Después de cada votación y cumplidas ambas, tendremos una guerra de análisis y comunicados para descalificar al contrario desde diversos ángulos, sobre todo los relacionados con la Constitución, la pulcritud de los procesos y sobre la legitimidad de cada bando. Sobre esto último, lo que sí podemos adelantar es que con una tendencia a un resultado 71 a 29% a favor de la Unidad Democrática, la convocatoria de la Constituyente no hubiese sido autorizada si se hubiese sometido a un referendo popular antes de efectuarse y no sería posible elegir una mayoría de diputados chavistas si se hubiesen respetado los principios constitucionales del voto proporcional a las poblaciones de cada jurisdicción político-administrativa (voto territorial) y el principio del voto universal, directo y secreto, versus sectorial o censitario, como está planteado. Entonces, toda esa algarabía que vamos a escuchar y soportar será ruido porque no tiene sentido discutir la legitimidad de una decisión e institución implantada por el 29% de la población contra el 71% restante y violando tres principios constitucionales.
Sin embargo, no podemos cerrarnos a considerar que, frente a la opción de la radicalización del oficialismo, una vez juramentada la Asamblea Constituyente pueda aparecer también la opción de la negociación -hay indicios- para buscarle un soft landing a este gobierno y un comienzo estable a un gobierno de transición ya que ambas partes se necesitan: unos para no ser castigados y los otros para poder gobernar.