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Gobierno actúa con absoluta arbitrariedad para inhibir la protesta

BBC mundo – LEO ÁLVAREZ
Un GNB al volante de una tanqueta arrolló el miércoles a Pedro Yammine, de 22 años, y le causó múltiples fracturas

 

ONG advierten que cuerpos de seguridad usan dispositivos de disuasión para causar el mayor daño posible y aplican patrones de castigo contra quienes exigen respuestas al Estado

Una sirena suena incesantemente. Tres GNB en la escena.

Uno apunta y dispara su arma de bombas lacrimógenas de forma horizontal. Otro intenta maniobrar su moto. El tercero se cubre con un escudo antimotín. Los tres caminan de espaldas. Se ve la trompa de una tanqueta que también retrocede, lentamente. El de la moto cae el suelo. Se levanta. Aparecen 15 manifestantes con los rostros cubiertos que avanzan rápidamente sobre la moto en el piso y sobre el GNB que disparaba, que ahora no dispara sino que usa su arma como un bate de beisbol. Entonces, la tanqueta que ya estaba fuera del cuadro reaparece a toda velocidad y se lleva por el medio a la moto y a uno, dos, tres manifestantes.

Los demás logran apartarse.

La tanqueta avanza con la moto atascada en el chasis. Una molotov explota en el capó. La tanqueta retrocede. Otra molotov estalla a su derecha en el asfalto. Retrocede. Una última molotov le estalla en el vidrio frontal. La sirena no se detiene. La tanqueta desaparece de la escena.

El momento que causó el asombro y la condena de la opinión pública fue registrado el miércoles durante la represión de la novena marcha de la oposición realizada en los últimos 30 días, en rechazo a la ruptura del orden constitucional. No hubo víctimas mortales, pero uno de los arrollados, Pedro Yammine, de 22 años de edad, quedó muy grave.

Los defensores de derechos humanos, Rafael Uzcátegui (Provea) y Nizar el Fakih (Proiuris), afirman que la represión del Estado contra las manifestaciones del último mes no solo muestran patrones sistemáticos de acción, sino que van en escalada y apuntan hacia la suspensión de facto del derecho de manifestar.

“La escena de la tanqueta forma parte de una tendencia que hemos alertado hace varias semanas y es que se están usando mecanismos y dispositivos de disuasión con la intención de causar el mayor daño posible a los manifestantes. Como el costo político del uso de balas es muy alto lo sustituyen, por ejemplo, por el disparo de gases lacrimógenos directo al cuerpo, el disparo de perdigones a corta distancia, el uso de metras o plomos en lugar de balas y otras prácticas similares”, dijo Uzcátegui. Precisó que en las últimas movilizaciones ya se habían usado tanquetas para impedir el avance de las marchas y hacerlas retroceder, pero no habían llegado al punto de arrollar a las personas.

“Estamos ante una dictadura y lo que estamos viendo son los mecanismos de la dictadura para inhibir a los manifestantes a expresar su desagrado con la gestión de gobierno”, indicó.

Uzcátegui fue enfático al señalar que tales actuaciones de los funcionarios de seguridad no son simples delitos enmarcados en el Código Penal, sino que son violaciones de los derechos humanos que tienen que ser investigadas por el Ministerio Público porque incumplen leyes y convenios nacionales e internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza.

Ratificó que por la comisión de tales violaciones son responsables los funcionarios que las cometieron (el que dispara a quemarropa, el que conduce la tanqueta, el que golpea o tortura), sus mandos directos, los altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana “y también la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe de la FANB”.

Ayer expertos y fiscales del Ministerio Público hicieron las inspecciones del lugar donde Pedro Yammine fue arrollado. Al momento del cierre de esta nota se encontraba entubado, con 7 fracturas en costillas y brazo derecho, los pulmones perforados y sedado.

Patrones repetidos

La ONG Proiuris ha identificado cinco patrones en la actuación del Estado, que en opinión Nizar el Fakih solo tiene un objetivo: “El intento por suspender de facto el derecho a la manifestación”.

Esos patrones son: criminalización de antemano de los que van a manifestar, cierre de vías públicas para impedir la concentración, bloqueo de rutas para impedir a los manifestantes llegar al destino de la protesta, represión incluso antes de agotar las vías de mediación y detenciones arbitrarias.

“Altos representantes del gobierno criminalizan de antemano a los que marchan y a los que convocan, siempre que no sean del gobierno, lo cual es una absoluta arbitrariedad”, afirmó.

Con respecto a la represión propiamente dicha, el defensor de derechos humanos señaló que las fuerzas de orden público han mostrado un cambio en su lógica de actuación que ya no es disuasiva sino de castigo y persecución: “El policía, creyendo que tiene la potestad, persigue al manifestante hasta donde sea porque su objetivo es castigarlo. Entonces lanza lacrimógenas en calles, residencias, casas, cerca de centros clínicos o escuelas como parte de la persecución y afecta a embarazadas, niños y ancianos de forma indiscriminada”.

En el contexto de las protestas que comenzaron en abril, 23 personas han muerto víctimas de esos patrones de persecución y mayor daño posible. El caso más reciente es el de Armando Cañizalez, de 17 años de edad, que falleció cuando le dispararon una bomba lacrimógena que le impactó en el cuello.


Solidaridad

La Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, emitió ayer un breve comunicado en el que condena la muerte de adolescentes en Venezuela.

“La pérdida prevenible de vidas es inaceptable, y es más trágica aún cuando son jóvenes y de forma violenta. Desde Unicef nos solidarizamos con las familias de cada persona, y particularmente de cada adolescente, que ha perdido su vida en los acontecimientos en Venezuela en las últimas semanas. Reiteramos nuestro llamado para que se asegure la apropiada protección de la niñez y la adolescencia en cualquier contexto”, dice el texto.

De acuerdo con el Ministerio Público, desde el 4 de abril han sido asesinados tres menores de edad entre 14 y 17 años.

 

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