Su injustificable negación al diálogo, para retomar la hoja de ruta institucional y electoral que nos permita superar el conflicto político, aprobada en noviembre de 2016, es una demostración más de que han abandonado el camino de la democracia y de las elecciones.
La decisión de la dirigencia de la MUD de escalar hacia la violencia armada enluta de nuevo a decenas de familias venezolanas y hace que la Patria toda llore a sus hijos e hijas, la mayoría jóvenes. Nada justifica una indolente estrategia política de acumulación de compatriotas asesinados, cualquiera sea su posición.
Atendiendo la opinión de la inmensa mayoría de la población que rechaza la violencia y demanda una solución política al conflicto, el Presidente Nicolás Maduro ha tomado la iniciativa constitucional, de acuerdo al artículo 348 de la Carta Magna, de convocar al Poder Originario, el pueblo, a postular sus candidatos y candidatas para ser electos y electas de manera universal, directa y secreta como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ya prevista en el artículo 347 de nuestra Constitución Bolivariana.
Es un sublime esfuerzo para convocar a los más amplios sectores de la vida nacional y encontrar un espacio para el diálogo político, la democracia y la paz que nos vacune contra la estrategia de odio, violencia y muerte ejecutada por la MUD, cumpliendo de manera cipaya las órdenes de los halcones del Pentágono.
La inmensa mayoría de los asesinados, en estos últimos 40 días, lo han sido por francotiradores, pistoleros con armas de fabricación casera y explosivos al servicio de los grupos violentos. Alguien tiene que reflexionar, alguien tiene que rectificar en esa dirigencia opositora para frenar la muerte y hacer florecer la paz y con ello la vida. Alguien tiene que asumir la responsabilidad del dolor causado a los familiares de las víctimas y a la Patria toda. Alguien tiene, por fin algún día, que pedir perdón.
El Gobierno Bolivariano ha asumido siempre su responsabilidad cuando un funcionario policial o militar ha cometido excesos en el cumplimiento de sus funciones, ocasionando lesionados o vÍctima fatales, caso excepcionales por cierto. En cada caso se ha privado de libertad a los funcionarios responsables y se han puesto a la orden de la Fiscalía General de la República, todos están siendo procesados, muchos ya tienen sentencias de hasta 30 años.
Como humanistas y revolucionarios que somos, jamás permitiremos la impunidad en la comisión de delitos contra los derechos humanos, pero de igual manera tenemos que reconocer a la inmensa mayoría de Guardias y Policías Nacionales, que tienen más de un mes defendiendo el derecho a vivir en paz que tiene la familia venezolana y que lo han hecho apegados a los principios internacionales y constitucionales de uso proporcional y diferenciado de los medios para garantizar el orden público, aun en medio de las más insólitas agresiones verbales y físicas, incluyendo disparos con armas de fuego, intentos de linchamientos y de quemarlos vivos. Esa es la verdad para la historia.