Inicio > El pizarrón de Fran > Pacific Rubiales: La caída de un gigante

Pacific Rubiales: La caída de un gigante

De Colombia desapareció un gigante petrolero. Una máquina inmensa que se erigió durante ocho años como uno de los motores económicos del país y como la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Simplemente se desvaneció. Así como se construyó de la nada a partir de la fusión de dos empresas dedicadas a la extracción de gas y de crudo pesado, Pacific Rubiales se evaporó en unos cuantos años hasta dejar un cadáver desarticulado: un escenario desolado en la región en la que se asentó, el pueblo de Puerto Gaitán en los Llanos Orientales colombianos, zona golpeada por la violencia del conflicto armado desde la década de los ochenta.

Según los registros oficiales, Pacific Rubiales Energy Corp nació el 23 de enero de 2008 en Toronto, Canadá, con la fusión de las empresas Petro Rubiales Corporation y Pacific Stratus Energy Limited. Fue el producto de un encuentro fortuito en el que confluyeron cuatro venezolanos, dos de ellos antiguos cuadros directivos de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

La historia de este gigante petrolero es compleja. El complicado entramado empresarial que precedió su creación es solo una pequeña muestra de la inmensa red de compañías asociadas a su expansión en más de 20 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales.

La empresa concentró su producción en tres campos ubicados en la vereda Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, los llamados campos Rubiales, Quifa y Piriri, en medio de la extensa llanura que comparten Colombia y Venezuela y que está dividida por el río Orinoco. La zona había sido afectada por la violencia del conflicto armado colombiano durante décadas, pero se convirtió en un lugar de interés económico para empresas petroleras y agroindustriales. Exactamente después de 2002, año clave para entender la creación de Pacific.

Ese año aparece otro gran protagonista en la historia: el empresario Germán Efromovich, también propietario de la aerolínea Avianca. Desde los años ochenta, su empresa Synergy se había asociado varias veces con el grupo Elliot, uno de los mayores fondos de inversión estadounidense, en la exploración y explotación de proyectos petroleros en varias regiones del mundo, entre ellos el Oriente Medio.

En los últimos años el grupo financiero se hizo famoso en países de América Latina como Perú y Argentina, a los que compró bonos de deuda pública con alto riesgo de impago. Elliot terminó demandando a los dos estados ante tribunales estadounidenses por cesación de pagos. Reclamaban la totalidad de la deuda y sus multimillonarios intereses. Los dos gobiernos señalaron a la empresa como un fondo “buitre” que solo buscaba sacarle un gran provecho económico a la deuda pública.

En 2003, Efromovich y el Grupo Elliot aceptaron una oferta para adquirir la explotación de los pozos en Rubiales, con la compañía Meta Petroleum. El recién electo gobierno de Álvaro Uribe Vélez les prometió presentar ante el Congreso colombiano un proyecto de ley, la que sería luego la Ley 1760, que daría condiciones ventajosas a la inversión petrolera. La propuesta incluía el respaldo de la fuerza pública para la garantía de la seguridad en las zonas de explotación, que había tenido una fuerte presencia de la guerrilla de las FARC.

El propio Germán Efromovich contó, en un fragmento no publicado de la entrevista que concedió en 2011 al portal VerdadAbierta.com, que creó Meta Petroleum en 2003 con dinero del Grupo Elliot y recursos propios de su conglomerado empresarial Sinergy, que tenía inversiones en petróleo, la industria aeronáutica y otros sectores. Efromovich vio que el negocio podía ser muy rentable con la seguridad que le garantizaba el recién posicionado Uribe y el ascenso del precio del crudo pesado, característico de esta zona del continente.

El Congreso colombiano aprobó la Ley 1760 ese mismo año. Según el informe “Acumulación de Aguas y Tierras en la Altillanura”, el texto legal reestructuró la participación del Estado en la exploración petrolera, redujo la tributación a las empresas del rubro que invertirían en el país y flexibilizó las exigencias ambientales para la explotación.

Con los nuevos beneficios de la ley y con centenares de soldados colombianos instalándose en la zona de Rubiales, Efromovich dio forma a su proyecto, mientras en la vecina Venezuela los otros grandes protagonistas de esta historia vivían un momento clave.

Luego del golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, la tensión entre el gobierno venezolano y gran parte del sector empresarial condujo a un paro general que sus cúpulas y las sindicales convocaron para finales de ese año. A la huelga se sumó una gruesa cantidad de los trabajadores de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, cuyo control se convirtió en uno de los principales objetivos del pulso entre el gobierno y las directivas de la compañía.

La huelga terminó al cabo de dos meses. El gobierno despidió a miles de trabajadores de PDVSA que participaron en ella. Entre ellos, con la cúpula directiva, el presidente de Servicios, el ingeniero Ronald Pantin, que había trabajado 23 años en la compañía, o al menos esa fue su versión en varios medios de comunicación colombianos. Sin embargo, el portal de información económica Bloomberg señala que dejó la petrolera estatal venezolana en el 2000 y después tuvo un corto paso por la presidencia de Enron Venezuela.

Pantin viajó a Colombia atraído por las nuevas condiciones para la inversión de capital petrolero. “Los planetas se alinearon”, dijo años más tarde al portal Kienyke. Se refería a la posibilidad de aplicar las técnicas de extracción que había puesto en funcionamiento desde hacía más de dos décadas en Venezuela en medio de una favorable situación empresarial.

Pantin llevó a Colombia a su amigo José Francisco Arata, que había trabajado como geólogo de la empresa Maraven, una filial de PDVSA. Según contó Pantin a Kienyke, en Bogotá se encontraron con otro venezolano, el economista Miguel de la Campa, que tenía varios años de experiencia en el sector petrolero.

Pantin afirmó al portal colombiano Kienyke que De la Campa y Arata buscaron a Serafino Iácono, otro reconocido economista que tenía la reputación de conseguir grandes sumas de dinero para financiar proyectos petroleros.

Arata, Iácono y de la Campa hacían negocios juntos, al menos desde 1996, año en el que fundaron en Aruba una empresa llamada Tecnopetrol, que al año siguiente abrió una sucursal en Colombia, según el registro de esta compañía en la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el documento, la empresa se dedicaba a la exploración y exploración petrolera, aunque en 2003 cambió su nombre a Bolivar Gold Corp, una minera con derechos de extracción de oro en la región de El Callao, al sur de Venezuela.

Los cuatro venezolanos se presentaron en la TSX, la bolsa de valores canadiense de Toronto –una de las mayores del mundo–, y compraron la empresa familiar Pacific Ventures, que en sus comienzos se había dedicado a la venta de cosméticos-

No es fortuito que escogieran Canadá como país para buscar capital y hacerse con una empresa creada con anterioridad: desde hace varias décadas las leyes de ese país otorgan facilidades tributarias a empresas dedicadas a la extracción petrolera y minera. Al menos dos mil empresas de las 3.800 registradas en la Bolsa de Toronto se dedican a la extracción de petróleo u otros minerales.

***

Pacific Ventures adquirió, en 2004, el derecho a explotar el pozo de gas La Creciente, en el departamento de Sucre del Caribe colombiano. Según un reportaje de la Revista Semana publicado en 2008, el empresario canadiense Frank Giustra, quien es cercano a la familia Clinton, fue el encargado de conseguir los recursos para que los venezolanos comenzaran su inversión en Colombia.

Pantin, Arata, Iánoco y de la Campa decían ser los directivos de una empresa canadiense que quería invertir a gran escala en la exploración y extracción de gas y petróleo en Colombia. Pero en realidad Pacific Ventures era una empresa de estos cuatro venezolanos, a la que se fue sumando con el tiempo el capital de varios países además de Canadá, entre ellos Estados Unidos, Brasil y México. Sus operaciones de extracción de minerales se concentraron en Colombia en más de un 90 por ciento.

En 2005, Pacific Ventures cambiaba el nombre a a Pacific Stratus Energy, que continuó cotizando en la bolsa canadiense.

A mediados de 2007, Pantin, Arata, Iánoco y de la Campa se sumaron formalmente al proyecto de explotación de petróleo en campo Rubiales que había comenzado el brasileño German Efromovich con Meta Petroleum en 2003, empresa con la cual la producción en la zona había crecido de 400 barriles diarios a cerca de 40 mil en 2006. Según Efromovich, los cuatro empresarios llegaron al proyecto por los conocimientos que traían en la extracción de petróleo pesado.

Pero no entraron inicialmente en el negocio con Pacific Stratus, o al menos no uno de ellos, Ronald Pantin. En septiembre de 2007, una sociedad panameña llamada Petro Rubiales Corp, con accionistas desconocidos, registró una sucursal en Colombia cuyo representante legal fue Ronald Pantin. La única información que se tiene de la empresa en Panamá es que fue creada apenas dos semanas antes de abrir la sucursal en Colombia, y que dos directivos, Geidy Angulo y Zeudi Burgos, han sido compañeros de Arata, de la Campa y Iácono en las juntas directivas de varias empresas en Panamá.

La creación de empresas en lugares del mundo con mejores condiciones tributarias ha sido una práctica común para las inversiones de los cuatro accionistas venezolanos y sus socios. Como se puede ver en la infografía que explica la evolución de las empresas que precedieron a Pacific Rubiales, constituyeron varias compañías en lugares considerados paraísos fiscales como las Islas Caimán.

A finales de 2007 Petro Rubiales adquirió Meta Petroleum, la empresa de Efromovich que explotaba los campos petroleros, y un par de meses después, en febrero de 2008, nació finalmente Pacific Rubiales, con la fusión de Pacific Stratus Energy y Petro Rubiales. La nueva petrolera compró y fundó más de 80 empresas en al menos 20 países, revela el informe Acumulación de Aguas y tierras en la Altillanura de las ONG Indepaz y SOMO. Arata, Iácono y de la Campa figuran incluso en varias compañías del sonado caso Los Papeles de Panamá, una investigación periodística que dejó en evidencia la estrategia de centenares de empresas de mover sus capitales a paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

Efromovich y el grupo Elliot continuaron como accionistas en la nueva compañía, que no tardó en convertirse en la empresa privada petrolera más grande de Colombia: llegó a producir unos 300 mil barriles de petróleo al día, aproximadamente el 30% del total de la producción del país. Un batallón del Ejército colombiano y crecientes incursiones paramilitares habían hecho retroceder a la guerrilla de las FARC y habían mejorado la seguridad de la zona.

El nombre de Pacific Rubiales se hizo habitual en la publicidad de los grandes eventos: patrocinadora de la Selección Colombiana de Fútbol y de conciertos de famosos cantantes internacionales, y la gran madrina de la celebración de los 30 años de la Revista Semana, uno de los medios más influyentes en la política colombiana.

Mientras Pantin, Arata, Iánoco y de la Campa se volvían habituales en las páginas sociales, también se iban descubriendo, de forma creciente, las pésimas condiciones laborales de centenares de trabajadores en sus pozos en los Llanos Orientales. Un paro petrolero en 2011 evidenció que la vida de miles de colonos en Puerto Gaitán transcurría en la pobreza, aunque habían llegado a la región con la esperanza de recibir algo de la bonanza.

El paro también empeoró la relación de la compañía con las comunidades que habitaban los alrededores de los pozos, que revelaron que vivían en medio de una especie de república independiente en la que Pacific había asumido casi por completo el papel de un estado. Las protestas en la región se volvieron frecuentes, tanto como las denuncias por amenazas a varios campesinos y líderes sindicales.

A pesar de ello, las atractivas cifras que mostraba la compañía sobre su potencial –en sus declaraciones Pantin llegó a elevar la cifra a 500 mil barriles diarios– hicieron que nuevos inversionistas, entre ellos varios fondos de pensiones colombianos y nuevos empresarios venezolanos de la llamada “boliburguesía”, se volvieran socios minoritarios de la petrolera.

Durante la bonanza, varios funcionarios que salían del gobierno de Álvaro Uribe Vélez comenzaron a ocupar importantes cargos en Pacific o en subsidiarias de la petrolera, la puesta en práctica de las puertas giratorias: las empresas contratan a los ex funcionarios que durante el ejercicio de su cargo las beneficiaron y que aun fuera de la función pública siguen manejando información relevante.

La época de la opulencia de Pacific Rubiales terminó a mediados de 2014, cuando comenzó a descender el valor de las acciones de la compañía. En 2016, luego de reportar millonarias pérdidas que alcanzaron los 900 millones de dólares durante el primer trimestre de ese año, según sus informes financieros, Pacific llegó a un arreglo con un fondo de inversión canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumió la reestructuración de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones. La operación encontró la protesta de los inversionistas minoritarios, que resultaron más perjudicados con la venta.

Catalyst adquirió todo el conglomerado empresarial, además de miles de hectáreas en Colombia y el derecho de explotación de varios campos gasíferos y petroleros, lo mayores de ellos en Puerto Gaitán. La compañía se quedó con los campos Quifa y Piriri, y entregó el campo Rubiales –el principal– a Ecopetrol, la petrolera pública colombiana, en junio de 2016.

Justo un año más tarde la empresa pasó a llamarse Frontera Energy Corporation. Aunque ni Pantin, Arata, Iánoco y de la Campa aparecen en la nueva junta directiva, uno de sus antiguos socios, el norteamericano Peter Volk, se mantiene como consejero general.

Los cuatro socios venezolanos han insistido en que la causa del declive de la compañía fue el descenso de los precios internacionales del petróleo, pero varios estudios financieros han demostrado que las malas prácticas gerenciales pudieron afectar de forma sustancial el patrimonio de la empresa. A la fecha de la venta de la compañía en 2016, las empresas de la compleja red que habían creado Pantin, Arata, de la Campa y Iácono siendo directivos de Pacific se contrataban y se subordinaban entre sí.

En Armando Info y Rutas del Conflicto buscamos conocer las versiones de Ronal Pantin, José Francisco Arata, Serafino Iácono y Miguel de la Campa, pero resultó imposible. Intentamos contactos, vía telefónica y correo electrónico, con la oficina de abogados Garrigues, que representa a Pantin, Iácono y De la Campa en varios procesos judiciales, pero insistieron en que no darían declaraciones. La nueva administración de la empresa, ahora Frontera Energy, negó tener información de contacto de los cuatro empresarios. Su antiguo socio, el norteamericano Peter Volk, que continúa siendo funcionario de la petrolera, tampoco respondió. Dirigimos también correos electrónicos a la oficina de comunicaciones de Strategic Mineral Spain, empresa en la que trabajan Serafino Iácono y Miguel de la Campa, pero no obtuvimos ninguna respuesta.

Los malos negocios

En 2014, Pacific Rubiales registró pérdidas en sus operaciones cercanas a los 1.300 millones de dólares, según los datos que la propia compañía presentó ante la Superintendencia Financiera, la entidad del gobierno colombiano que regula y controla a las empresas que participan en el mercado financiero y bursátil. Los mismos medios de comunicación que con frecuencia habían mostrado a Pacific como una empresa sólida en la que valía la pena invertir comenzaban a evidenciar los malos resultados financieros de la compañía.

El atractivo negocio que parecía ser Pacific se fracturaba ya en marzo de 2013, cuando el precio de sus acciones cayó por debajo de los 25 dólares; dos años antes habían rozado los 35. Fue el comienzo de un declive del que la compañía jamás logró recuperarse, y en el que influyeron otros factores además del mercado, lo cual contradice el discurso oficial: los que fueran directivos de la empresa –que antes de su venta había cambiado el nombre a Pacific Exploration & Production (Pacific E&P)—insisten en atribuir el descalabro de las acciones y la debacle de la empresa al descenso internacional de los precios del petróleo de 2014.

En octubre de 2016, la investigación de las ONG Indepaz y SOMO “Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura” aportó nuevos datos sobre la caída de la empresa. Según este informe, Pacific se endeudó para continuar su expansión a través de inversiones en el sector agroindustrial y minero de cantidades que superaban ampliamente su capacidad de pago.

En tres años, de 2012 a 2015, el endeudamiento de la compañía se cuadruplicó: pasó de los 1.300 millones de dólares a cerca de 5.300 millones. Por cada peso que tenía, la empresa llegó a tener tres de deuda, de acuerdo con informes financieros de Pacific citados por la empresa corredora de bolsa Corficolombiana. Si en 2015 el valor de las acciones bajaba de los cuatro dólares ya en enero de 2016 caía de los 0,5 dólares por unidad.

A medida que los títulos de la compañía perdían valor, aparecían las denuncias que señalaban a varios miembros de la junta directiva por malos manejos corporativos. Justicia Tributaria, una ONG que produce documentos de análisis sobre el comportamiento de grandes empresas del país, publicó en 2013 el documento “Política minero-energética, análisis del caso Pacific Rubiales”, que mostraba que los directivos de la empresa petrolera emitieron millones de acciones sin control, lo cual afectó el patrimonio de los accionistas minoritarios. Se trata de un negocio multimillonario, paralelo a la producción de petróleo, que se centró en la ganancia por la emisión y venta de nuevas acciones.

La investigación de Justicia Tributaria, escrita por el economista Mario Valencia, cruza cifras de Pacific, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores de Toronto, y expone que el número de acciones en circulación pasó de cerca de 210 millones en 2009 a 292 millones en 2012. El valor de estas 80 millones de acciones nuevas juntas se acercó a los 2.500 millones de dólares, según cifras de Pacific publicadas en el informe de la ONG, un poco menos de los 2.900 millones que pagó la empresa en regalías en ese mismo periodo.

Uno de los hallazgos de Valencia es que la emisión de estas acciones favoreció a los directivos de la empresa, entre los que se encontraban los cuatro venezolanos que fundaron la compañía: José Francisco Arata,Ronald PantinSerafino Iácono Miguel de la Campa.

En el informe, Valencia señala que ellos y otros miembros de la junta directiva de Pacific premiaban su propia gestión:se entregaban a sí mismos papeles llamados “derechos convertibles en acciones”, para luego venderlos en la bolsa.

Aunque estos derechos, también llamados warrants, tenían un valor de entre uno y dos dólares cuando llegaban a manos de los directivos, su conversión en acciones adquiría instantáneamente el valor del mercado: hasta más de 20 dólares, según el precio con el que se negociara en la bolsa de Toronto o Colombia.

El economista Jorge Roberto Acosta, asesor del informe de Justicia Tributaria y profesor en el Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá, explicó a Armando Info y Rutas del Conflicto que los directivos no tributaron en Colombia por el dinero recibido con estas acciones, porque la operación se realizó en la bolsa de valores de Toronto en Canadá, donde cotizaba Pacific, fuera de la jurisdicción nacional. La bolsa colombiana funcionaba como un “mercado secundario”; nunca emitió acciones de Pacific, pero sí permitió que se negociaran los títulos registrados en la bolsa canadiense. Por lo tanto, la emisión de acciones no tuvo ningún control de la Superfinanciera colombiana.

Acosta explica que la legislación canadiense permite a las empresas tener en sus estatutos cláusulas que no ponen límite a la emisión de acciones, como queda en evidencia en el informe anual de Pacific Rubiales de 2012. “Mientras en Colombia se sabe cuál es el número de acciones máximo que puede emitir una compañía, en Canadá ellos tienen registrado que, según el informe anual de 2012, ‘el capital autorizado de la Compañía consiste en un número ilimitado de Acciones Ordinarias’, lo que les permite hacer lo que quieran con ese tema”, explica Acosta.

Los beneficios de esta práctica para los directivos de Pacific Rubiales fueron evidentes: solo entre el 10 de enero y el 4 de febrero de 2013, Pantin, Iácono, de la Campa y Arata recibieron ingresos por casi 44 millones de dólares provenientes de la venta de acciones, según información de la bolsas de valores de Colombia y Toronto citada en el informe de Justicia Tributaria.

En el marzo siguiente, de acuerdo con Mario Valencia, ya 111 millones del total de las 322 millones de acciones disponibles en la petrolera provenían de warrants. Es decir, casi un tercio del total de acciones emitidas quedaron en las manos de solo 31 personas naturales y del grupo Alfa mexicano, uno de los mayores accionistas de Pacific a 2014. El reparto se hizo de forma absolutamente legal; estaban autorizados por la legislación canadiense. Al mismo tiempo, esta emisión accionaria depreció el porcentaje de participación del resto de accionistas.

Pacific Rubiales tenía un derecho exclusivo para poder emitir acciones de manera descontrolada, dijo el economista Mario Valencia.

En 2015, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, el mayor partido de izquierda en Colombia, usó las cifras de este informe para denunciar en un debate en el Congreso que el aumento indiscriminado de acciones solo beneficiaba a los directivos de Pacific y perjudicaba a los accionistas minoritarios, que vieron reducido su porcentaje de participación. Por ejemplo, en 2009, que un accionista fuera el propietario de 21 millones de acciones significaba que poseía cerca de un 10% del total; tres años después, el mismo número de acciones representaba un 6.5%.

El senador señaló, además, que mientras aumentaban los beneficios de los ejecutivos de la compañía, esas operaciones habían afectado las pensiones de millones de colombianos, porque varios fondos de pensiones, como Colpensiones y Porvenir, habían comprado acciones de la empresa.

Aunque entre 2008, año de nacimiento de la empresa, y 2014, aparecieron miles de inversionistas comprando títulos de la empresa, la junta directiva se mantuvo en las mismas manos, entre ellas las de Arata, de la Campa, Iácono y Pantin, que negaron en varias ocasiones la participación de cualquier accionista minoritario en el cuadro directivo.

Entre 2012 y 2013, la Asociación de Fondos de Pensiones, dueños en conjunto del 14% de las acciones de Pacific, solicitaron un lugar en la junta para su representante, Santiago Montenegro, que nunca se les otorgó. Los Fondos finalmente vendieron su participación accionaria en febrero de 2014.

Malas inversiones

De acuerdo con el informe de las ONG Indepaz y SOMO, con el transcurrir de los años Pacific Rubiales fue cada vez más agresiva en la construcción de infraestructura petrolera y energética, así como en la adquisición de campos petroleros y gasíferos, no solo en Colombia sino en varios lugares del mundo.

La investigación cita un informe de la empresa Price Water House, que indica que en 2015 Pacific tenía inversiones en campos petroleros de Brasil, Guyana, Perú, Papúa Nueva Guinea, Guatemala y México.

Ese mismo año, cuando se hizo pública la crisis de la compañía, había extendido sus inversiones a la explotación de oro, carbón, hierro y a la compra de tierras cercanas al Campo Rubiales, para el cultivo de palma.

El informe de Indepaz-SOMO expone que la expansión de la empresa se financió en gran medida con bonos de deuda. Las inversiones al final no tuvieron la rentabilidad esperada.

En una entrevista concedida al diario El Tiempo en abril de 2016, César Cuervo, gerente de Análisis de Renta Variable de la analista y corredora de bolsa Credicorp Capital, dijo que “la expansión [de Pacific Rubiales] fue bastante agresiva porque no fue financiada con el flujo de efectivo que se obtenía de la producción de los campos existentes, sino a través de emisión de deuda, por lo que al riesgo operativo se le sumó el financiero, con un nivel de apalancamiento elevado para los estándares de la industria, incluso cuando el barril del crudo se cotizaba en 100 dólares”.

La expansión se traducía en el control de una compleja red de empresas en más de 20 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales. La compañía había comprado decenas de ellas y el resto las había creado para luego abrir sus sucursales en Colombia, como se puede ver en el gráfico del informe de Idepaz-SOMO. (Ver gráfica- la sacamos del informe para ponerla aquí y citamos a Price Water House que es la fuente primaria)

La creación de empresas en estos paraísos fiscales ha sido denunciada por varias investigaciones periodísticas, entre ellas Los Papeles de Panamá, como una estrategia para evadir el pago de impuestos en los países en los que las empresas centran su verdadera actividad productiva o comercial.

Pacific Rubiales no ha aparecido hasta ahora en Los Papeles de Panamá. Sin embargo, sí existen documentos que relacionan a Iácono, de la Campa y Arata con el buffet Mossack Fonseca & Co y con la creación de presuntas sociedades de papel en países como Islas Vírgenes y Luxemburgo, que servían como empresas intermediarias en el negocio de carbón colombiano.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Sociedades, encargada de regular y controlar las sociedades comerciales en Colombia, han abierto varias investigaciones a Pacific. Pero hasta julio de 2017 no habían emitido sanciones o multar representativas por esta evasión de impuestos.

Una historia de escándalos empresariales

Varias de las compañías en las que Iácono, de la Campa, Arata o Pantin han sido directivos tuvieron serios problemas financieros. Uno de los casos más documentados en medios de comunicación especializados en temas económicos es el de Coalcorp Mining Inc, una empresa similar en muchos aspectos a Pacific. Coalcorp Mining es una empresa que llegó a Colombia como una multinacional canadiense, pero, como Pacific, tenía capital de varios países, incluido Rusia. Además, igual que la petrolera, ha concentrado sus actividades básicamente en Colombia.

Según un artículo del periodista Héctor Mario Rodríguez en el portal Ojo Privado, el ruso Vladimir Iorich, uno de los mayores accionistas de Coalcorp, acusó a Arata, Iácono y de la Campa, en 2009, de ganar dinero a través de la compañía Blue Pacific Assets Corp: compraban bienes que le interesaban a CoalCorp y luego los revendían a esta última. Según el artículo de Rodríguez, fue por medio de la firma panameña Mossack Fonseca & Co que los empresarios realizaron estas transacciones en las que Arata, Iácono y de la Campa se quedaron “indebidamente” con 32 millones de dólares.

Blue Pacific Assets Corp tenía como beneficiarios a la suegra de Serafino Iácono, algunos familiares de Francisco Arata y una empresa de Miguel de la Campa llamada Torino Consultants Limited.

Iorich los demandó por “enriquecimiento injustificado”, en septiembre de 2009, ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá. Según Rodríguez, el empresario ruso desistió de la demanda luego de llegar a un acuerdo económico con los empresarios.

Pantin, Arata, de la Campa y Iácono también fueron altos directivos de la compañía Gran Colombia Gold, que se convirtió entre 2010 y 2011 en una de las mayores empresas de extracción de oro en Colombia. Iácono fue presidente de la compañía y el resto estuvo en la junta directiva.

Bajo su dirección, las acciones de la compañía pasaron de valer 59 dólares en 2010 a 0,44 en 2015. La exministra de Relaciones Exteriores del gobierno Uribe, María Consuelo Araujo, también fue miembro de la junta directiva de esa empresa en la misma época.

Comunidades de mineros artesanales se han enfrentado a Gran Colombia Gold por varios intentos de desalojo en minas de los departamentos de Antioquia y Caldas. En febrero de 2017, la empresa demandó al Estado colombiano porque considera que no ha podido desarrollar sus proyectos en esas regiones, ya que las autoridades judiciales y la fuerza pública no han expulsado a los mineros que la empresa señala de “ilegales”. A julio de 2017, solo Iácono y de la Campa permanecen en la junta directiva de Gran Colombia Gold.

La pugna por el control de la empresa tras la quiebra

En pleno declive de Pacific, en 2015, cuando sus acciones habían bajado a menos de cuatro dólares, un grupo internacional de inversionistas registrado en Panamá, O’Hara Administration, apareció para hacerse con un gran porcentaje de la compañía. En mayo de ese año, O’Hara, junto con un grupo de empresas que se declararon aliadas en su intención de controlar la petrolera –entre ellas IPC Investmentents Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Agency Partner Corp., Fundación Nemone, Adar Marco Fund–,, compraron un 19,2% del accionariado total, convirtiéndose en los accionistas mayoritarios, ya que ningún otro grupo inversor tenía más que ese porcentaje. Como reportó el portal económico Marketwired.com, en menos de una semana O’Hara y sus aliadas acumularon cerca de 60 millones de acciones.

Los venezolanos Leopoldo Alejandro Betancourt López y Orlando Alvarado fundaron O’Hara en 2014. Ambos hacen parte del grupo de los llamados bolichicos, jóvenes empresarios cercanos al gobierno chavista que hicieron una fortuna durante la crisis energética venezolana, entre 2009 y 2011, con otra de sus empresas, Derwick Associates.

De los cinco empresarios que componen este grupo, solo Betancourt y Alvarado tienen una vinculación pública con O’Hara: Alvarado como director y Betancourt como cabeza de la compra de acciones de Pacific. No hay certeza sobre si Pedro Trebbau López, Francisco Convit Guruceaga y Domingo Guzmán López también forman parte de ese grupo internacional.

En septiembre de 2015, Leopoldo Alejandro Betancourt entró a la junta directiva de Pacific, aunque permaneció allí sólo siete meses, hasta abril de 2016.

Los dos grupos de venezolanos, por un lado los nuevos inversionistas de O’Hara y por el otro, los fundadores de Pacific, se enfrentarían a la hora de definir quién se quedaría con el control de la petrolera.

En medio de la crisis financiera y la rápida compra de acciones por parte de O´Hara y sus aliados, la junta directiva de Pacific, en la que estaban, entre otros, Arata, Pantin, Iácono y de la Campa, decidió poner la compañía en venta, y propuso aceptar la oferta de compra de la empresa mexicana Alfa y la estadounidense Harbour Energy.

El grupo O’Hara se concentró en intentar bloquear esas ofertas. A mediados del 2015, sus directivos enviaron un comunicado a varios accionistas invitándolos a votar en contra. Argumentaban que la propuesta subvaloraba las acciones de la empresa y que solo beneficiaba a los miembros de la junta directiva. Al final lograron que se vinieran abajo las negociaciones.

Como respuesta, la junta directiva de Pacific presentó una petición ante el Tribunal Superior de Columbia Británica para quitar el derecho al voto a un poco más de la tercera parte de las acciones del grupo O’Hara, para que no pudieran interferir en la venta de la compañía. La petrolera alegó que esas acciones habían sido adquiridas de manera irregular, porque no era clara la procedencia del dinero con los que se hizo la compra. Pero Alfa ya había retirado su propuesta de compra ante los fuertes rumores de que perdería en la votación.

En abril de 2016, el mismo mes que Leopoldo Alejandro Betancourt salió de la junta directiva, y frente a una bancarrota inminente, la petrolera hizo pública la propuesta final de acuerdo de reestructuración con el grupo Catalyst, para salvar a la empresa. Además de interferir en las de Alfa y Harbour Energy, O’Hara había hecho su propia oferta en alianza con otros accionistas minoritarios de la petrolera, pero ganó Catalyst, cuya compra dejó sin valor a las acciones de todos los inversionistas, incluidas los de O’Hara.

Esto hizo que los inversionistas Alfa y O’Hara se aliaran y contrataran al abogado colombiano Jaime Granados para interponer una demanda en contra de la junta directiva de Pacific, responsable de la transacción con Catalyst. “No se les dio la oportunidad a los accionistas de recapitalizar, de hacer una inyección de capital”, dijo Granados a Armando Info y Rutas del Conflicto.

“Todos los accionistas que no tuvieron la oportunidad de recapitalización quedaron en ceros. Eso incluye a los minoritarios que perdieron su inversión”, aseguró Jaime Granados.

Felipe Goyeneche, un accionista de Pacific, denunció a Betancourt y Alvarado en Colombia por presunto lavado de activos. Así lo reportó el medio económico LaRepublica.co. Goyeneche alega que “dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales”.

Esta no es la primera vez que los bolichicos son acusados de realizar negocios de manera irregular. Antes lo hicieron, según las denuncias, a través de su empresa Derwick. Pedro Trebbau López, Francisco Convit Guruceaga, Domingo Guzmán López, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Orlando Alvarado han sido señalados varias veces por investigaciones periodísticas de aprovechar la crisis energética venezolana de 2009 a 2013, para enriquecerse.

En 2009, se secaban los embalses en Venezuela. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez declaró la emergencia eléctrica en todo el país, causada, según él, por el fenómeno de El Niño. Fue entonces cuando el gobierno ordenó el racionamiento eléctrico y el gobierno emitió un decreto que permitía a las empresas de la industria energética comprar maquinaria y asignar obras sin cumplir con todos los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas.

En menos de 14 meses, Derwick Associates obtuvo 12 contratos para la construcción de plantas eléctricas, cinco de las cuales garantizarían el servicio eléctrico en Caracas. Aunque Derwick Associates se inscribió en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela en noviembre del 2009, un mes antes ya aparecía como titular de uno de esos contratos. Esta empresa, sin ninguna trayectoria financiera, también vendió plantas eléctricas a Bariven, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A inicios del 2013, el ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, Otto Reich, acusó a Derwick ante la justicia estadounidense de haber conseguido esos contratos a través de grandes cadenas de soborno a funcionarios públicos, entre ellos el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

A finales de ese mismo año, el activista Thor Halvorssen presentó una demanda ante un tribunal de Miami acusando a Derwick de soborno y sobrefacturación en la venta de plantas eléctricas a PDVSA. Según Halvorssen, Derwick vendió esos equipos en 34,6 millones de dólares, cuando en realidad estaban avaluados en 28,5 millones de dólares.

Ambas demandas fueron desestimadas en Nueva York y Miami respectivamente, con un argumento similar. En la primera el juez afirmó que el demandante había fallado en demostrar que los acusados querían establecer sus residencias permanentes en Estados Unidos por lo que no había fundamentos para “ejercer su jurisdicción sobre ciudadanos venezolanos”. En Miami el juez concluyó que no había una relación clara y fuerte entre las posibles acciones delictivas de los bolichicos y el estado de Florida.

Luego de perder, a mediados de 2015, el derecho de explotación de campo Rubiales, su principal campo petrolero, Pacific Rubiales pasó a llamarse Pacific Exploration and Produccion (Pacific E&P). Durante el primer semestre de 2016, los directivos de la empresa anunciaron un acuerdo de reestructuración con Catalyst Capital Group, un fondo de inversión canadiense con experiencia en rescatar proyectos mineros hundidos en deudas impagables.

Al ponerse en marcha el acuerdo, un grupo de accionistas de la empresa demandaron a la antigua junta directiva de Pacific, integrada por Serafino Iácono, Miguel de la Campa y Ronald Pantin. “El haber impedido que los accionistas pudieran capitalizar la empresa, el haber tomado decisiones en contra de los intereses de los accionistas y el haber dejado expósitos a los inversionistas colombianos, especialmente a los pequeños, generó la debacle que conocemos hoy”, dijo Jaime Granados, abogado de los demandantes, en una entrevista concedida a Rutas del Conflicto y Armando info. El abogado aclaró que José Francisco Arata no está dentro de los demandados debido a que la acción legal se pone en marcha cuando él ya había salido de la empresa.

Catalyst se quedó con el 100% de las nuevas acciones de la empresa, a cambio de proporcionar 500 millones de dólares para solventar la deuda de la antigua Pacific, que alcanzaba los 5.400 millones de dólares. Los accionistas internacionales y los cerca de los 7 mil colombianos con acciones de la compañía no tuvieron la opción de participar o reinvertir en la nueva empresa . El grupo venezolano O’Hara y el grupo mexicano Alfa que manejaban en conjunto cerca del 40% de las acciones de la empresa perdieron su inversión y se quedaron fuera de la nueva compañía.

Desde sus inicios Pacific comenzó un ambicioso proceso de expansión que incluyó inversiones en la extracción de otros minerales, la construcción de oleoductos y puertos, entre otros proyectos. Para financiar los nuevos negocios, la compañía se endeudó con bancos y particulares, que terminaron presionando a la compañía en 2015, ante la reducción en su capacidad de pago.

Según un artículo publicado el 19 de abril de 2016 en el portal Dinero, estos bancos y particulares que habían comprado los bonos de deuda de la empresa fueron los más beneficiados con la venta a Catalyst, mientras que las acciones regulares salieron de la bolsa y quedaron sin ningún valor. Según Jaime Granados, los denominados “bonistas” son mayoritariamente bancos y empresarios de Venezuela, España, México y Canadá.

El 1 de noviembre de 2016, la Superintendencia financiera de Colombia canceló en el registro de acciones e inversiones del país las acciones de Pacific E&P. Dos días después, la compra de la canadiense Catalyst fue inscrita en la Bolsa de su país.

Aunque Pacific tenía altas deudas y ya no explotaba Rubiales, con la venta le entregó a Catalyst decenas de propiedades, miles de hectáreas de tierras y el derecho de seguir con la extracción de gas y petróleo en varias zonas del país, incluidos los campos de Quifa, cerca de Rubiales, y La Creciente, en el Caribe.

Armando Info y Rutas del Conflicto consultaron a la nueva empresa, que desde junio de 2017 se llama Frontera Energy, sobre el inventario general que recibió luego de la venta. Y preguntaron si Miguel de la Campa, Serafino Iácono, Ronald Pantin o José Francisco Arata tenían algún rol en la nueva compañía. La petrolera no ha respondido a las consultas, que se hicieron por correo electrónico y vía telefónica.

En la nueva junta directiva de Fontera Energy, publicada en la página web de la empresa, no figura ninguno de los cuatro. La única persona que sigue en la empresa es Peter Volk. El canadiense, alto directivo de la petrolera desde su creación y clave en la venta y reestructuración de la compañía, ha sido socio de Arata, Iácono y de la Campa en otras empresas desde hace 20 años, como Tecnopetrol, Gran Colombia Gold, Pacific Stratus, entre otras.

Jaime Granados, abogado del Grupo O’Hara le dijo a Armando Info y Rutas del Conflicto, que sus clientes no darían ninguna declaración respecto a los motivos que los llevaron a invertir en Pacific Rubiales, ni entregarían detalles de quiénes hacen parte del grupo de inversiones que demandó a Pantin, Iácono y De la Campa.

El abogado insistió en que sus clientes no se referirán a manejos anteriores de la empresa y que sus declaraciones se limitarían a señalar el daño económico que sufrieron sus representados con la venta de Pacific a Catalyst.

Roland Pantin

Ronald Pantin Carvallo es un venezolano, nacido en 1949, con un vasto historial en la industria petrolera y de gas, tanto en su país natal como en Colombia. Sus estudios en Ciencias en Ingeniería de Petróleos y Ciencia de Gestión, además del máster en ingeniería industrial que obtuvo en Stanford, le abrieron en 1977 una larga carrera en PDVSA, petrolera estatal venezolana que recién había sido fundada un año atrás.

Comenzó su carrera en la petrolera en Maraven, una filial de PDVSA, en cargos como gerente de Exploración y Producción, gerente de Ingeniería de Petróleos e incluso tesorero. Poco a poco ascendió hasta que en 1998 llegó a ser presidente de servicios de PDVSA. Por esos años, el precio del petróleo bajó notablemente. El gobierno de Rafael Caldera puso en marcha un programa de apertura petrolera, que consistía en abrir las puertas a compañías extranjeras para que invirtieran en Venezuela. Pantin fue uno de sus impulsores.

No se sabe con claridad el momento en el que dejó la petrolera venezolana: los medios reseñaron que había salido de PDVSA en 2003, después del paro general de ese país al que se sumó una gran parte de los trabajadores de la petrolera estatal. Tampoco está claro si Pantin dejó la compañía antes de la huelga o como consecuencia de ella. Un artículo del portal colombiano KienyKe.com afirma que estuvo entre las 22.000 personas que salieron despedidas o que renunciaron tras el paro, y que luego trabajó unos meses como presidente de Enron Venezuela, sucursal de la empresa estadounidense Enron Corp.

Dos artículos, uno publicado en la Revista Semana y otro en el portal económico Bloomberg, coinciden en que la salida de Pantin ocurrió en el año 2000, y que luego trabajó en Enron Venezuela hasta 2001, año en que quebró la empresa estadounidense. En otros registros periodísticos figura como presidente en VENGAS S.A., una empresa de distribución de gas doméstico en el año 2000.

En 2003 llegó a Colombia, aprovechando la flexibilización en los requisitos ambientales y las rebajas en impuestos para las empresas petroleras.

Ronald Pantin fue el puente entre Petro Rubiales y Pacific Stratus, que fusionadas dieron nacimiento a Pacific Rubiales en 2008. Cuatro meses antes de la fusión, asumió como representante legal de la sucursal en Colombia de Petro Rubiales, a la vez que hacía parte de la junta directiva de Pacific Stratus.

El rol de Pantin en Pacific Rubiales fue casi siempre el de aparecer como presidente y poner la cara. Fue director ejecutivo de la compañía desde su creación y asumió como presidente en 2015, luego de la salida de José Francisco Arata. Según la investigación de las ONG Indepaz y SOMO titualro “Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura”, entre 2006 y 2014, se constituyeron cerca de 30 empresas asociadas con las actividades de Pacific, en las que Pantin aparece como el director o presidente.

La fórmula dio resultados. Mientras ocupaba el cargo de director ejecutivo en Pacific, Pantin llegó a estar en 2012 entre los 20 ejecutivos mejores pagados de Canadá –país en el que estaban registradas la compañía y varias de sus filiales–, con un salario base de 580.200 dólares al año, sin contar con los ingresos que obtenía por derechos de emisión de acciones y bonos. En total ganaba 11.1 millones de dólares al año. Así lo confirmó el análisis del caso de Pacific Rubiales, liderado por Uniciencia, corporación universitaria de ciencia y desarrollo de Bucaramanga.

Luego vendría el declive de la empresa. En 2015, cuando Pacific empezó a buscar alternativas financieras que la sacaran de la crisis, se especuló que Pantin continuaría en la presidencia de la petrolera. Ya en 2016, cuando se hizo público el acuerdo de venta de la empresa al fondo Catalyst, fue evidente que no sería así. Si Pantin sigue involucrado con las actividades de Pacific es incierto. Su nombre ya no aparece en la junta directiva, pero la compañía no ha entregado información sobre si aún permanece en otro cargo o si continúa como accionista.

Lo que sí es un hecho comprobado es que la Fiscalía colombiana abrió una investigación a Pantin, en mayo de 2017, por estafa agravada, junto con su socio Serafino Iácono y un exministro de minas colombiano y exdirectivo de Pacific, Hernán Martínez. Quien los demandó, José Manuel Arriandiaga, el representante legal de la empresa Trabajos Industriales y Mecánicos (Trimeca), argumenta que los demandados lo incitaron a participar con dinero en un proyecto que, asegura, ellos sabían destinado al fracaso pero necesitaban el capital: la Sociedad Portuaria terminal de Las Flores, un puerto privado de servicio público que manejaría carbón y carga ordinaria.

Según la cadena radial colombiana Blu Radio, en un artículo del 12 de mayo de 2017, la fiscalía colombiana estaría próxima a citar a Pantin y a los dos demandados.

José Francisco Arata

José Francisco Arata es un empresario y geólogo venezolano nacido en 1958, y graduado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Torino en 1982. Trabajó en Maraven S.A., una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre 1986 y 1992. Durante su permanencia en esta empresa conoció a Ronald Pantin, con quien después, junto con Serafino Iácono y Miguel Ángel de la Campa, fundó la petrolera Pacific Rubiales.

Arata llegó a Colombia en 2004, según versiones que él y sus socios entregaron al portal colombiano Kienyke, luego de que Ronald Pantin, también exdirectivo de PDVSA, lo invitara a buscar proyectos de explotación petrolera.

Desde la fundación de Pacific Rubiales en 2008, Arata estuvo en la junta directiva de la empresa. Además de su rol como presidente y director de la compañía, estuvo involucrado en el ensamblaje técnico de los pozos.

Mientras vivía en Colombia, Arata fue uno de los empresarios más mediáticos de Pacific, por sus constantes apariciones en los partidos de fútbol de la Selección Colombia. Y por el apoyo que recibió de Coldeportespara escalar los montes McKinley, la montaña más alta de Estados Unidos, y Vinson, la más alta de Antártida. A principios de 2015, se casó con Ana María Trujillo, una exreina de belleza, actriz y modelo colombiana.

En 2015, José Francisco Arata dejó el cargo de presidente y salió de Pacific Rubiales. En su cargo lo sustituyó Ronald Pantin. De acuerdo con la Revista Semana, la salida de Arata se debió a presiones de los bolichicos, un grupo de empresarios venezolanos, algunos de los cuales se convirtieron en accionistas de Pacific ese año, cuando la compañía entró en crisis.

Tras su despido, Arata recibió un pago como indemnización y liquidación de 8,5 millones de dólares, y los derechos de 1,3 millones de acciones DSU (Unidades de Acciones Diferidas). En la actualidad vive en República D

German Efromovich

Empresario nacido en La Paz, Bolivia, el 28 de marzo de 1950, tiene además las nacionalidades brasileña y colombiana. Es graduado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Brasil, FEI, de São Paulo.

Comenzó su carrera profesional y empresarial en Brasil en 1976, como empleado del Grupo SGS, una empresa dedicada a la asesoría en inversiones económicas.

Es presidente del Synergy Group, empresa que fundó junto con su hermano José Efromovich en 1975, y que a partir del 2000 se convirtió en el holding principal que controla sus otras empresas. Es además propietario de Avianca y miembro de la junta directiva de la aerolínea desde que la adquirió en 2004.

Efromovich es la pieza clave que posibilitó el ingreso de capital extranjero a Colombia para la exploración y explotación de los campos petroleros Rubiales, Piriri y Quifa.

En la década de los noventa ingresó al negocio de los hidrocarburos con el apoyo financiero del grupo norteamericano Elliot Managemement. En 2003, asociado a este grupo inversor, y junto con el conglomerado corporativo Synergy Group Corp, Efromovich compró los derechos de explotación del campo Rubiales. Su adquisición coincidió con llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia, y las políticas económicas y de seguridad que su gobierno facilitaban a la inversión extranjera y al negocio de los hidrocarburos.

Efromovich hizo esa compra a través de la creación de Meta Petroleum Limited y su fusión con Coplex Colombia Limited, Turnsector Ltd. y Tethys Petroleum Company Ltd, empresas que ya en ese momento explotaban los pozos de Rubiales.

Además de los hidrocarburos y la aviación, Germán Efromovich también ha hecho negocios en cadenas hoteleras. Es uno de los empresarios más mediáticos del país. El expresidente Álvaro Uribe le concedió la nacionalidad colombiana.

Tanto Uribe como Juan Manuel Santos, el actual mandatario de Colombia, han alabado el rol de Efromovich en la economía nacional. “Usted es un ejemplo de confianza en Colombia, de promoción, de inversión en Colombia (…) los colombianos lo admiramos, lo apreciamos, lo valoramos, lo ponemos como un ejemplo permanente de aquellos hermanos que debemos ganar en la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor Efromovich”, afirmó Uribe Vélez en un evento de la Presidencia de la República. “Qué bueno venir uno aquí a felicitar a una persona que está haciendo patria, que está haciendo país, que vino y creyó en Colombia. Creyó en Colombia, como él bien lo dice, hace trece años. Se metió en Avianca y la transformó. Aquí está su presidente y a quien saludamos muy cordialmente. Y siguió creyendo en Colombia, se metió en Pacific Rubiales, se metió en la construcción de los hoteles”, dijo Santos, durante un discurso de inauguración del Hotel Movich Buró 26, propiedad de Efromovich.

A finales de 2007, Germán Efromovich vendió Meta Petroleum a Petro Rubiales. Al momento de la operación, el empresario quedó con participación dentro la junta directiva de la empresa compradora.

Los negocios de Efromovich no han estados exentos de polémicas. El empresario ha adquirido decenas de miles de hectáreas en varias zonas de Colombia para cultivar palma aceitera, específicamente en regiones muy afectadas por el conflicto armado. En el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano, adquirió la hacienda Bellacruz, cuyas tierras son reclamadas por campesinos desplazados del paramilitarismo. Según el portal VerdadAbierta.com, tribunales y varios entes administrativos de control de Colombia han abierto investigaciones para determinar si la tierra del empresario pertenecía a los campesinos o si eran baldíos del Estado indebidamente comercializados. Finalmente en 2016, la Corte Constitucional le pidió al ejecutivo colombiano diligencias para restituir al menos 1.200 de esas hectáreas a los campesinos reclamantes. Hasta el momento no se ha cumplido ese dictamen.

Otro negocio controvertido de Efromovich se hizo público a principios de 2017. El fiscal argentino Jorde Di Lello pidió investigar al empresario y a la familia de Mauricio Macri, actual presidente de ese país, por una supuesta simulación de la venta de la aerolínea Mac Air a Avianca. Esto debido a la sospecha de que Mac Air sigue en manos de los Macri, y que la simulación se hizo por estrategias comerciales y de rutas aéreas entre las dos empresas. Según el portal especializado en periodismo económico Portafolio, la acción penal que lidera Di Lello es por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

Serafino Iácono

Serafino Iácono nació en 1961 en Caracas, Venezuela, pero además tiene nacionalidad italiana y colombiana. Es economista de la Universidad de Nueva York, y ha estado involucrado en el financiamiento y desarrollo de proyectos de minería y petróleo en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa por más de 28 años. Debido a su experiencia en bancas de inversión, se encargó de conseguir el financiamiento para la ejecución del proyecto extractivo de Pacific Rubiales.

No hay fecha exacta de su llegada a Colombia, pero hay evidencias que demuestran que Iácono está en el país al menos desde 1994. Una nota del portal de información económica CEO, titulada “Los minerales hermanos”, cuenta cómo, en ese mismo año, Serafino Iácono invitó por primera vez a Colombia a Frank Giustra, el empresario canadiense que después sería uno de los financiadores de Pacific, y que también es conocido por los proyectos extractivos de madera en el departamento de Chocó.

Durante su trayectoria empresarial, Iácono ha estado involucrado en empresas como Tecnopetrol, Gran Colombia Gold y Medoro Resources. Además ha sido parte de muchas otras compañías dentro del esquema empresarial construido alrededor de Pacific Rubiales.

Iácono también fue conocido en el país por su cercanía a Álvaro Uribe. El 14 de julio de 2010, cuando todavía era presidente, Uribe Vélez le concedió la nacionalidad colombiana a Iácono en una ceremonia realizada en la Casa de Nariño. Según el portal La Silla Vacía, el empresario asistió a varias reuniones, posteriores a la salida de Uribe Vélez de la presidencia de Colombia, que sirvieron a la estructuración del Centro Democrático, el actual partido político del expresidente. Tomás Uribe, hijo del exmandatario, asistió incluso a la boda de Serafino Iácono.

Durante su permanencia en Colombia, además de participar en proyecto relacionados con petróleo, Iácono ingresó al negocio de los vinos con la creación de La Calvane, una cadena de tiendas especializadas en este producto que tiene sucursales en Cartagena y Bogotá. También fundó el restaurante italiano Megazzino, donde celebró algunas cenas a beneficio de la fundación Angelitos de Luz, que dirigía María Paola Mejía, su esposa y exreina colombiana.

En la actualidad Serafino Iácono dirige Pentanova, una empresa extractiva de petróleo que, como Pacific Rubiales, se constituyó en Canadá. Según el medio de comunicación W Radio, el empresario se reunió con Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, para negociar la inversión de 200 millones de dólares destinados a la explotación de petróleo y gas en diferentes zonas de ese país.

También figura con consejero de Strategic Mineral Spain, una empresa española que extrae estaño y litio en Galicia, España, cuyo presidente es su exsocio en Pacific, Miguel de la Campa.

Miguel de la Campa

Miguel de la Campa nació en Venezuela en 1945. Se graduó como licenciado en relaciones exteriores en economía internacional y tiene una maestría en economía política de la Universidad de Georgetown.

Según su hoja de vida, publicada en los informes anuales que publicaba Pacific mientras de la Campa perteneció a la empresa, el empresario tiene más de 30 años de experiencia en la búsqueda de recursos financieros para proyectos petroleros y mineros en Estados Unidos, América Latina, Europa y África.

Miguel de la Campa fue copresidente ejecutivo y director de Pacific Rubiales desde 2008 hasta la venta de la empresa al fondo Catalyst en 2016. Además, fue presidente de Pacific Stratus (2003-2006), Bolivar Gold Corp (2003-2006), Coalcorp (2005-2008). También es el actual copresidente de Gran Colombia Gold, cargo que desempeña desde 2010.

Es incierto en qué momento llegó a Colombia, pero desde 1997 aparece ligado a empresas de explotación de hidrocarburos, específicamente con la compañía Tecnopetrol, en la cual era socio de Serafino Iácono y José Francisco Arata.

A junio de 2017, de la Campa figura como presidente de una empresa española llamada Strategic Mineral Spain, compañía dedicada a la extracción minera y que tiene a su cargo la mina de Penouta, reserva de estaño, tantalio y niobio ubicada en la provincia de Ourense, en Galicia, al norte de España. En esta compañía sigue siendo socio de Serafino Iácono, que tiene el cargo de consejero.

Armandoinfo

Te puede interesar

Compartir