Las políticas de inclusión social ejecutadas por algunos países han contribuido, en gran medida, con el objetivo de disminuir la pobreza, erradicar el hambre y permitir el ascenso social de los ciudadanos y ciudadanas.
En España, las políticas públicas durante los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), permitió mantenerse en el poder durante catorce (14) años seguidos, bajo el mandato de Felipe González. Fueron derrotados por el alejamiento de los líderes con el pueblo y las denuncias de corrupción. Los gobiernos siguientes del Partido Popular, han tratado de desmontar los programas sociales, la distribución gratuita de medicinas a los pensionistas, aumentar la edad y el tiempo de cotizaciones para optar a la pensión de la seguridad social.
En Brasil, el programa hambre cero, la construcción de viviendas populares y otras medidas, impulsadas por Lula Da Silva, logró que miles de familias salieran de la pobreza y se acercaran a los niveles de la clase media. Ya sabemos que el actual “Presidente” Temer, ha tratado por todos los medios reducir la política social de Lula y de Dilma Rouseff, hasta el punto de proponer una enmienda constitucional que congele en un 20 % el presupuesto fiscal destinado a los gastos sociales.
En Colombia, las protestas en el Chocó, las denuncias contra las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), del servicio privado de salud, la migración interna de miles de familias huyendo de la violencia, indican lo endeble que es el amparo de la previsión social y la seguridad social privatizada.
En Venezuela, se ha practicado la política de inclusión. Es hora de hacer un balance, si han sido eficaces y dirigidos hacia los sectores más vulnerables. Es una tarea pendiente.
