La capitulación, según la Real Academia Española es un “Convenio en que se estipula la rendición de un ejército, plaza o punto fortificado”.
Para Chávez la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) era no sólo un “punto fortificado” sino el “arma” de su ejército, era la plaza o ágora de encuentra para el desarrollo de la democracia participativa y protagónica, y cuando el presidente Maduro decide activar un nuevo proceso constituyente, que claramente implica la creación de una nueva Constitución, sin haber podido cumplir con el respeto de aquella emanada del pueblo junto a Chávez en su conducción política, claramente estamos ante una rendición, un reconocimiento de la incapacidad de ejecutar el proyecto trasferido, la entrega del “punto fortificado”, de la plaza o ágora de la democracia participativa.
Pero esto no es nuevo, sino por el contrario, ha sido sistemático. Las primeras señales se encuentras en las reiteradas Leyes Habilitantes, que tuvieron como fin generar entre otras, un conjunto de leyes que crearon la figura de “las zonas económicas especiales” que tenían como fin crear territorios libres de la constitucionalidad vigente, para garantizar a los capitales trasnacionales su libre instalación creando regímenes económicas distintos a los establecidos en las leyes derivadas de la (CRBV).
De inmediato, se activan los “Estados de Excepción” que suspenden algunos de los derechos básicos de la CRBV en nombre de la resistencia a una “Guerra Económica”, para de inmediato avanzar en el decreto del Arco Minero del Orinoco, que garantiza la entrega de soberanía del 12% del territorio venezolano para la explotación trasnacional de nuestras materias primas.
Si a esto le sumamos la clara vulneración del derecho a aplicar el Referendo Revocatorio, y la negación a desarrollar las elecciones regionales establecidas constitucionalmente para el año 2016, e incorporamos la tapa del frasco: las sentencias 155 y 156 del TSJ que disuelven la Asamblea Nacional de hecho, con el fin de transferir al Ejecutivo un conjunto de facultades que en la CRBV no tiene: las atribuciones de endeudamiento y convencimiento de desarrollo de empresas mixtas e inversión transnacional en el país, entonces podemos comprender que la Fiscal Luisa Ortega Díaz reaccionó con base en una retahíla de hechos que confirman la ruptura del hilo constitucional.
Ya habiendo el presidente Maduro forzado cualquier barrera de contención institucional, la CRBV no le es útil (ni siquiera porque es la “herencia” de Chávez) para la preservación del poder, ya que cuando tu obsesión es la preservación del poder como sea, ya no existe proyecto político alguno que defender, y ante la llamada “Guerra Económica”, capitula, ante lo que claramente Chávez advirtió el 8 de diciembre de 2012:
“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria.”
Capitula para restaurar el capitalismo, como ya lo ha venido haciendo, pagando la deuda externa, a cambio de la muerte por desnutrición y mengua de los venezolanos.