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El País / Editorial: Estalinismo en Venezuela

En lo que representa una nueva vuelta de tuerca en el proceso de asfixia de las libertades de los venezolanos, la Asamblea Constituyente —un órgano ilegal e ilegítimo— ha decidido abrir un “juicio histórico por traición a la patria” a los líderes de la oposición y otros disidentes.

El decreto de la Constituyente rezuma estanilismo tanto en su lenguaje —idéntico al empleado en los juicios de Moscú, las purgas en la China maoísta o en regímenes como el norcoreano— como en la extraña unanimidad de sus 545 miembros —inverosímil en una institución que dice representar a todo el pueblo venezolano—.

A todos los demócratas, especialmente en América Latina y en Europa, debe preocuparles sobremanera que el régimen chavista, después de haber despojado de poderes a la Asamblea Nacional —único órgano democrático que queda en el país—, dé ahora el paso de criminalizar a sus miembros y juzgarlos como “enemigos del pueblo”. Sin duda que estamos ante el preludio de una disolución de la Asamblea —imprescindible para que el Gobierno pueda hacerse con el control legislativo, financiero y presupuestario del país—, así como de la detención y encarcelamiento de la oposición.

Prueba de su verdadera naturaleza como instrumento represor, la Constituyente, elegida en teoría para elaborar una nueva Constitución, no ha discutido ni un solo artículo de ese futuro texto. Tampoco se ha preocupado por las libertades de los venezolanos, algo especialmente relevante tras hacerse públicas las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que atribuye a las fuerzas de seguridad la responsabilidad directa de al menos 46 de los 124 muertos en las protestas habidas entre abril y julio de este año, además de desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios.

La comunidad internacional debe actuar con toda urgencia y firmeza contra los responsables de este régimen criminal e impedir sus pretensiones totalitarias.

 

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