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Hildegard Rondón de Sansó: Tendencias del Derecho en el siglo XXI (I) y (II)

“Tendencias del Derecho en el siglo XXI” (I)

Estábamos en el “umbral” del siglo XXI cuando me sentí obligada a dejar constancia de las tendencias fundamentales de la evolución del Derecho en esa etapa, a los fines de prepararnos para atender a los cambios que, necesariamente, se debían producir. Es por lo anterior muy significativo el texto que escribí en 1998, es decir, hace casi veinte años, ya que nos permite constatar si se verificaron o nó nuestras previsiones.

Los rasgos predominantes que el Derecho nos ofrecía en los umbrales del siglo XXI, estaban constituidos por la influencia sobre el mismo de los siguientes procesos: la internacionalización; la tecnificación; la desformalización y la privatización. Vamos a hablar por ahora de los dos primeros.

Por lo que atañe a la internacionalización, con tal término se alude a la uniformidad que trata de otorgarse a las instituciones que operan en diferentes países, cuya armónica regulación se requiere para afianzar vínculos integracionistas, en los cuales, para los Estados que los integran, por encima de su legislación interna, rige una norma supranacional que, penetra automáticamente en su ordenamiento.

Lo anterior alude al hecho de que, la norma supranacional, se incorpora al Derecho de los Estados integrados, sin necesidad de que ello sea homologado por una disposición aprobatoria de cada una de dichas entidades. La internacionalización implica así la fusión de los sistemas, lo cual exige el abandono de modelos considerados hasta entonces, como absolutos.

En efecto, esta tendencia ha llegado a incidir sobre conceptos que se consideran como dogmas del Derecho, como lo es el principio de soberanía, entendido como un poder no vinculado a ningún otro, que permite al Estado dictarse sus propias reglas y permanecer ausente de todo yugo o sujeción frente a terceros. La internacionalización está presente también en la proliferación de tratados multilaterales destinados a imponer a los signatarios, iguales modalidades de actuación en materias específicas: son las llamadas normas comunes; “códigos o Leyes Tipo” y convenios de unificación legislativa.

Es indudable que la parte más intensa del proceso de internacionalización se ha detenido y ello se revela recientemente en los acontecimientos de la Unión Europea, en la cual uno de sus socios fundamentales (Gran Bretaña) está en retirada.

La segunda tendencia que aparece en la apertura del siglo es la tecnificación, cuya mayor manifestación está en su informatización, en la cual, la influencia de la cibernética en las relaciones interpersonales son de tal naturaleza que ya puede hablarse de la Informática Jurídica como medio de transmisión del conocimiento normativo.

La informatización se refuerza altamente con la Propiedad Industrial (a través de las patentes) y con el Derecho de Autor (mediante el software), por cuanto los mismos constituyen la tutela necesaria de los inventores y, en general, de los creadores intelectuales que, a través de la protección de los Derechos Inmateriales, se sienten seguros frente al plagio y el desconocimiento de sus creaciones.

Esta segunda característica necesariamente ha sido acogida por el nuevo siglo, porque no es tan solo propia del Derecho, sino que pertenece a todas las actividades, tanto de los Estados, como de los particulares en el mundo informático en el cual vivimos. Podemos incluso corregir nuestro planteamiento señalando que, más que tendencia del Derecho es, una de las características fundamentales de nuestra época.

Tendencias del Derecho en el siglo XXI (II)

En un artículo anterior hemos hablado de las tendencias del Derecho que se esperaba predominarían en el presente siglo. Dos de ellas las hemos analizado en dicho texto, a saber: la internacionalización y la tecnificación. Hoy vamos a hablar de las restantes que habíamos enunciado: la desfomalización y la privatización.

La desformalización opera fundamentalmente en el campo procesal, al eliminar trámites y, auspiciar la concentración de las actuaciones, la abreviación de los lapsos y la oralidad. Ella propicia las audiencias públicas; las soluciones alternas; la ampliación de los procesos y de las pruebas. En general, busca el logro de la “justicia real”, sin la atadura de formas y procedimientos que, si bien surgieron como garantías de los derechos, algunas, paradójicamente, se convirtieron en situaciones paralelas a las pretensiones de fondo, e incluso, han llegado a ser impeditivas de su esclarecimiento. También es debido a la desformalización, la proliferación de procedimientos cautelares, sumarios y expeditos y, asimismo, la unificación de varias disciplinas procesales en un único texto normativo.

La privatización, es otra tendencia que se hace patente, sobre todo, en materia jurisdiccional, en varias instituciones, entre ellas, en la llamada “privatización de la justicia”, presente en la arrolladora influencia de los sistemas constitutivos de soluciones alternativas. Se trata de la conciliación, de la mediación y del arbitraje.

Las aludidas formas alternativas de la justicia tradicional, esto es, de la que es acordada por órganos del Estado, buscan una respuesta más rápida a los conflictos jurídicos, considerando que, los particulares, son más libres que los jueces y de actuación más inmediata. En nuestro criterio avalamos a las dos primeras vías mencionadas que, incluso, consideramos deben ser de obligatorio establecimiento como trámite previo a cualquier proceso. Por lo que atañe al arbitraje es recomendable solo en algunos procesos que exigen gran rapidez, como los mercantiles; pero no así donde se ventilen cuestiones de orden público inversiones internacionales.

Está también la aparición de un Derecho que podríamos denominar “de la Marginalidad”, operante en beneficio de los menos favorecidos económica o socialmente, o víctimas de los procesos inmigratorios derivados de la guerra. Esta normativa está presente en las reclamaciones de los trabajadores de la tierra carentes del título sobre ellas. Igualmente en la que debe regir el trabajo de los inmigrantes clandestinos.

Otras materias que son su objeto son las contrataciones que operan en el régimen penitenciario; la relativa al suministro en forma gratuita (luz eléctrica y agua) y a la prestación de servicios a los barrios por parte de operadores que se originan en el mismo medio, fundados en sus propias condiciones, riesgos y beneficios (transporte, protección policial, guardería). La existencia de este ordenamiento jurídico de la marginalidad es una realidad que solo podrá ser sustituido mediante la superación de las inhumanas condiciones de los grupos afectados en base a los principios de la Justicia Social.

Es esta incógnita fundamental y decisiva, el mayor escollo para hacer previsiones hacia el futuro, porque las respuestas que pueden sugerirse no dependen del Derecho, sino de la voluntad de los estadistas, de los políticos y de la clase directiva de los pueblos, cuando estén dispuestos a encontrar fórmulas capaces de eliminar la pobreza extrema, condición esencial para que el mundo pueda constituirse sobre bases justas e igualitarias.

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