la renta petrolera. En especial China, el principal país acreedor de deuda venezolana fuera de los bonos soberanos y de PDVSA, ha ejercido fuerte presión para garantizar que se le sea pagado hasta el último préstamo a Venezuela, pero la resolución del gobierno no contó con la variable: Luisa Ortega Díaz, que genera un punto de inflexión al declarar lo que todos sabíamos, pero que en la boca de la Fiscal suena muy duro; se rompió el hilo constitucional, y agrego yo que parece no volverse a juntar más.

Sin vuelta atrás, las causas económicas son absolutas, pero las políticas siguen dando de qué hablar y lo único que puede resolver destrabar este juego, sigue siendo la movilización de los sectores sociales organizados y autónomos ante los partidos políticos y los sectores económicos, exigiendo cambios de verdad, algo difícilmente viable a corto plazo.

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