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Nelson Totesaut Rangel: Casa por cárcel

La prisión es tan antigua como la sociedad misma. Desde el advenimiento del Estado, el desarrollo de la lengua y la tipificación de la norma, se busca penalizar -de una forma u otra- a aquel que irrumpa con la pax social. Múltiples perfiles se le han dado a la pena: desde el Código de Hammurabi y su proporcional Ley del Talión (ojo por ojo), hasta la carga pecuniaria como forma de solventar cualquier crimen. Llegando, luego de muchísimo desarrollo, a determinar y separar la responsabilidad civil de la penal. La civil, pagada entonces por medio de bienes materiales; la penal, en cambio, con nuestra propia libertad.

Volviendo al estado inicial, John Locke –en su Segundo tratado de gobierno– nos recuerda que existe una “ley” la cual gobierna al hombre en su estado de naturaleza y se basa en el pretexto de que todos somos libres, iguales e independientes. Por ende, nadie puede dañar a otro en su vida, salud, libertad y propiedad. Y, si lo llegase a hacer, estaría rompiendo la ley de la naturaleza, convirtiéndose en alguien peligroso para la sociedad.

Ahora, la aplicación de aquella “ley” se encuentra en cada uno de nosotros, los cuales estamos legitimados a ejercer aquel “poder” sobre otros, en busca de proteger nuestros propios intereses. De esta forma se construye la sociedad. Los hombres, legitimados por la ley natural del estado de naturaleza, escogemos otorgar el monopolio de la violencia a un ente que se encargue de controlar la sociedad. Así, grosso modo, nacemos y vivimos bajo un pacto social ya acordado y que nadie, en teoría, podría violentar.

Venezuela, 2017
Esta teoría del estado de naturaleza (y del control de la violencia) se ha puesto en entredicho últimamente en Venezuela. El nuevo proceso crónico de protestas ha sido el más eficiente en mucho tiempo. Se ha demostrado que el gobierno ha perdido el control público, ante una población que sale a manifestar de la forma en que más le sea apetecible. Los susodichos “trancazos” se convirtieron en el epítome de la huelga. No se discute si son o no pacíficos –ya que es evidente que muchos no lo sean– sino su efectividad en términos del fin propuesto; en este caso: el colapso total.

El gobierno carece del control de la vialidad, derecho que no le puede garantizar a sus ciudadanos. Existe un paro de facto de la actividad comercial. Locales, distribuidoras y tiendas se han tenido que adaptar a la agenda de la huelga que imposibilita el libre ejercicio financiero. Hemos devenido en un Estado baldío, en donde el monopolio del orden se ha perdido casi por completo, al punto de generar un caos citadino, nunca antes visto.

Trasladarse en carro es una proeza digna de experimentados pilotos. Si bien antes los semáforos y flechados ya eran algo opcional, ahora las vías se invierten a lo inglés, permitiendo que ambos flujos sirvan en un doble sentido. El transporte público es aleatorio, trabajando místicamente, y con mucha suerte. Las aceras, son las nuevas vías de los motociclistas que, al haber perdido su viejo control sobre la calle (arrebatada por aquellos que protestan), se han hecho de las mismas como su víacirculatoria. Por último, el peatón, goza de amplia movilidad citadina, puede desplazarse por donde quiera, sin sentir la limitación de la calle; claro, siempre y cuando lleve consigo una máscara antigás, para protegerse de la nube blanca; nueva característica de nuestro paisaje.

Por último, en esta obra, se encuentra aquel que no busca manifestar. Sus motivos no requieren de explicación alguna, ya que, al no ser una obligación suya hacerlo, puede eximirse de la tarea. Esta persona, arrebatada totalmente de los principios básicos de su estado de naturaleza, vive huérfano sin Estado que le proteja; deambulando por una ciudad en llamas, que parece estar lejos de apagarse. Por ende, le toca confinarse forzosamente a su domicilio, en una especie de casa por cárcel; término, por cierto, muy de moda en estos momentos, y no precisamente por ser el nuevo estatus usual de la vida caraqueña.

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