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Aurelio F. Concheso: Sin seguridad jurídica, no hay industria petrolera

Mucho se ha estado hablando sobre la entrada de Venezuela a una era “post petrolera”. Hay algo de perogrullada en eso. Y es así porque no cabe duda de que no sólo el país, sino también el mundo entero, se encuentran en un proceso de recomposición de su matriz energética. En un proceso que demorará varias décadas, por supuesto, y después del cual el petróleo y el gas, sin embargo, seguirán siendo productos de gran demanda industrial. Y lo serán, probablemente, sin el enorme margen de renta o ganancias fortuitas que han disfrutado desde la Guerra del Yom Kippur de 1973, que fue cuando los precios del crudo se triplicaron de la noche a la mañana.

A juzgar por las declaraciones de un connotado jurista constitucional y principal artífice del proyecto de la Asamblea Constituyente Comunal, hay gente empeñada en que el país, de una vez y a golpe y porrazos, entre en una era post petrolera. No por motivos excepcionales en el orden económico estratégico y competitivo global. No. Sencillamente, apelándose a la expedita vía de destruir cualquier esperanza de que en el país exista un marco de seguridad jurídica de largo plazo, en torno a tan importante industria.

Por supuesto, si prospera su propuesta de eliminar el marco legal de las empresas mixtas, seguramente, ese será el resultado. Aunque, de no prosperar, la sola perspectiva de que pudiera hacerlo en un incierto futuro, será suficiente como para afianzar la imagen que tienen del país los inversionistas y los operadores.

En Venezuela, la industria de petróleo y del gas necesita un horizonte de seguridad jurídica a largo plazo. Y debe ser así, porque es la única manera de lograr que, al margen de que sean muy vastas las reservas potenciales de hidrocarburos en Venezuela, se interesen los que saben en dicho negocio. La exploración es una actividad muy riesgosa, en la que las posibilidades de fracaso son altas, por lo que aquellas que tengan éxito deben compensar el costo de las primeras. Por otra parte, el desarrollo de un yacimiento hasta su pico de producción, en promedio, demora unos 7 años, para luego declinar en un lapso similar. Mejorar estas cifras, requiere de tecnología de punta. Pero también admitir que aquellos que la poseen, difícilmente, van a compartir negocios con un socio díscolo que cambia las reglas de juego, a medida que el ciclo de los yacimientos avanza.

La inestabilidad de las reglas de juego petroleras venezolanos no es nueva. Tan sólo en los últimos 20 años se produjo: una apertura petrolera con invitación a las operadoras para que se arriesgaran en el país; el cambio de seña que hizo que empresas de la talla de Exxon y Conoco abandonaran mejoradores de crudo que abrían el horizonte de la Faja; una nueva ley de Hugo Chávez en 2005 que obligaba a una mayoría accionaria de Pdvsa en cualquier proyecto de empresas mixtas, pero que permitía que los socios privados contabilizaran como reservas propias los hidrocarburos que encontraran, aun mientras permanecían en el subsuelo; y ahora la perspectiva de que lo contenido en esa ley -de paso, junto con la Constitución de 1999 en la que se basa- sean consignadas al basurero de la historia de manera intempestiva. ¿Imaginan?

Como fue apreciado en las ponencias del reciente Congreso Anual de Conindustria, allí se puso de manifiesto que el sector petrolero venezolano necesita de sustanciales inversiones y compromisos de potenciales socios. Pero, ¿cómo lograr que los inversionistas se interesen en invertir en un país en el que las reglas de juego, incluidas las constitucionales, cambian de la noche a la mañana?

En la actualidad, los mercados energéticos donde se puede invertir incluyen, y de manera importante a los Estados Unidos. Es decir, al mercado de capitales de riesgo más profundo del mundo y que ofrece, por supuesto, un horizonte de producción en la cuenca tejana del Permian, comparable con la Faja del Orinoco, aunque con la ligera diferencia de que se trata, además, de crudos livianos, sin contar con las oportunidades del petróleo y gas de esquistos.

Por la seguridad jurídica ahí existente, entre otros factores, seguramente los inversionistas y las propias operadoras están viendo esas oportunidades con mucho más interés que invertir en -o dedicar sus esfuerzos y tecnología a- un país con un lamentable historial de inseguridad jurídica.

Desde luego, deberán transcurrir muchos años para poder despejar esos temores, aun en el caso de que existiera un Gobierno de Unidad Nacional dispuesto a dar garantías supuestamente irrevocables de estabilidad jurídica.

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