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De la anulación del revocatorio a la ANC: La estocada de muerte a la democracia en Venezuela

EFE/Miguel Gutiérrez

 

Este 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, fue escogido por la ONG de derechos humanos Cepaz (Centro de Justicia y Paz) para presentar una evaluación del estado de la democracia en Venezuela, cónsono con el espíritu para el cual fue creada la efeméride por Naciones Unidas. En un minucioso informe titulado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” se desglosan los hitos antidemocráticos presentes en Venezuela

Nota de Prensa

La crisis social, política y económica que se agudiza cada día en Venezuela y las acciones emanadas del Poder Ejecutivo y sus brazos ejecutores –el Poder Judicial, el Poder Moral, el Poder Electoral y ahora la Asamblea Nacional Constituyente–, han conllevado a un deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país, y dejan en mayor indefensión a la población.

Los acontecimientos de los últimos 10 meses del mandato presidencial de Nicolás Maduro marcan un antes y un después en la ya menguada democracia que comenzó su deterioro paulatino hace 18 años. Estos hechos motivaron al Centro de Justicia y Paz (Cepaz) a elaborar un minucioso informe denominado “Estocada a la democracia. Ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela” en el que exponen los hechos antidemocráticos más relevantes ocurridos entre octubre de 2016 y agosto de 2017 y cómo el objetivo del gobierno se ha orientado al mantenimiento del poder político por encima de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y de la voluntad popular.

El repaso de este período oscuro para la democracia venezolana se desglosa en ocho temas, comenzando con un contexto que recuerda las premisas que han definido históricamente la democracia en el país, en su ejercicio cotidiano y en los mandatos establecidos en la Constitución y en los emanados del marco normativo internacional.

Más adelante el estudio explica que la suspensión del referendo revocatorio contra el mandato presidencial representa el punto de partida de esa estocada infligida desde el poder al desconocer el masivo apoyo popular a la iniciativa de la oposición, vulnerando los derechos civiles y políticos y el derecho constitucional al voto. Tras una serie de obstáculos impuestos por las autoridades del Consejo Nacional Electoral finalmente fue vetada de manera fraudulenta esta vía electoral.

Pero esa no fue la única decisión en materia comicial tomada arbitrariamente. El siguiente punto del documento reseña que el anuncio de la suspensión de las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre de 2016 sin mayores explicaciones y la posterior declaración del presidente Maduro de adelantar las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lesionaron aún más las normas democráticas y detonaron el rechazo en la población.

Capítulo aparte merece lo que Cepaz considera el punto de inflexión en el orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela: las sentencias Nº 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en marzo de 2017, que en un primer momento disolvieron las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional, marcando un hecho sin precedentes que agravó la institucionalidad democrática en el país. Aunque tres días después el gobierno anunció la revisión de las sentencias para resolver “la controversia de poderes”, en la práctica el máximo tribunal mantiene un acoso permanente a la gestión del Poder Legislativo, anulando sus actos con el argumento del desacato y de que los diputados incurrieron en el delito de traición a la patria. Con esto el TSJ demuestra que sus decisiones son políticas y no judiciales, y que es un operador de los intereses del Ejecutivo.

El desconocimiento a las atribuciones de la AN y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente conllevaron a una reactivación de la protesta ciudadana en busca de una solución a la crisis en el país. En esta parte del estudio se explica cómo el gobierno dejó de lado las apariencias para dar paso a procederes arbitrarios y represores que se tradujeron en miles de detenciones y actos de persecución contra la disidencia política, al punto de calificar las protestas y movilizaciones pacíficas como actos terroristas. Precisa que en sus actuaciones los cuerpos de seguridad, bajo órdenes del Ejecutivo, incurrieron en prácticas contrarias al debido proceso establecido en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ante esto, “Estocada a la Democracia” registra la reacción de organismos internacionales y gobiernos del mundo que exhortaron a Nicolás Maduro a permitir las protestas pacíficas.

El informe incluye un aspecto en el cual Cepaz ha venido trabajando y denunciando: la identificación de nuevos patrones de persecución política. El inicio de procedimientos judiciales ante tribunales militares, la anulación de pasaportes a la disidencia política, el inicio de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes (al menos 23 alcaldes han sido destituidos, por medio de procesos arbitrarios y fraudulentos) se suman a los métodos de acoso aplicados en 2014, 2015 y 2016: persecución a través de medios de comunicación; destitución de cargos públicos a políticos disidentes; allanamientos irregulares a la propiedad privada; allanamiento a la inmunidad parlamentaria; inhabilitación política; usurpación de las funciones públicas; y consentimiento de actos violentos en contra de dirigentes políticos.

La crisis institucional a raíz de los pronunciamientos de la fiscal general Luisa Ortega Díaz que derivaron en la aprobación de un antejuicio de mérito en su contra y su posterior destitución también forma parte del análisis. Se indica que con sus afirmaciones contrarias a los intereses del gobierno, Ortega Díaz se convirtió en el riesgo más grande para la actual administración y en el disparador de la crisis más importante en las filas del partido de gobierno. Añade el estudio que actualmente se evidencia un clima de conflictividad y desprestigio entre los poderes públicos.

Los hitos antidemocráticos objeto de estudio culminan con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada, tras una errónea interpretación, por el propio mandatario nacional. La organización y ejecución de la elección de los representantes de la ANC le tomó al Consejo Nacional Electoral apenas 60 días, lo que contrasta con los 300 días que argumentó para realizar el referendo revocatorio presidencial. Este hecho dejó constancia de la parcialidad del Poder Electoral, con lo cual, su credibilidad una vez más quedó comprometida.

Sobre la Constituyente se concluye que tomando en cuenta que los demás poderes públicos quedan subordinados a ella y las acciones que ha tomado desde su instalación, eso constituye la última estocada a la democracia venezolana, pues es la representación de la constitucionalización de una dictadura militar socialista.

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