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Jaime Nestares: A 92.9 no le “quitaron la concesión”

Nestares, directivo de la empresa 1BC,  reveló que la concesión de la emisora no estaba vencida, pues le quedaban dos meses de vigencia

Es viernes en la noche y tan solo dos empleados permanecen dentro de la estación de radio para ejercer labores logísticas. Música rock y pop que desde allí se emiten entretienen sus oídos, al tiempo que miles de escuchas se entretienen para dar la bienvenida al fin de semana.

“Tun tun”. Fuertes golpes en la puerta principal interrumpen la tranquilidad de la casa. Afuera, 20 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) insisten en tocar para que los dejen irrumpir, sin orden de allanamiento, en la sede de 92.9, y sin previo aviso, proceden a cerrar la emisora.

“Me obligaron a ir para avisarme que se apagaba la radio”, recordó Jaime Nestares, directivo de la empresa 1BC, en entrevista para El Nacional Web. 

Apenas minutos después, directivos y empleados se habían quedado sin trabajo, la audiencia había sido despojada de su tribuna y unas notas de música folclórica  pertenecientes a Corazón Llanero sustituyeron abruptamente a una señal que había permanecido al aire desde 1989.

En días anteriores Conatel había ordenado a compañías de televisión por suscripción a sacar del aire a las colombianas Caracol TV y RCN, que durante meses difundieron lo que ocurrió en las protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder.

Y como nueva víctima, le llegó su hora a 92.9, con la que el gobierno alegó se le había vencido la concesión pese a que sus dueños aseguran que previamente no recibieron multas, sanciones o denuncias, ni tenían procedimientos abiertos ante la justicia.

“Lo que ocurrió fue un cierre por el capricho de una casta militar que se está imponiendo en Venezuela”, fustigó Nestares, quien cree que la decisión se tomó como represalia contra 1BC, dueña de RCTV, clausurada por Hugo Chávez en 2007 en un contexto similar.

En ese sentido, el directivo reveló que la concesión ni siquiera estaba vencida, pues le quedaban dos meses de vigencia, periodo en el que se supone las autoridades debieron darles respuesta, ya que entregaron los documentos para poder seguir transmitiendo, aunque nunca les dieron respuesta.

Libertad de expresión como bandera ante la censura

Lejos de cambiar su línea editorial, en el grupo 1BC mantienen firme su postura de seguir informando a su público más allá de la molestia que le generen al gobierno o incluso el cierre de sus medios.

“92.9 es (no era) una emisora juvenil y rebelde. La radio dio talentos para radio y TV, para publicidad. Era una fuente de desarrollo y aprendizaje para gente joven con expectativas de superarse”, sostuvo Nestares.

Y es que pese a su salida del aire, no pretenden cerrarse para siempre. Todo lo contrario: las alternativas que ofrecen el internet y las plataformas digitales, aunque tengan limitaciones, apuntan hacia el futuro de la emisora.

“Vamos a adaptarnos a una nueva manera de transmisión. Tenemos que adaptarnos para seguir conectados y mantener ese espíritu emprendedor que nos hizo ser pioneros en su momento de la radio y la TV en Venezuela”, indicó, para recalcar que ni siquiera se han planteado la posibilidad de abandonar el país.

Eso sí, lamentó la postura que asumieron varios colegas y medios de comunicación tras el cierre de 92.9, pues a su juicio prefirieron callarse antes de darles espacio para poder contar su historia, que califican de injusta y antidemocrática.

“Hay radios en las que estamos censurados y canales de televisión que nos cierran sus puertas”, criticó. Y más aún, reprendió la actitud de la Cámara de Radio, que no los defendió ni pidió explicaciones al gobierno sobre las irregularidades que se cometieron.  “Estar callado o neutro es ser cómplice”.

Dictadura contra los medios

Nestarés recordó que para no renovar una concesión no basta con la inconformidad del gobierno de turno, sino que debería abrirse un procedimiento en tribunales que constate cuáles fueron las fallas en las que incurrieron.

En esa tónica, pidió a la opinión pública imaginar qué hubiera sucedido si un dictamen de ese estilo se hubiera producido en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera. “Hubiera sido un escándalo”.

El Nacional

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