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Ex miltar venezolano acusado de poner bombas en Caracas condecoró a Luis Almagro con la orden Rómulo Betancourt

José Antonio Colina condecorando a y Luis Almagro.

Un exmilitar venezolano acusado de terrorismo, José Antonio Colina, encabezó este jueves un acto de “homenaje” a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se le entregó la “orden Rómulo Betancourt”. Colina, junto a Germán Varela, huyeron de Venezuela en 2003 luego de ser solicitados por el Ministerio Público, por presuntamente haber colocado bombas en el edificio Caracas Teleport de Caracas, así como en el consulado de Colombia y la embajada de España en la capital venezolana. Ese mismo año huyeron a Estados Unidos, país que les brinda protección.

Almagro fue galardonado este jueves en Doral, Florida (Estados Unidos) con la Orden del Exilio Venezolano “Rómulo Betancourt”, que fue entregada por el propio Colina, según reseñó El Nuevo Herald.

Al igual que Betancourt, como latinoamericano, y como demócrata, yo también sufro los dolores de Venezuela”, manifestó Almagro al recibir la medalla otorgada por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), una organización que fue fundada y es dirigida por Colina.

Luis-Almagro

“Tiene que cesar ya la represión en Venezuela. Tiene que cesar ya las acciones criminales de las fuerzas llamadas del orden pero que son las fuerzas del caos y de la destrucción del país”, manifestó Almagro.

Curiosamente, el edificio Caracas Teleport, donde explotó en 2003 una bomba presuntamente colocada por Colina y Varela, era la sede de la mesa de negociación y acuerdos entre el gobierno y la oposición, auspiciada en ese momento por la OEA y el Centro Carter.

Colocaron bombas en Caracas

El 12 de abril de 2003 explotó un artefacto explosivo en el edificio Caracas Teleport en Plaza Venezuela, donde funciona una de las dos sedes en la capital venezolana del Consejo Nacional Electoral (CNE) y donde, en aquel momento, se reunía una Mesa de Negociación y Acuerdos entre el gobierno y la oposición, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Por ese suceso y otros atentados contra la embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas, el Ministerio Público libró una orden de detención en noviembre de 2003 contra los militares José Colina Pulido y Germán Rodolfo Varela por “la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, contra el orden público y contra la conservación de los intereses públicos y privados”.

Ambos huyeron a Estados Unidos. Colina y Varela fueron detenidos por solicitud de los organismos competentes en Venezuela, pero de inmediato fueron representados por el abogado Matthew Archambeault, que defendía también al terrorista internacional Luis Posada Carriles. La Agencia Norteamericana de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) descartó los cargos contra ambos a solicitud del propio Departamento de Estado norteamericano. Luego de solicitar asilo político, fueron liberados del centro de Detención de Krome en abril del 2006.

En la actualidad Colina dirige una organización, “Grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex)”, que recibe dólares del Senado norteamericano para recibir en Estados Unidos a venezolanos autodeclarados “exiliados” o “perseguidos políticos”. Es entrevistado frecuentemente en las televisoras de Miami.

Germán Varela vive protegido en Estados Unidos y es entrevistado frecuentemente por CNN en Español como “experto en seguridad”, dado su pasado como teniente de la Guardia Nacional venezolana. La más reciente entrevista ocurrió en el programa “Conclusiones” de Fernando del Rincón el pasado 11 de abril.

Betancourt, modelo para Almagro

Rómulo Betancourt, expresidente venezolano entre 1959 y 1964, es uno de los fundadores del partido Acción Democrática. Aunque Almagro lo califica de demócrata, a Betancourt se le recuerda en Venezuela por gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en su gobierno. Inició una gran persecución contra los sectores de izquierda, ilegalizando al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una división de izquierda de Acción Democrática surgida en 1960.

“En el año 1961, con el gobierno de Rómulo Betancourt, se implementó en Venezuela la figura de la desaparición forzada”, señala el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, publicado en 2017. “El primer caso documentado fue el del estudiante Alberto Rudas Mezones, asesinado durante una manifestación, cuyo cadáver fue secuestrado en pleno velorio y jamás devuelto a sus familiares, por las autoridades de la época. Inicialmente, esta figura represiva —la desaparición forzada— estuvo dirigida hacia la desaparición de militantes revolucionarios que caían en combate, pero posteriormente se centró en la desaparición de campesinos, buscando con ello golpear la base social de las guerrillas”.

El citado informe también señala que, de 1.637 días de gobierno de Betancourt, el pueblo venezolano estuvo 542 días con las garantías suspendidas.

Aunque el propio Almagro criticó un supuesto uso del Presidente Maduro de leyes militares para enjuiciar civiles, que nunca se ha dado, Rómulo Betancourt sí lo hizo sin problemas. Según el citado informe, Betancourt usó el Código de Justicia Militar como instrumento legal de represión política que se aplicaba a civiles,  cuando en 1963 “ordenó el arresto de los parlamentarios del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, después de las acciones del tren de El Encanto. Sin tener evidencia que demostrara la participación de los parlamentarios en este hecho, y violando los trámites legales establecidos para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Se les acusó de rebelión militar y se procedió a arrestarlos y someterlos a juicio”.

El informe añade que “las principales ciudades del país eran tomadas militarmente cada vez que se realizaban manifestaciones; entre éstas se encuentran Coro, Barquisimeto, Mérida, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz, Maracaibo, El Tocuyo, La Guaira, Caracas, Ciudad Bolívar, Cumaná, San Cristóbal y San Felipe. Estas tomas militares podían mantenerse hasta por un mes para evitar manifestaciones, desarrollando con ello una política de terror hacía la población y generando un ambiente de aceptación implícita (condicionamiento operante) de estas prácticas. Las manifestaciones callejeras van a predominar entre los años 59 al 62 y serán reprimidas desproporcionadamente. Esta noticia nos sirve de ilustración para tal afirmación (26 de enero 1962, diario Últimas Noticias): «Treinta muertos, 137 heridos y más de 3.560 detenidos es el balance de cuatro días de disturbios en Caracas»“.

Las manifestaciones estudiantiles (fueron) reprimidas con una fuerza desproporcionada, ocasionando numerosos muertos, heridos, detenidos y torturados. Muchos de estos detenidos fueron expulsados de su institución educativa, se les aplicó la Ley de Vagos y Maleantes y fueron recluidos en las Colonias Móviles de El Dorado, sometiéndolos a trabajos forzosos. Noticias como ésta se hicieron comunes (2 de marzo de 1962, Últimas Noticias): «Por participar en manifestaciones estudiantiles, la Universidad de los Andes expulsa a 154 estudiantes». Así se les prohibía su derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, el derecho al estudio y el derecho a la organización estudiantil”.

Betancourt acuñó las frases “Disparen primero y averigüen después”, y decía textualmente: “disparen y no al aire” contra cualquier persona o grupos de personas que se encontraran manipulando explosivos caseros y bombas molotov. Agregaba que debían disparar contra “revoltosos y amotinados”. Así lo señaló el activista por los derechos humanos Aldemaro Barrios, quien fue miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, en entrevista con el Correo del Orinoco.

En lo económico, Betancourt se lanza a fondo con medidas antipopulares en lo económico, político y social. Exoneró de pago de impuestos a las transnacionales, inició la política económica de sustitución de importaciones y eliminó el Plan de Emergencia (proyecto llevado a cabo por la Junta de Gobierno, que tenía como fundamento el aprovechamiento de la renta petrolera para paliar el grave desempleo que dejó la dictadura) por el cual, miles de trabajadores desempleados obtuvieron empleo y pudieron tener sustento en la grave situación económica que se vivía. Con esta última medida del presidente Betancourt, estos trabajadores fueron lanzados a la calle.

Además, se rebaja en un 10% el sueldo de los empleados públicos, lo que trajo como consecuencia manifestaciones estudiantiles y obreras que son disueltas con extrema violencia, dejando un importante saldo de muertos, heridos y detenidos.

La manifestación de desempleados ocurrida en la plaza La Concordia (Caracas) el 4 de agosto de 1959, a escasos cinco meses de la toma de posesión de Betancourt, tuvo un número trágico de cuatro obreros asesinados que, con el transcurrir de la semana, aumentó a doce, además de numerosos heridos y detenidos por estos hechos.

 

 

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