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Néstor Francia / Análisis de Entorno: De la violencia y el odio (05-06-2017)

Nosotros creemos que la ciudadana Fiscal General de la República tiene en estos momentos algunos problemas de enfoque de lo que está ocurriendo en el país con referencia a la violencia política. Apreciamos que cualquier funcionario se preocupe por la vigencia de los derechos humanos fundamentales y que esté vigilante ante las acciones de quienes tienen el uso oficial de las armas del Estado. Al fin y al cabo, se dice que son las instituciones armadas de la República quienes ostentan el monopolio del uso de la fuerza. Pero esto último termina siendo relativo, ya que no solo hay muchos ciudadanos no oficiales armados, gran parte de ellos sin autorización legal para ello, sino que además el uso de paramilitares y mercenarios es consuetudinario en las llamadas “revoluciones de colores” y otros tipos de “golpe suave” que son planificados en las altas esferas de seguridad de Estados Unidos. Eso es harto sabido y no es nada nuevo.

Es significativo que la Fiscal Ortega Díaz haya dicho, en una entrevista radial, que de los 63 fallecidos son atribuidos “ciertamente a cuerpos de seguridad, 19”. Muy bien, si eso es así, que sean castigados ¿Pero y los otros 44, a quiénes deben ser atribuidos? Pensamos que la Fiscal tiene que ser tan categórica condenando los comandos violentos de la oposición como lo es cuando lo hace con respecto a las fuerzas del orden público. No pareciera ser así. Condena la violencia opositora, es verdad, pero con mucho menos énfasis que cuando lo hace con respecto a las fuerzas del orden público. Y allí hay un problema de índole política.

En ese sentido, nos unimos a la recomendación que hace a la Fiscal un analista independiente, Leopoldo Puchi: “Es conveniente que la fiscalía no permita que los cuerpos de seguridad realicen fuera del marco de las leyes el control de las acciones de violencia de calle (trancas, quema de locales, linchamientos). Pero también es responsabilidad de la fiscalía actuar frente a los organizadores de esa violencia y los grupos que la ejecutan”. Pues bien, actuar no es solo investigar los hechos, sino condenarlos sin atenuantes cuando son violatorios de los derechos de los ciudadanos. El respeto a los derechos humanos no corresponde solo al Estado, sino que es el deber de todos los sectores. No hay ninguna duda de que, además de manifestaciones pacíficas, que son legítimas, hay acciones terroristas que no son espontáneas, sino planificadas. Y esta es una parte muy importante de la Verdad que no puede ser soslayada.    Nos parecieron harto interesantes palabras del presidente Maduro expresadas ayer, pues combinó firmeza en su exigencia a la Fiscal con muestras de tolerancia ante las diferencias políticas, que deberían ser ejemplo para todos los chavistas: “Ella es libre de pensar políticamente como quiera y respeto sus posiciones políticas, pero en el alto cargo que se le confió, está obligada a buscar la verdad sin parcialización ideológica ni política y a hacer justicia mas allá de las manipulaciones de las redes y los medios de comunicación”. Esperamos que la ciudadana Fiscal comprenda este respetuoso llamado y actúe en consecuencia.

En este momento, cada palabra y cada acción puede tender, así no sea la intención, a justificar la violencia criminal impulsada por sectores de la oposición que se sabe bien quiénes son (a la cabeza está el partido fascista Voluntad Popular, siguiendo el guión que pretende “balcanizar” a Venezuela). Es lo que ocurre, por ejemplo, con Amnistía Internacional, cuya Directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, ha dicho que “Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina”, y además criticó la forma en la que el presidente Maduro se refiere a los manifestantes:“Al desestimar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones” ¿Los crímenes son solo aplicables a los soldados? ¿Miente la Fiscal, entonces, cuando afirma que “ciertamente” son atribuibles 19 de las 63 muertes a las fuerzas del orden público? Y otra cosa: ¿Personas que incendian vehículos, saquean, atentan contra entes públicos y privados, queman personas (en la madrugada del sábado falleció, lamentablemente, el joven Orlando Figuera, apuñaleado y quemado en Altamira hace algunos días), ejecutan linchamientos, acosan y amenazan a hijos y otros familiares de funcionarios, lanzan objetos contundentes contra personas inocentes que circulan por las calles y adelantan otras formas de terror público, son o no son terroristas?

Nosotros no tenemos ninguna duda de que la violencia opositora es parte de un plan preconcebido para tratar de provocar el derrocamiento del Gobierno y, en última instancia, justificar una intervención foránea, en cualquier modalidad. Pero también debemos diferenciar entre la ejecución de la violencia y la provocación del odio en la sociedad. En esto último, creemos que hay responsabilidades en todos los actores políticos principales, lo cual es un tema muy delicado del cual nos ocuparemos mañana, si no hay otro asunto noticioso que nos fuerce a otra cosa.

En ese y otros sentidos, suscribimos las palabras de Marta Harnecker, expresadas en una comunicación de ella que nos llegó vía correo electrónico: “Venezuela está en una situación muy crítica, al borde de la guerra civil. Claramente hay dos bandos que se enfrentan: la oposición fascista apoyada por las fuerzas retrógradas del mundo y las fuerzas que quieren defender el proceso revolucionario. Creo que ambos bandos han cometido grandes errores, unos en el intento de derrocar al gobierno de Maduro y los otros en la forma en que intentan defender lo que Chávez sembró. Sólo analizando esos errores y corrigiéndoles se podrá crear un escenario que permita realizar un diálogo fructífero que saque a Venezuela del atolladero. Mientras tanto no podemos ser espectadores de este doloroso enfrentamiento, tenemos que ubicarnos en una de las dos trincheras de combate. Yo elegí la mía: la trinchera del pueblo” (Subrayado nuestro).

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