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Alberto Barrera Tyszka: Venezuela, ¿Votos o balas?

 

Hace pocos días, en un acto público, Nicolás Maduro desafió a todos los que lo adversan: “¿Querían elecciones? ¡Ahí tienen elecciones! ¿Querían diálogo? Ahí tienen diálogo constituyente, no diálogo de élites”.

Con la propuesta de una asamblea constituyente “comunal”, el presidente de Venezuela pretende neutralizar una crisis política que ya lleva dos meses y cuyo saldo suma al menos 57 muertos y más de 1000 heridos. Maduro responsabiliza a la oposición de todo lo ocurrido, la acusa de “golpismo” y reduce el conflicto a una ecuación melodramática: ellos son los malos, nosotros somos los buenos. “O constituyente o violencia; o balas o votos”. Pero la realidad no es tan simple. La tragedia venezolana no se resuelve con un eslogan.

La oposición lleva meses denunciando una “dictadura” y exigiendo elecciones ¿Por qué ahora rechaza la propuesta del gobierno e insiste en permanecer protestando en las calles?

Porque, sin siquiera hacer una consulta popular, se pretende imponer un método distinto para realizar estas elecciones. Maduro no está planteando una elección abierta a la participación de todos los venezolanos. Por el contrario, la constituyente comunal restringe la posibilidad de que los electores venezolanos puedan ejercer su voto.

La propuesta de Maduro, que ha sido aprobada por un Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, establece un criterio para la postulación de los candidatos según diversos grupos sociales: indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores. Estos grupos elegirían a 168 diputados.

La decisión de estos sectores, así como del número de postulados que pueda tener cada uno, favorece a la organización donde el oficialismo tiene más presencia y más poder. Un segundo criterio esta basado en un mapa electoral que no se corresponde a el número de pobladores que habita en las diferentes zonas del país, sino a la división geográfico administrativa y mediante la cual serían elegidos los restantes 364 diputados para un total de 540.

Este segundo mecanismo le resta representantes a las grandes concentraciones urbanas, mayormente opuestas al gobierno, y aumenta de manera exagerada el número de los diputados a elegir por los municipios con menor población generando una desproporción enorme. De esta forma, con una votación de 20 por ciento, el gobierno podría obtener una mayoría en la conformación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Solo así, pueden garantizarse una victoria

Maduro, en el fondo, está proponiendo la única elección que puede ganar. Según las últimas encuestas, el 79 por ciento de la población califica su gestión como negativa. No ha podido enfrentar con éxito la crisis económica. Peor aún: la ha ignorado, ha actuado como si no existiera, se ha reído y ha bailado como si no hubiera dificultades. La mayoría de los venezolanos siente que Maduro se ha burlado de sus angustias y necesidades. Ni siquiera les ha permitido manifestar. Los ha reprimido salvajemente, descalificando cualquier tipo de protesta.

El oficialismo sabe que en cualquier elección saldría derrotado. Por eso presionó a las instituciones, impidió la realización del Referendo Revocatorio el año pasado y suspendió las elecciones regionales. Y por eso mismo propone un método de elección distinto para la Asamblea Nacional Constituyente. El rechazo que sufre es tan abrumador que ya no puede, ni siquiera, pensar en un fraude poselectoral. Necesita armar el entramado para un fraude preelectoral. Ya no tolera la democracia. Solo intenta quedarse con su apariencia.

En marzo, el Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el partido de gobierno— intentó suspender al parlamento. A partir de ese momento, comenzaron las manifestaciones populares de rechazo al gobierno. La oposición ha insistido en una serie de exigencias: realización de elecciones, respeto al parlamento, libertad para los presos políticos, apertura de un canal humanitario para enfrentar la crisis socioeconómica. En vez de ceder ante alguna de ellas, la reacción del gobierno se ha centrado en una represión desproporcionada y feroz. En dos meses de protestas hay casi 3000 detenidos y cientos de ellos están siendo juzgados de forma inconstitucional por los tribunales militares.

El Fondo Monetario Internacional prevé que una inflación del 700 por ciento se mantenga este año en el país. Y, a pesar de eso, el oficialismo sentencia que todo aquel que proteste es de “derecha” y “terrorista”. Aunque las cifras de homicidios en Venezuela alcanzaron 28.479 el año pasado, cualquiera que salga a la calle a manifestarse contra la criminalidad puede ser tildado de “violento” y “asesino”. Las denuncias de corrupción indican que, por lo menos, 300.000 millones de dólares han sido robados del tesoro público y, sin embargo, el gobierno denuncia que la indignación ciudadana es ilegal y subversiva. El gobierno actúa como si los manifestantes fueran un enemigo extranjero, un invasor.

Sus principales voceros, hablan de paz pero hacen la guerra. Hablan de democracia pero suspenden las elecciones. Hablan de libertad de prensa pero encarcelan periodistas.

El 25 de mayo, Diosdado Cabello, como primer vicepresidente del partido gobernante, el PSUV, lo repitió: “Ellos [la oposición] no volverán a gobernar más nunca en Venezuela”. ¿Cómo se puede negociar con un gobierno que no tiene palabra? ¿Cómo se puede luchar contra un gobierno que piensa que la política es un artificio verbal, un espectáculo donde se puede decir lo que sea sin ninguna consecuencia?

Venezuela se encuentra hoy en una guerra desigual. No importa que Nicolás Maduro toque el piano, la cifra de muertos en las protestas sigue creciendo y el oficialismo sigue sin ceder en nada. La convocatoria de la asamblea constituyente es otra fase de esta guerra. Es otro ataque del Estado en contra de los ciudadanos. El gobierno solo busca, ante los ojos del mundo, mantener una apariencia de legalidad, de legitimidad.

Cuando Maduro dice balas o votos, en realidad está hablando de lo mismo. Porque sus elecciones son otro golpe para la mayoría de los venezolanos. Los votos de los que habla Nicolás Maduro también son municiones. La disyuntiva es un espejo de la misma trampa que quiere imponerle al país. “Con la constituyente los vamos a enterrar”, dijo el presidente refiriéndose de nuevo a la oposición. Piensan que es una alternativa para aniquilar de forma definitiva cualquier disidencia. Con las balas reprime a los manifestantes. Con esos votos asesina a la democracia.

La oposición no puede ser cómplice de este fraude. Es necesario evitar el desgaste y reinventar las protestas. Apoyarse en las instituciones que, como la fiscalía, han mostrado su independencia frente al gobierno. A pesar de todas las dificultades, la presencia popular en la calle debe continuar. Es una forma de hacer visible todos los votos que el gobierno chavista pretende negar. Si el gobierno no quiere contar al pueblo, el propio pueblo debe contarse.

Hay una Venezuela que rechaza las balas y los votos que ofrece Maduro. La constituyente no es una salida. Es otro crimen. Y la comunidad internacional debe presionar para evitar que continúe la masacre y lograr el retorno a la democracia.

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