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Venezuela y su posible retiro de la OEA; por Mariano De Alba

 

En la noche del martes 25 de abril, la canciller Delcy Rodríguez anunció que Venezuela iniciaría el procedimiento de retiro de la OEA “si dicha organización realiza una reunión de cancilleres que no cuente con el aval del gobierno venezolano”. Justamente el Consejo Permanente de la OEA tendrá una reunión el miércoles 26 de abril para decidir si convoca esa reunión ministerial que tendría por objeto discutir la situación en Venezuela.

Por Mariano de Alba

Conforme a la Carta de la OEA, para que dicho retiro se haga efectivo tendrían primero que transcurrir dos años contados a partir del momento que el gobierno notifique la decisión. Sin embargo, nada obsta para que una vez sea notificada la decisión de retirarse la delegación de Venezuela deje de participar en la organización[1], cerrándose así un importante canal de comunicación y debate con el resto del continente.

El procedimiento para retirarse de la OEA

Según dispone el Artículo 143 de la Carta de la OEA, los países miembros efectivamente tienen la posibilidad denunciar dicha Carta para concretar su retiro de la organización. No obstante, para que el retiro surta efectos jurídicos, debe seguirse el procedimiento concreto que detalla dicho artículo a saber:

1. Venezuela tendría que anunciar su decisión de denunciar la Carta de la OEA mediante una comunicación escrita a la Secretaría General de la organización, que a su vez tendría que remitirla a los países miembros;

2. Una vez que transcurran dos (2) años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba la notificación de denuncia, es entonces cuando la Carta de la OEA dejaría de ser de obligatorio cumplimiento para Venezuela, con lo cual el país quedaría desligado de la OEA.

¿Cuáles serían las implicaciones de esta decisión?

En teoría, la norma explicada anteriormente traería como consecuencia que hasta tanto no se cumplan esos dos años, el resto de los países miembros pueden continuar discutiendo y tomando decisiones sobre la situación en Venezuela, las cuales serían de obligatorio cumplimiento hasta tanto no se haga efectiva la denuncia. Esto incluiría naturalmente cualquier decisión en el marco de la Carta Democrática Interamericana, la cual es una resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, en la práctica la OEA no tienen ningún mecanismo para imponer el cumplimiento de sus decisiones dependiendo esto finalmente de la voluntad de cada Estado. Por ende, nada obsta para que al momento en que Venezuela notifique su decisión de abandonar la OEA, la misión venezolana deje de participar en las reuniones de la organización y haga caso omiso a cualquier pronunciamiento o decisión que provenga de la OEA.

Si este fuese el caso, en primer lugar, se cerraría un importante espacio de comunicación y debate entre el régimen venezolano y los demás países del continente. Pero ello no sería sustancialmente distinto a lo que se ha venido observando durante los últimos años, pues el gobierno venezolano ha descalificado recurrentemente a la OEA como un foro legítimo para los temas de la región argumentando la presencia de Estados Unidos, desconociendo la legitimidad de las decisiones que no comparte y tratando de redireccionar cualquier discusión a organizaciones creadas por el impulso de Hugo Chávez como UNASUR [2], la CELAC [3], ALBA-TCP, entre otras.

En segundo lugar, esta eventual decisión supondría un costo importante para la imagen internacional del gobierno, convirtiéndose Venezuela en el primer país del continente que decide abandonar voluntariamente la organización. Tan es así que el pasado 4 de abril, el representante de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, declaraba que si Venezuela se retiraba de la OEA “el costo de salida va a ser mayor que el costo de dar la pelea adentro”. Casi la totalidad de países de la región coinciden que en Venezuela hay una grave crisis que debe ser atendida, aunque hay discrepancias sobre qué papel deben jugar los demás gobiernos. Por ende, inclusive para los gobiernos con estrechas relaciones estrechas con el régimen, la salida de la OEA podría ser interpretada como una demostración de falta de voluntad para resolver la crisis, y un indicativo de la intención del régimen de radicalizarse.

En tercer lugar, el retiro inmediato de Venezuela en la OEA una vez concretada la denuncia obligaría al grupo de países que están buscando ejercer presión internacional decidir cómo abordar la situación. Podrían seguir haciéndolo en la OEA sin la presencia de la misión venezolana, podrían empezar a actuar en el ámbito de sus relaciones bilaterales con Venezuela o podrían tratar de migrar la discusión a otras organizaciones internacionales. De hecho, la amenaza de la canciller Delcy Rodríguez es un mecanismo de presión para que la situación no se discuta la OEA sino en la CELAC, donde ya se ha convocado a una reunión de cancilleres para el próximo 2 de mayo. No obstante, el problema que tiene la CELAC y otras organizaciones como la UNASUR es que las decisiones deben ser tomadas por consenso, por lo que es muy difícil tomar una decisión sin el consentimiento del régimen y de sus gobiernos aliados como Nicaragua y Bolivia, respectivamente.

En cuarto lugar, es probable entonces que la presión internacional se trasladaría al ámbito bilateral, con cada gobierno de la región decidiendo si toma acciones como eventualmente llamar a consultas o retirar sus embajadores en Caracas o desconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y cesar las relaciones diplomáticas. Sin embargo, no existe garantía que dichas medidas tendrían éxito ejerciendo presión internacional y hay temor en varios gobiernos de la región que lo único que lograrían sería aislar más al régimen, reduciendo la capacidad de influencia de la comunidad internacional. Por otro lado, la salida de Venezuela de la OEA tampoco impediría que los gobiernos sigan emitiendo comunicados críticos sobre la situación, bien sea de forma unilateral o grupal.

En definitiva, una eventual salida de Venezuela de la OEA aislaría aún más al régimen de Nicolás Maduro y cerraría un espacio de debate con los demás gobiernos de la región, pero no eliminaría la posibilidad que la presión internacional siga dándose a través de otras vías. Contrario a lo que ha declarado la canciller Delcy Rodríguez, lo único que está solicitando un buen grupo de países de la región es que se respete la Constitución de 1999, concretado esto en un respeto al derecho a la manifestación pacífica, a las facultades de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el establecimiento de un calendario electoral.

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[1] Es posible –aunque poco probable– que de darse la denuncia a la Carta de la OEA el régimen continúe participando en la OEA hasta que transcurra el lapso de 2 años. Por ejemplo, a pesar que el expresidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de septiembre de 2012, haciéndose la denuncia efectiva el 10 de septiembre de 2013, incluso luego de esta última fecha, representantes del Estado venezolano han participado en las audiencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a Venezuela.

[2] Los países miembros de UNASUR son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

[3] Los países miembros de la CELAC son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

 

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