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¿Cómo interpretar la declaración de los cancilleres del Caribe sobre Venezuela?; por Mariano de Alba

 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad del Caribe (CARICOM) emitieron una declaración sobre la crisis venezolana. Destacaron la importancia de preservar el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la democracia, pero también reafirmaron el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Al tratarse de una declaración unánime, es normal que sea ambigua, pero no contiene un apoyo incondicional al régimen venezolano, tal y como ha querido hacer ver la canciller Delcy Rodríguez. La posición de los países del CARICOM es relevante a los efectos del tratamiento a la crisis venezolana que se ha venido dando en la OEA.

¿Qué establece la declaración?

 La declaración realiza tres afirmaciones:

1. Destaca la importancia de “mantener el respeto al estado de derecho, respetar los derechos humanos y la democracia, así como el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. Los cancilleres consideraron que “todos los principios mencionados son pertinentes y valorables al tratar la situación en Venezuela”.

2. Confirma que están “convencidos de que la solución a la situación actual debe ser buscada internamente, apoyada por un proceso de mediación y que es necesario “suavizar las posiciones profundamente atrincheradas para que pueda surgir confianza en ambas partes y así poder facilitar un diálogo y, de esta manera, los venezolanos puedan superar pacíficamente su crisis”.

3. Condena la violencia y deplora “la pérdida de vidas humanas y los daños a bienes”.

¿Cómo interpretar el contenido de la declaración?

 Al contrario de lo que ha querido hacer ver la canciller Delcy Rodríguez, la declaración no supone un apoyo a los intereses del gobierno. Más bien, reconoce la gravedad de la crisis, la necesidad de que se respeten las garantías de la Constitución (estado de derecho, derechos humanos y democracia) y se busque a la brevedad posible una salida mediante un proceso de mediación.

La referencia al principio de no intervención supone un reconocimiento a que la crisis debe ser resuelta por los venezolanos, algo que ningún país de la comunidad internacional ha puesto en duda. En consecuencia, al analizar el texto del documento, se puede concluir que los países del CARICOM no deberían tener problema con que la región ayude en la resolución de la crisis, participando como mediadores y/o garantes en un proceso de negociación.

 ¿Cuál ha sido la posición de los países del CARICOM sobre Venezuela en la OEA?

 En la sesión del 26 de abril de 2017 que consideró si se convocaba la Reunión de Cancilleres de la OEA, y ante la amenaza de Venezuela de retirarse de la organización, cinco países del CARICOM votaron que sí debía darse (Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucía); seis se opusieron (Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam); dos se abstuvieron (Belice y Trinidad y Tobago) y uno estuvo ausente (Granada). República Dominicana no es miembro del CARICOM, pero se abstuvo.

La posición recurrente de una mayoría de los países del CARICOM en la OEA ha sido que la organización no puede tomar decisiones sin la participación y el consentimiento del gobierno venezolano. Teóricamente, ese enfoque es errado porque cuando Venezuela suscribió la Carta Democrática Interamericana aceptó que los demás países pudiesen evaluar el estado de la democracia venezolana y tomar las medidas que consideraran pertinentes, conforme a la Carta.

Sin embargo, ese debate se ha vuelto irrelevante porque la única medida que la OEA tenía pendiente según la Carta era la suspensión de Venezuela, algo que de alguna forma se ha concretado indirectamente con la decisión del gobierno venezolano de abandonar el organismo.

 Por tal razón, si los países de la región desean jugar un papel relevante, el aporte más concreto y productivo que podrían hacer es presionando y ayudando al gobierno y a la oposición a buscar una solución negociada. Ello pasa por la designación de mediadores confiables, visto el reconocido fracaso de las gestiones de los expresidentes designados por UNASUR. El hecho de que los países del CARICOM hayan reconocido que es necesario un proceso de mediación demuestra que indirectamente reconocen que el que existió en 2016 no fue efectivo y que posiblemente estarían dispuestos a apoyar que se conforme uno nuevo con interlocutores confiables para todas las partes.

Obviamente, esos interlocutores tendrían que ser aceptados por el gobierno, pero también por la oposición, quien no reconoce ya la legitimidad de, al menos, Rodríguez Zapatero. Esa búsqueda y definición de un nuevo proceso –que para que se concrete requeriría primero de diversas concesiones por parte del régimen– no estaría en contra de la visión de los países del CARICOM porque finalmente contaría con el consentimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

Ese esfuerzo pendiente que tienen los países de la región es poco probable que se dé en el marco de la OEA, pero bien podría darse fuera de ella, y no cabe duda que el apoyo de los países del CARICOM sería notable.

 La mayoría requerida para adoptar decisiones
en la Reunión de Cancilleres de la OEA

El reglamento aprobado por el Consejo Permanente de la OEA para la reunión de cancilleres prevé que la sesión únicamente podrá darse si están presentes los representantes de 23 Estados. Si se cumple con ese quórum, cualquier decisión puede ser tomada por una mayoría de dos tercios de los países que estén presentes. Por ejemplo, si únicamente acuden los 23 países mínimamente requeridos, esa mayoría sería de 15 países.

Aunque por ahora pareciera que lo más probable es que simplemente se busque aprobar una resolución en esa reunión, no se puede descartar que los cancilleres traten de conformar un grupo de países para ayudar más activamente en la resolución de la crisis. Pase lo que pase, y aunque en el seno de la OEA no se tomen decisiones trascendentales, es positivo que una mayoría de los países del CARICOM reconozcan que hace falta un proceso de mediación que cuente con el aval de gobierno y oposición, un principio básico de toda negociación dirigida.