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Manuel Fernández: Tarek William Saab no es Defensor del Pueblo, es el Defensor del gobierno

Históricamente los Poderes Públicos han servido al Todo Poderoso gobernante. ¿A quién acudir cuando el Todo Poderoso gobierno actúa como dictadura, que no sea la Corte Celestial?

Según la doctrina bolivariana basada en el pensamiento y obra del Libertador Simón Bolívar, los tres Poderes Públicos tradicionales, más el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, deben actuar en completa autonomía e independencia uno del otro.

Pero en la práctica, los gobernantes han sometido al resto de los poderes públicos durante toda la historia, y que, “republicana” de Venezuela. Con Chávez y Maduro no podía ser la excepción. En el pasado, cuando el gobierno tenía la mayoría del parlamento (diputados y senadores), entonces el jefe del Poder Ejecutivo o Presidente, manipulaba y compraba con contratos y demás prebendas a los parlamentarios para meterlos en su “cinto”, con la finalidad de que sirvieran a sus intereses y así no tener que enfrentar trabas  en la aprobación de proyectos de leyes o para que votaran en el Congreso Nacional a su favor en cualquier amonestación o interpelación. El Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) y el Consejo Supremo Electoral también actuaban respondiendo a los caprichos y a la voluntad del Presidente, tapándole las irregularidades administrativas del gobernante y sus triquiñuelas electorales.

En los 18 años  del chavismo-madurismo las cosas no cambiaron, al contrario, empeoraron, pues los cuatro Poderes Públicos actuaron amarrados a la voluntad del “Todo Poderoso” Presidente, respaldando todas las marramuncias  de la cúpula del PSUV y el gobierno. En el 2015 el gobierno perdió el Poder Legislativo, pero continuó controlando el Poder Judicial (TSJ), el Poder Electoral (CNE) y el Poder Ciudadano o Moral, al contralor, al Procurador y al Fiscal General de la República. ¿A quién acudir en caso de una monstruosidad  jurídica y judicial del TSJ; de violaciones a los derechos humanos, políticos y sociales por parte del Poder Ejecutivo (gobierno); de la incapacidad, negligencia y falta de imparcialidad y neutralidad del Poder Ciudadano o moral y del Poder Electoral; en caso de la incompetencia  e inoperancia del Poder Legislativo, y en general de la falta de probidad y honestidad de los cinco Poderes Públicos? ¿Cómo queda la independencia de los Poderes Públicos que fueron reafirmados por el pensamiento bolivariano? ¿Cómo puede haber independencia de los Poderes Públicos, si el Presidente y su partido político que controla el parlamento,  por ser mayoría en diputados, escogen al Procurador, Contralor, al Fiscal General de la República, al Poder Electoral (CNE), y al Poder Judicial (TSJ)? No hubo en el pasado ni en el presente, ni habrá en el futuro independencia mientras estos Poderes Públicos y los demás órganos del Estado sean escogidos por voluntad e intereses de los partidos políticos, y no por el soberano (el pueblo). Es por eso que Tarek William Saab no puede estar defendiendo  los intereses de la nación y de los ciudadanos, sino los intereses del gobierno, de su partido político y de la oligarquía surgida del gobierno. Tarek no es Defensor del Pueblo, sino Defensor del gobierno, contradiciendo el espíritu de la CRBV, según la cual el gobierno debe estar sometido por el pueblo o soberano.

El VI Poder Constituyente Originario y Permanente vendría a erradicar esta anomalía institucional, ya que todos los Poderes Públicos serán escogidos por el pueblo (el soberano) en elecciones directas, secretas y universales, como hasta ahora se ha hecho con la elección del Presidente y el Poder Legislativo (AN). Se equivoca, o intencionalmente vocifera por Diosdado Cabello, al mentir diciendo que para juzgar y reemplazar a los magistrados del TSJ por haber provocado la ruptura del orden constitucional, se debe hacer una “investigación profunda” por parte del Poder Moral o Ciudadano. ¡Que descabellada idea tiene Diosdado, de apelar al Defensor del Pueblo, sabiéndose que el titular de ese Poder Público es Tarek William Saab y que él está amarrado incondicionalmente al gobierno nacional por ser de su mismo partido PSUV! Y para colmo, este “Defensor del Gobierno” comete la barbaridad de responder que es improcedente la solicitud de abrir una investigación a los magistrados de  la Sala Constitucional del TSJ, por haber roto el orden Constitucional al anular de un plumazo a la Asamblea Nacional, lo que demuestra que este Poder Público también está amarrado al gobierno nacional. ¿Por qué el Defensor del Pueblo no asume esta responsabilidad, y por qué no solicita a la Fiscalía una investigación sobre las actividades de los colectivos armados y pide que sean desarmados y declarados ilegales; por qué no solicita a la Fiscalía una investigación acerca de las facilidades que le da el gobierno a las manifestaciones que se hacen a su favor y la represión policial y militar contra las   manifestaciones pacíficas que se hacen contra los gobernantes y demás Poderes Públicos; por qué no solicita a la Fiscalía una investigación de todos los actos de corrupción administrativa y los trámites para reclamar los miles de millones de dólares que testaferros de los gobernantes se han llevado del país?

Con el VI Poder Público Constituyente y originario, todos los Poderes Públicos Constituidos deberán actuar ajustados a la ley y a la Constitución Nacional, y desarrollarán la moral y la ética verdaderamente patriótica, nacionalista y republicana, es decir bolivariana; y estarán sometidos de verdad al soberano a través de ese VI Poder Constituyente originario, y podrán ser revocados de sus cargos ya que los partidos políticos no podrán manipular y entorpecer los procesos revocatorios. De esa forma tendremos un Poder Ciudadano o Moral con un Defensor del Pueblo que realmente sea para defender al pueblo, y no un Defensor del Puesto como hemos tenido hasta hoy.

Manuel Fernández, miembro de la dirección del movimiento popular democrático, MPD. Caracas, Venezuela, 08 de abril de 2017.

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