No cabe duda que la actual Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, es la figura noticiosa más importante del país. Y es lógico que así sea porque el periodismo toma en cuenta las circunstancias históricas, el personaje y la relevancia de los hechos a la hora de jerarquizar la información. Hoy la representante de la vindicta pública se juega el pellejo por el trascendental papel que está jugando en la garantía del orden constitucional venezolano. Su actuación está en el ojo del huracán mundial. Por eso vemos que los grandes titulares, independientemente de su política editorial, tienen que ver con lo que diga, haga u omita la titular del ministerio público.
A propósito de esto, el pasado jueves 8 de junio, fui recibido por Luisa Ortega Díaz, en su Despacho, en compañía de los colegas Diego García Urquiola y Antonio González Acuña, para ratificar una demanda contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, en la que solicitamos un antejuicio de méritos por haber incurrido en la ruptura del hilo constitucional con las sentencias 155 y 156, en las cuales el TSJ usurpaba las competencias de la Asamblea Nacional. De igual manera, solicitamos enjuiciar al Defensor del Pueblo por complicidad ante este hecho. La Fiscal nos manifestó su compromiso de garantizar el Estado de Derecho y ejercer la acción penal contra todo acto que atente contra el orden constitucional vigente y el debido proceso.
Fue nuestra modesta lucha como ciudadanos y abogados contra un régimen que permanentemente viola la Constitución y se escuda en un TSJ conformado en su mayoría por militantes del PSUV y carentes del perfil requerido para impartir justicia en nombre del Estado. Lo cierto, es que esa actitud inquisidora de los magistrados del máximo tribunal, aunada a la actitud obstinada del Presidente Maduro por imponer una Constituyente, cuyas bases comiciales violan la soberanía popular y atentan contra la Carta Mágna, ha provocado una serie de manifestaciones populares que se han traducido en muertes de jóvenes y creado un clima de incertidumbre en el país que preocupa no solo a quienes vivimos aquí, sino a la propia comunidad internacional.
La Fiscal General sabe todo esto y ha actuado conforme a lo que establece el orden constitucional. Se ha reunido con todos los sectores de la vida nacional e introducido ante el mismo TSJ sendos recursos para anular la Constituyente chimba y restablecer el Estado de Derecho. Pero ha recibido del régimen todo tipo de descalificaciones y amenazas a su integridad física como a la de sus familiares. De verdad que nadie quisiera estar en los zapatos de esta mujer que ha asumido recientemente una postura institucional. Esto es lo relevante ante la difícil coyuntura que vivimos los venezolanos. Se trata de reforzar el papel institucional del Ministerio Público ante cualquier hecho que pueda ser calificado al margen de la Constitución y de naturaleza dictatorial.
Mientras tanto, los ciudadanos tenemos el ineludible deber de protestar pacíficamente, unidos en una sola bandera. No es tiempo de protagonismo partidista ni revanchismo. Hoy está por encima los intereses de Venezuela, sus instituciones y la democracia. Por eso el llamado a continuar en las calles en apoyo a las actuaciones de la Fiscal General y de la Constitución. Conscientes estamos que el camino es duro, pero en la unión y fortaleza de este pueblo radica el logro de tener un país de calidad para nuestros hijos. Sigamos haca adelante.