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Mineros de El Dorado denuncian atropellos y extorsión del Ejército

Los afectados señalan que los castrenses trabajan de forma mancomunada con los indígenas del sector haciendo difícil el poder laborar en las zonas mineras del municipio Sifontes.

Seis planes ha desarrollado el Gobierno Nacional para atacar el tema de la minería ilegal en el estado Bolívar desde que en el 2015, durante la transmisión de su programa de televisión Con el Mazo Dando, desde Ciudad Bolívar, el diputado Diosdado Cabello afirmó que “me han instruido para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.

De esta manera hizo referencia a que aplicarían la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en las zonas mineras ubicadas al sur del estado Bolívar, con el objetivo de enfrentar a los grupos delictivos que extraen ilegalmente oro y otros minerales en la región.

Desde esos anuncios y planes la situación en los yacimientos no ha cambiado, ya que, según lo denunciado por los mineros, grupos armados tienen el control de la zona, siendo víctimas de extorsión tanto de ellos como de los funcionarios militares que resguardan las minas.

Una vez más los mineros rompieron el silencio para denunciar una situación que están viviendo desde hace más de tres semanas. Afirman que han vivido atropellos constantes por parte de los funcionarios del Ejército pertenecientes al 512 Batallón de Infantería de Selva “G/D. Tomas de Heres” y de la comunidad indígena de El Morichal, en El Dorado, al sur del estado Bolívar.

Señalan que tanto los castrenses como los indígenas han despojado del oro, teléfonos celulares y pertenencias. A otros hasta les han quemado sus enseres-artefactos eléctricos, antenas parabólicas, entre otros.

Nosotros como habitantes de la comunidad de El Dorado y que laboramos en la mina, somos un pueblo que vive netamente de la minería. Hace unos meses dos personas fueron torturadas por esa comunidad indígena, y fueron entregados muertos a sus familiares como un punto de advertencia. A nosotros no nos dejan subir a la mina a laborar por nuestra condición de criollos”, denunció uno de los afectados.

Cobro de vacuna

Los mineros señalaron que no solo son maltratados sino que también deben de pagar una “vacuna” para trabajar en los yacimientos ubicados en el municipio Sifontes.

Algunas de las minas en las que deben pagar son el Chivao, el Pistón, Las Clariturois, El Zulia, El Cerezo, El Salto, La Solapa, La Cucharilla, El Puyero, y otras minas que están en el sector. Puntualizan que fueron reunidos por los funcionarios poniéndoles que deben cancelar entre 30 y 25 gramas por cada ingreso a las minas. Denuncian que no solo por eso deben pagar. El ingreso de combustible a las zonas mineras es ilegal al sur del estado Bolívar, y “por eso los efectivos del Ejército cobran cuatro gramas de oro, lo cobran como si fuera el pasaje, como si ellos fueron los lancheros que hacen el transporte desde El Dorado hasta la mina”.

“Los mineros pagan hasta 500 mil bolívares para que los hagan llegar hasta la zona que les corresponde laborar que en este caso es la mina El Chivao. Son atropellados y desalojados por los militares que operan acompañados por los indígenas. Tienen armas largas y cortas, que no es el armamento habitual de los indígenas para defenderse, y mucho menos para cazar”, señalan.

Permiso

Los mineros aseguran que hace aproximadamente un mes sostuvieron una reunión Jorge Arreaza, que para ese entonces era ministro de Mina. Durante ese contacto les permitió cargar -en los bolsillo- 30 gramas de oro. Sobre ese presunto acuerdo no hay información oficial.

“Muchos fuimos parte del censo sobre el Arco Minero y nos mantenemos a la espera del Gobierno y del Ministerio de Minas para ser organizados para la explotación del oro”, suman.

Los afectados comentaron con resignación que no tienen un lugar al que puedan acudir para realizar la denuncia sobre los atropellos que han sufrido.Los indígenas cuando actúan de esta forma lo hacen apoyados por el Ejército. Pedimos que se tomen cartas en el asunto es la población en general la que se está viendo afectada”.

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Uno de los mineros afectados en Bolívar

Planes fracasados

El primero propuesto por el Gobierno Nacional para legalizar la minería fue en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Económico, Social, Político, Territorial e Internacional).

En julio de 2004 esta iniciativa sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y la piscicultura.

Dos años después, en agosto de 2007, apareció el plan la reconversión minera, en la cual se inició el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní. El Ejecutivo prometió financiamiento y un cheque de 10 mil bolívares para ayudar a 6 mil 72 mineros que laboraban en la zona.

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

El Universal

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