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Mario Villegas: Los ovarios sobre la mesa

Cada día que pasa cobra más trascendencia la categórica afirmación de la fiscal Luisa Ortega Díaz según la cual en Venezuela se produjo un rompimiento del orden constitucional.

De aquella declaración de la titular del Ministerio Público ya ha transcurrido un mes, pero sus palabras aún resuenan, y cada vez con más fuerza, en todo el territorio nacional y en todos los escenarios del planeta en los que se habla de la gravísima crisis política, económica y social que vive nuestro país.

Su testimonio, así lo sostengo, pesa tanto o tal vez más que el que en el mismo sentido han venido dando los voceros de la oposición a lo largo de mucho tiempo.

Se trata nada más y nada menos que de la Fiscal General de la República, la cabeza de uno de los órganos más importantes del Poder Ciudadano. La misma persona que el 24 de marzo, una semana antes de su célebre declaración, había concitado una vez más el aplauso y el reconocimiento del gobierno y del liderazgo chavista al presentar el informe final de la “Comisión de la Justicia y la Verdad” que investigó las violaciones a los derechos humanos entre 1958 y 1998, el periodo en que adecos y copeyanos gobernaron al país. Al hacer público ese informe de 800 páginas producto de cuatro años de investigación, la rubia funcionaria brilló para el oficialismo como una verdadera heroína.

Pero hete ahí que en la Venezuela de hoy las cosas cambian de un día para otro.

A los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se les ocurrió emitir el 28 y el 29 de marzo las sentencias 155 y 156 que, respectivamente, terminaron de liquidar la ya precaria inmunidad parlamentaria y despojaron de un solo plumazo de sus competencias al mil veces vapuleado y desacatado Poder Legislativo.

Como era de suponerse, la Asamblea Nacional, los partidos de la oposición y numerosas voces de la sociedad democrática, reaccionaron de inmediato para calificar como un golpe de estado semejante desafuero del máximo tribunal.

Nadie esperaba, sin embargo, que en muy pocas horas ocurriese algo que echara para atrás a esas sentencias. Pero ocurrió. En el marco de una rueda de prensa convocada para rendir cuentas sobre su gestión institucional, la fiscal Ortega Díaz agarró al toro por los cachos y, sin evasiones, sin dilaciones, sin medias tintas, les dio el puntillazo final.

Con sus declaraciones, transmitidas en vivo por un sorprendido sistema nacional de medios públicos, la funcionaria puso contra la pared no solo a los magistrados del TSJ, sino incluso al mismísimo presidente Nicolás Maduro y a su gobierno, quienes de inmediato trataron de corregir lo que es jurídica, política y moralmente incorregible. El rompimiento del orden constitucional constituye un delito y comporta consecuencias penales que de ninguna manera pueden ser eludidas con una pretendida y antijurídica rectificación de las sentencias.

Era de esperarse que desde el oficialismo se iniciara, como en efecto ha ocurrido, una soterrada campaña de descrédito contra la fiscal. Curiosamente, también desde sectores ultrarradicales de la oposición se desató una ola similar: que si es una trampa, un trapo rojo, que si ella es una inmoral, que si actuó en componenda con Maduro para simular la independencia de los poderes, que si no se debe magnificar lo que hizo, que si no es un favor ni una concesión, que si apenas cumplió medianamente con su deber…

Más allá de que la fiscal haya podido ser, como en efecto fue, una pieza fundamental en la implantación del proyecto chavista, lo cierto es que lo que hizo hecho está y debe dársele su justa dimensión. No magnificar, pero tampoco disminuir su tremenda relevancia. Midámoslo por sus resultados. El inusual recule del gobierno, el gran impulso que ha tenido el accionar de la comunidad internacional y la gran fuerza que han adquirido las movilizaciones populares en todo el país por la restitución del orden constitucional, tienen como uno de sus principales desencadenantes y legitimadores precisamente la valiente posición asumida por esta fiscal a la que muchas veces criticamos pero que, a no dudarlo, esta vez dio una lección de rectitud institucional a sus colegas del Poder Ciudadano y demás titulares de los poderes públicos.

Por si fuera poco, esta semana la fiscal Ortega Díaz volvió a dar declaraciones muy equilibradas y a referir actuaciones del Ministerio Público que confirman el rumbo institucionalista que al parecer le ha impuesto a su despacho. Por algo será que esta vez ni Venezolana de Televisión ni demás medios del sistema público se atrevieron a transmitir en vivo su rueda de prensa.

Lo que está a la vista no necesita anteojos. Solo los miopes no lo ven. Y también, por supuesto, los que no lo quieran ver.

@mario_villegas / mariovillegas100@gmail.com

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